Karla Marenco L. [email protected]
Un ambiente de “irrespeto a todos los niveles” y una supuesta “falta de control interno” en las actividades administrativas de la Embajada de Nicaragua en Costa Rica y el Consulado, encontró una auditoría interna encargada por el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense, indica un informe remitido al canciller Francisco Aguirre Sacasa.
Los resultados de la auditoría especial que realizó el licenciado Mario Aburto, revelan problemas por pagos indebidos solicitados por la agregada especial de la Embajada a compatriotas nicaragüense que tramitan permisos de trabajo, y rencillas personales que han deteriorado las relaciones internas.
La auditoría reveló que la señora Alma Nidia Sandino, agregada especial de la Embajada de Nicaragua en Costa Rica, supuestamente exigió un pago de 15 mil colones (menos de 50 dólares) para completar los trámites de permisos laborales para cinco nicaragüenses que trabajan en la empresa Proverde Internacional, pero la Ley de Aranceles Consulares no contempla ese tipo de cobros.
Otro hallazgo es que la Cónsul General, Leila Centeno Caffarena, forma parte de la Junta Directiva de Proverde Internacional S.A., donde supuestamente trabajan los nicaragüenses a quienes Alma Nidia Sandino solicitó los 15 mil colones.
Leila es hija del Procurador General de Justicia de Nicaragua, Julio Centeno.
Los resultados de la auditoría fueron enviados al canciller Aguirre Sacasa el pasado 11 de junio, indicándole que “existe una inobservancia de las leyes, normas y reglamentos del servicio exterior, y el control interno” de parte de la licenciada Centeno Caffarena y de la señora Alma Nidia Sandino.
Señala que la cónsul general, por ser de la junta directiva de Proverde Internacional S.A., donde supuestamente funge como fiscal, incumple el artículo 62, numeral 13 de la Ley del Servicio Exterior y el artículo 85 de su reglamento.
Sandino, por exigir pagos no autorizados por la ley, viola el artículo 171, numeral 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
LA PRENSA se comunicó por teléfono con la Cónsul General, Centeno Caffarena, quien dijo que no le han hecho llegar oficialmente los resultados de la auditoría, y se negó a responder si pertenece o no a la Junta Directiva de Proverde Internacional.
“No sé nada de los resultados de la auditoría, y de la empresa Proverde no he recibo absolutamente nada, no soy accionista y no he recibido nunca un pago, y eso lo saben muy bien los auditores, ellos tienen pruebas en sus manos”, sostuvo.
¿Pertenece entonces a la Junta Directiva?, preguntamos a la Cónsul, y ella respondió: “Me niego a contestar esa pregunta porque depende de cómo ustedes manejen esas cosas”.
Dijo que la realización de la auditoría interna fue solicitada por el Embajador de Nicaragua en Costa Rica, Mauricio Díaz Dávila, y que él es la persona indicada para explicar los resultados.
LA PRENSA se contactó con el señor Díaz Dávila a través de su celular personal en Costa Rica, pero tras escuchar las razones de nuestra llamada, dijo que no entendía nada porque la comunicación estaba mala.
“Sólo escucho algo de una carta, el canciller y el embajador, pero la comunicación está mala…”, apuntó. La llamada se cortó, y al intentar la comunicación de nuevo, el celular había sido apagado.
FUNCIONES INADECUDAS
Otro hallazgo de la auditoría sobre políticas, normas y funcionamiento interno de la misión diplomática nicaragüense en Costa Rica, es que están asignando funciones indebidas a personal de la Embajada, lo que al parecer quebranta el orden jerárquico de la misión.
Señalan el caso de entrevistas, comunicaciones y visitas que realizan al señor Ulises Argüello Torres, un nicaragüense que guarda prisión por violación y está a la orden del juzgado penal del Primer Circuito Judicial de San José.
“El señor embajador asignó el caso a la Sra. Alma Nidia Sandino, a pesar de que las funciones a la atención y protección al migrante nicaragüense, las visitas a las cárceles, las entrevistas a los privados de libertad están asignadas al Sr. Hernaldo Sierra Chacón, segundo secretario de la Embajada”, indica la carta enviada al canciller Aguirre Sacasa.
También señala que hay correspondencia relacionada con este caso, dirigida a las autoridades de Costa Rica y a la Dirección Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, que no fue firmada por la Cónsul General, Leyla Centeno Caffarena, a quien le corresponde por su nivel jerárquico, sino que fue suscrita por las funcionarias administrativas Ana Cecilia Navarro y Nelly Sánchez.
La cónsul Centeno Caffarena dijo a LA PRENSA que eso sucedió por órdenes del embajador Mauricio Díaz Dávila.
LA PRENSA consultó al Presidente de la Contraloría General de la República, Guillermo Argüello Poessy, quien explicó que no estaba seguro de si el canciller Aguirre Sacasa había enviado los resultados de la auditoría especial a la CGR.
