- “Todo ha sido aclarado por los responsables de cada programa y los administradores del Ministerio de Educación”, dijo Alvarado
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
La Contraloría responsabilizó a la administración del ex ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Antonio Alvarado, de haber cometido irregularidades en la adquisición de bienes y servicios por medio de contratación directa, hasta por 9,354,965 córdobas, de acuerdo con una auditoría especial sobre las adquisiciones de bienes y servicios de esa institución durante 1999.
Según el presidente de la Contraloría, Guillermo Argüello Poessy, las compras directas sin autorización de la entidad fiscalizadora incluyen una camioneta Mitsubishi Montero, la adquisición de 120 mil camisetas y gorras a un costo de más de tres millones de córdobas, sin licitar, útiles deportivos, pinturas, impresión de textos escolares, pupitres y mochilas, entre enero y octubre de 1999, las que ascienden a 9,354,965.25 córdobas.
El ex ministro de Educación, José Antonio Alvarado, dijo a LA PRENSA que todo lo actuado en su administración fue hecho conforme a las leyes de la República y que la Contraloría había realizado una auditoría sobre el MECD y que hasta ahora no se le había notificado ningún hallazgo.
“Todo ha sido aclarado por los responsables de cada programa y los administradores del ministerio”, dijo Alvarado. “No había nada de faltantes, incluso los funcionarios de la Contraloría me felicitaron por lo completo que estaban los documentos”, dijo Alvarado.
“Nadie ha dicho que había faltante. Que quede claro eso. Se hicieron compras directas sin la autorización de la Contraloría”, expresó al respecto Argüello.
En su declaración en la Contraloría, Alvarado tuvo una contradicción con el Secretario General del MECD, Fernando Alemán Cruz, ya que mientras el primero sostiene que los miembros del Comité de licitación, entre ellos, Alemán Cruz, son los que saben las modificaciones de la licitación para adquisición de la camioneta Mitsubishi Montero, el segundo dijo que la decisión fue tomada por Alvarado.
LA PRENSA intentó hablar con Alemán Cruz desde el viernes, pero la vocera del MECD, Mirna Robleto, dijo el sábado por la mañana que no fue posible concertar la entrevista con el funcionario, y en su casa dijeron que éste no se encontraba.
¿QUIÉN EN MANUEL SOBALVARRO?
Uno de los principales proveedores de camisetas y gorras es una persona llamada Manuel Sobalvarro Bravo, quien no registra números telefónicos en la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) ni está en el Padrón Electoral en la página web del Consejo Supremo Electoral (CSE). No está registrado como proveedor en la Dirección de Contrataciones del Estado y no fue posible localizarlo como contribuyente de la Comuna capitalina.
Sobalvarro recibió del Ministerio de Educación la cantidad de 1,829,610 córdobas en concepto de compra de camisetas y gorras, adquiridas por esa institución entre enero y octubre de 1999, todo lo cual fue autorizado por la Dirección General Administrativa que estaba a cargo de licenciado Alberto Toruño.
Toruño dijo a LA PRENSA que Sobalvarro es el representante de Multigráficos Industriales, y que el teléfono de éste era el 2895273, pero al marcar dicho número, una grabación dice que éste se encuentra fuera de servicio.
En su declaración en la Contraloría, Toruño expresó que el fraccionamiento de las compras de ese mismo producto se realizaba sobre la base de las disponibilidades financieras del MECD, todo conforme la programación mensual de recursos que les remitía el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y por ello no se podían comprometer con proveedores en procesos licitatorios.
Al hacer las compras de un mismo producto fraccionándolo, el MECD violó el artículo seis del anterior Reglamento de la Ley de Contrataciones, que señala que “no podrán dividirse las adquisiciones con objeto de evitar las licitaciones establecidas en el presente Reglamento, bajo pena de nulidades y sanciones previstas en la ley”.
Además, se habría violentado el artículo ocho de ese Reglamento, que dispone que “las adquisiciones de bienes y servicios, o la ejecución de obras por montos iguales o inferiores al equivalente de dos millones trescientos mil córdobas, se llevarán a cabo mediante licitación pública o privada de acuerdo con el interés del organismo adquiriente.
