El Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México —conocido como NAFTA (por sus siglas en inglés)— ha incrementado sustancialmente el intercambio comercial entre esos tres países. Suscrito en 1993, el NAFTA entró en operación a partir de enero de 1994. Desde ese entonces, México es el país que ha derivado un mayor beneficio relativo del mismo. Su intercambio comercial con los Estados Unidos se ha triplicado, y disfruta en la actualidad de un superávit comercial con su vecino del norte. Sin embargo, el beneficio ha tendido a concentrarse en los estados del centro y del norte de México, a tal grado que en algunos de ellos la tasa de desempleo es cercana a cero.
El beneficio que el NAFTA ha generado en el sur del país mexicano es poco o nada. Ante esa situación, el actual presidente de México, Vicente Fox Quesada, ha considerado conveniente promover un plan de desarrollo regional que abarcaría no sólo a los estados del sur de México, como Puebla, Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Veracruz, sino también a los 7 países de Centro América. A ese proyecto de desarrollo e integración se le conoce con el nombre de Plan Puebla-Panamá (PPP). El PPP nació oficialmente en la reunión que sostuvieron los 7 mandatarios de Centro América junto con su homólogo mexicano el viernes pasado en San Salvador, donde suscribieron un acuerdo para la implementación del mismo.
El meollo del PPP estriba en alcanzar una mayor integración comercial entre Centro América y México. Para lograr esa meta, los participantes del encuentro en San Salvador firmaron ocho iniciativas regionales que tienen que ver con el desarrollo sustentable, la reducción de la pobreza, la prevención y mitigación de desastres, la promoción del turismo, la facilitación del intercambio comercial, la integración vial, la interconexión energética y la integración de servicios de telecomunicaciones.
A fin de que lo suscrito el viernes pasado en la capital salvadoreña no se quede a nivel de buenas intenciones, los mandatarios nombraron una comisión que estará integrada por los ministros de Hacienda de cada uno de los países firmantes. Su coordinador será el Dr. Enrique Iglesias, Presidente del BID. Dicha comisión tiene la tarea de determinar, en un plazo de 3 meses, las necesidades financieras del PPP. El Dr. Iglesias ve con mucha simpatía el plan suscrito, y considera que el BID está en capacidad de ser una de sus principales fuentes de financiamiento para que se convierta en una realidad.
Hay que tomar en consideración que ya México tiene acuerdos de libre comercio con todos y cada uno de los países de Centro América, a excepción de Belice y Panamá, aunque está próximo a firmar un TLC con este último país. El PPP sería, de hecho, un paso más con dirección a la conformación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la que, como es sabido, los presidentes y jefes de estado de América (a excepción de Cuba) decidieron que debe estar en operación para el año 2005.
Los 8 mandatarios convinieron también que la llamada Carta Democrática Interamericana, cuyo borrador aprobó la Asamblea General de la OEA el pasado 5 de junio en San José de Costa Rica, sea parte integral del PPP. De esa manera los gobernantes tratan de prevenir “cualquier alteración o ruptura del orden democrático” en los países participantes. (Se recordará que la elaboración de la Carta Democrática Interamericana, conocida también como cláusula democrática, fue decidida por los 34 mandatarios del hemisferio que asistieron a la Cumbre de las Américas en Quebec, Canadá, a finales de abril del presente año).
La integración comercial de México con Centro América es de mucha importancia para México, pero no cabe duda de que lo es aún más para los países del istmo. Como muy atinadamente señaló el Dr. Ernesto Fernández Holmann durante un discurso pronunciado hace una semana ante un grupo de empresarios, México está ya integrado comercialmente con el mercado más grande del mundo, Estados Unidos, y podría servirle a nuestros países como puerta de entrada a ese gran mercado.
