El martes recién pasado conocimos dos propuestas para enfrentar la crisis que sufre actualmente el país. La primera fue del candidato presidencial del FSLN, Daniel Ortega, quien habló de crear una “comisión de transición” con representantes de los tres partidos que competirán en las elecciones de noviembre, para convenir con el gobierno soluciones a la crisis e impedir el colapso del sistema financiero y la economía nacional, y llegar con un mínimo de estabilidad a las elecciones y al cambio de gobierno.
La otra propuesta es la que presentó el líder empresarial Ernesto Fernández Holmann ante la Cámara de Comercio Nicaragüense-Americana (Amcham), de crear un mecanismo de arbitraje para resolver los problemas que causan las crisis, integrar una comisión para los “grandes proyectos” destinados a erradicar la pobreza, hacer un compromiso nacional de prevención del populismo, independizar el Banco Central con respecto del presidente de la República, fortalecer el libre mercado interno y establecer reglas económicas claras y respetadas por todos.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua, por su parte, emitió el lunes un comunicado en el que constata la existencia de “una situación de crisis en los cuatro Poderes del Estado; lo cual no es más que una consecuencia de la repartición política de dichos poderes”. Los prelados católicos reconocen —sin decirlo expresamente— que la crisis es una consecuencia del pacto libero-sandinista, señalan que “Pareciera que existe un plan perfectamente elaborado para crear caos, anarquía, incertidumbre y desestabilización, todo con fines electoreros e intereses políticos”, y exhortan a las autoridades “a que ejerzan sus funciones y el poder del que están investidos para establecer el orden público y la seguridad ciudadana”.
A su vez, el candidato presidencial del Partido Conservador, Noel Vidaurre, rechazó la propuesta de Ortega pero sugirió que “las fuerzas vivas de Nicaragua como sector privado, gremios de productores, organismos no gubernamentales, partidos políticos y gobierno, nos sentemos para ayudarle al gobierno a encontrar soluciones”.
En lo que se refiere al Partido Liberal Constitucionalista, su candidato presidencial Enrique Bolaños rechazó la propuesta de Daniel Ortega y lo acusó de querer interrumpir el mandato constitucional del gobierno, en tanto que el presidente de la República, Arnoldo Alemán, por medio de una llamada telefónica acusó también al candidato sandinista de querer propiciar un golpe de Estado “técnico”. Sin embargo, el gobierno del presidente Alemán —quien no ha dado la cara desde que se agudizó la crisis actual— y el candidato oficialista Enrique Bolaños no se pronunciaron aún sobre la propuesta de Ernesto Fernández Holmann.
En realidad, el mismo Daniel Ortega descalificó su propuesta de “transición” porque de ésta sólo es aceptable hablar después de la elección presidencial y de la proclamación oficial de la persona y el partido que gobernarán el país durante el próximo período. Pero al parecer por alguna razón Ortega conocía de antemano la propuesta de Fernández Holmann y por vanidad personal o sentido de vanguardismo y hegemonismo, quiso demostrar que ya se considera como el próximo gobernante de Nicaragua y que por lo tanto tenía que ser él quien asumiera la iniciativa de proponer soluciones a la crisis.
En todo caso, lo importante es que los líderes de los distintos sectores de la nación se aboquen a la búsqueda de soluciones razonables a la crisis, y a crear condiciones apropiadas para que las elecciones del 4 de noviembre se celebren normalmente y cumplan su cometido de fortalecer la legitimidad del sistema democrático.
En los puntos que mencionó el subsecretario estadounidense, Lino Gutiérrez, quedaron definidas las condiciones externas para la gobernabilidad de Nicaragua durante los próximos cinco años, no sólo en relación con Estados Unidos sino con la comunidad internacional en general, y los puntos de Fernández Holmann definen las condiciones de gobernabilidad económica interna. Ahora, ante la incertidumbre del panorama electoral, los partidos políticos que competirán en las próximas elecciones deberían definir las condiciones políticas de gobernabilidad y para asegurar la permanencia y fortalecimiento de las libertades individuales y los derechos democráticos de todos los nicaragüenses.
