En menos de seis meses los ciudadanos nicaragüenses deben acudir a las urnas a ejercer el derecho al voto. Las encuestas sugieren que un alto porcentaje de electores —80 por ciento, aproximadamente— está dispuesto a votar en las elecciones generales de noviembre próximo.
Ese elevado porcentaje habla muy bien del ciudadano nicaragüense que, de esa manera, manifiesta el deseo de elegir a sus gobernantes por la vía civilizada del voto, y rechaza, simultáneamente, cualquier otro medio de acceso al poder que no sea el resultado de una consulta popular ordenada, transparente y pacífica. No cabe duda que la vasta mayoría de nuestros ciudadanos está manifestando un grado de cultura política muy superior a la de algunos políticos profesionales o a la de bisoños aprendices de ese arte.
Del período del actual gobierno se han cumplido 4 años y 6 meses, o sea, que de su mandato constitucional de 5 años, ha transcurrido ya un 90 por ciento, faltándole por lo tanto, sólo un 10 por ciento antes de tener que entregarle el poder al nuevo gobierno que resulte electo por la voluntad popular en noviembre. De ahí que resulte totalmente irresponsable que alguien —en este caso el general retirado Joaquín Cuadra— proponga la renuncia del Presidente Arnoldo Alemán. Una propuesta de tal naturaleza no contribuye al ambiente de calma y tranquilidad que debe propiciarse para que puedan haber unas elecciones limpias y transparentes como el pueblo nicaragüense las desea y el país las necesita.
LA PRENSA ha sostenido en reiteradas ocasiones que los períodos constitucionales de los gobernantes deben ser cumplidos y respetados. Esto es de fundamental importancia para desarrollar y consolidar una costumbre y una práctica democrática que evite las consecuencias funestas que para la estabilidad de la nación tienen los exabruptos de algunos políticos que, ante un afán desmedido por acceder al poder, no ponen reparos en violentar el orden constitucional establecido.
En el pasado nos hemos opuesto cuando el dirigente sandinista, y ahora candidato presidencial de su partido, Daniel Ortega, ha amenazado con marchar a la casa de la presidencia para destituir al presidente de la República. De igual manera rechazamos ahora las propuestas de quienes pretenden debilitar al gobierno actual, o finalizar anticipadamente su mandato.
Un período electoral es un período delicado, especialmente en Nicaragua, en donde apenas por tercera vez en nuestra historia reciente nos estamos preparando para cambiar de gobierno por la vía civilizada del voto. Este es el momento en el que los dirigentes políticos, y muy especialmente los candidatos a la presidencia, deben comportarse a la altura que las circunstancias exigen.
Las elecciones son algo muy serio y solemne, ya que ellas son el mecanismo pacífico y democrático por excelencia que le permite al pueblo tomar una participación activa en el proceso de decidir el rumbo de la nación. La democracia es sabia en cuanto a permitirle cada cierto tiempo a los ciudadanos refrendar o alterar sus decisiones electorales. Esto no es más que un reconocimiento de la falibilidad a la que está sometida cualquier decisión humana, y las decisiones electorales no son la excepción.
Actualmente en América Latina, sólo en Cuba no es posible cambiar a los gobernantes periódica y democráticamente. En todos los demás países sí es posible hacerlo, y cuando algunos políticos han intentado interrumpir o desvirtuar los procesos electorales, el resultado ha sido traumático para la sociedad. Es justamente lo que se vio el año pasado en el Perú, donde Alberto Fujimori intentó una marrullera segunda reelección consecutiva.
Las elecciones planificadas para noviembre de este año no deben de ser interrumpidas por ningún motivo: ni por golpes de estado, ni por renuncias forzadas, ni por intentos de sustituirlas por una constituyente, y mucho menos, por la irresponsabilidad de un grupo de magistrados del Consejo Supremo Electoral, que por la razón que sea y cualquiera que sea su filiación política —aparte de que los magistrados del CSE no deberían pertenecer a ningún partido— han atrasado el cumplimiento del calendario electoral, transgrediendo así sus mismas responsabilidades constitucionales. Todo lo que tienda a impedir las elecciones de noviembre próximo constituye una inaceptable burla a la voluntad del pueblo nicaragüense.
