Marco A. Valle*[email protected]
Si jerarquizamos las variables explicativas de la baja tasa de desarrollo humano que tenemos, la violencia ocupa los primeros lugares, es parte de la normalidad y se le pone poca atención como obstáculo para el crecimiento y desarrollo.
En tanto, otros países la han incorporado como componente del costo nacional. En los siete principales países desarrollados del mundo, la violencia criminal cuesta 200 dólares anuales per cápita por servicios policiales, justicia penal y sistema de prisiones, en tanto 100 dólares en seguridad privada. En Estados Unidos el valor de los terrenos en las áreas metropolitanas desciende aproximadamente 13% conforme se dobla la tasa de homicidios, y en Canadá la violencia contra la mujer impone un costo aproximado de 684 millones de dólares canadienses anuales destinados a justicia penal y, 187 para la policía.
Mientras en América Latina, un estudio sobre los costos de la violencia en El Salvador revela que en 1995, los costos directos (personales, institucionales, de rehabilitación, asociados a la prevención y, legales) y los costos indirectos (ingresos perdidos, pérdidas a la economía y pérdidas materiales) fueron cercanos a los 800 millones de dólares, significando un poco más del 13% del PIB. El mismo estudio añade que si el crecimiento económico de ese año fue del 6.3%, se puede afirmar que, por efecto de la violencia, se perdió una proporción del PIB que es dos veces mayor lo que éste se incrementa por efecto del aumento de la inversión, el consumo y/o las exportaciones.
Otras investigaciones, auspiciadas por el BID, reflejan para 1993 que los costos totales de las actividades ilegales en Colombia representan el 15,1% del PIB y arrojan que el gasto público en seguridad y justicia criminal y, los gastos en seguridad privada en Colombia fueron del 5% y 1,4% del PIB en 1996. De igual manera, en Ciudad México los gastos relativos a medidas de seguridad pública y privada suman 181 millones de dólares en 1995, y la administración de justicia y de prisiones gastan 128 y 690 millones de dólares respectivamente. La violencia doméstica, por su lado, impacta negativamente en el ingreso de la mujer, dejando pérdidas de ingreso de más de 1,5 mil millones de dólares o más del 2% del PIB en Chile en 1996 y, los gastos privados de seguridad ascienden en 1994 a 238 millones de dólares, equivalentes a 17 dólares per cápita.
Además, la violencia genera otros costos, tales como días de vida no productivos (caso de muertes), costos de rehabilitación, tratamiento psicológico, mayor ausentismo, descenso en la productividad en el trabajo, tensiones familiares, rechazo a estudiar a determinadas horas, repercusiones de migraciones internas e internacionales, y consecuencias negativas en el ahorro y la inversión.
Dado el efecto bola de nieve de la violencia, hay que ponerle mayor atención a este problema en Nicaragua, principalmente al aumento de redes de capital antisocial que es preferible desestimularlas temprano y no tarde. Una política de prevención integral que interrelacione producción, educación, salud, servicios básicos, empleo, y articulación de la comunidad local con la policía y el ejército (donde se requiera) contribuye a bajar costos.
* Consultor en Seguridad Pública.
