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Cada llanta que queman los transportistas en paro significa menos salud para cientos o miles de personas que, contra su voluntad, son expuestas a una contaminación peligrosa, sin que nadie vele en esas circunstancias por sus derechos humanos.
Los transportistas, convertidos en una suerte de “cártel” que pretende imponerle a la población un mal servicio con un precio mayor, tienen el derecho de hacer peticiones y críticas al gobierno, pero es ilegal que atenten contra la integridad física de los demás ciudadanos.
A simple vista podemos apreciar dos formas en que atentan contra la población: Contaminan el ambiente con gases tóxicos que provocan enfermedades broncorrespiratorias, insuficiencias cardíacas y hasta cáncer pulmonar; y por otro lado obligan a las personas a viajar con más inseguridad en camiones o camionetas, porque impiden, con pedradas y clavos, que circulen otros buses.
El Club de Jóvenes Ambientalistas hizo una advertencia esta semana que debe hacernos reflexionar. Indican que la quema de llantas, una expresión del paro, además de dañar la salud de las personas afecta el patrimonio natural del país, la riqueza con que pensamos salir de la extrema pobreza.
Las llantas son fabricadas con azufre, zinc, plomo y cadmio, entre otros químicos, y al ser quemadas liberan gases y “partículas sólidas altamente tóxicas para la salud humana y el medio ambiente”, afirman los jóvenes ambientalistas preocupados por las formas de protestar en Nicaragua.
Esos gases alteran el equilibrio atmosférico al reaccionar con el oxígeno, porque absorben más energía calorífica y en consecuencia elevan la temperatura y recalientan la tierra, explicaron. Además, el hollín que expelen queda en la tierra o en las aguas, envenenándolas.
La Constitución de Nicaragua expresa en su artículo 60 que “los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable” y “es obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los recursos naturales”.
También la Constitución garantiza el derecho de propiedad privada y libre circulación, por lo que es ilegal que los protestantes dañen otros vehículos, apedreándolos o ponchándoles llantas, sólo porque desean impedir que trasladen a la gente que necesita trabajar.
Los hechos indican que los paros de transporte en Managua, frecuentes en los últimos años, afectan más a la población que al gobierno, al que los dueños de buses quieren doblegar para que les concedan más beneficios, sin pensar en cuánta gente se enfermará y cuánto daño económico habrá por sus métodos de protesta.
Falta saber quién saldrá en defensa de los usuarios del transporte, porque los antecedentes indican que detrás de estas protestas siempre hay partidos políticos negociando algo más que un aumento de pasaje y al final ellos deciden la conclusión del paro, mientras la población se traga los daños en silencio.
