Emilio Porta Pallais*[email protected]
Hace una par de meses terminó la anterior huelga de transporte, pero vino la otra huelga y no cesaron los problemas de movilización de los usuarios del transporte colectivo. Diariamente las calles de la ciudad capital son testigos del mal servicio y de los abusos que sufren los usuarios de este servicio público. El Estado protege a los “profesionales” del volante mediante subsidios y barreras de entrada, pero, ¿quién vela por los derechos de los consumidores?
A partir de la década de los noventa, con el retorno de la democracia, el Estado traspasó a cooperativas la responsabilidad de suministrar el servicio de transporte colectivo a nuestra población. De esta forma, el gobierno empezó a jugar un rol de regulador, en sustitución del rol de ejecutor con el cual venía operando. Transcurrida una década, es importante evaluar este cambio en la política pública.
Entre las principales motivaciones que tuvo la administración de Chamorro para cambiar el funcionamiento de este servicio público podemos mencionar las siguientes: mejorar el servicio y la atención a los usuarios, aumentar la cobertura, garantizar la sostenibilidad del sistema, y aprovechar los incentivos que tiene el mercado para lograr la eficiencia en la administración de los recursos. Creo que todos los nicaragüenses compartimos estos objetivos, sin embargo, cabría preguntarse si éstos se han conseguido, y más aún, si el cambio le ha reportado beneficios a nuestra sociedad.
Las deficiencias en este servicio público se hacen evidentes al observar el servicio de baja calidad que reciben los usuarios. Adicionalmente, es importante destacar que la función reguladora del Estado se ve limitada por la fuerza organizativa de las cooperativas de transporte, que para beneficio de ellos, siempre encuentran la manera de hacer prevalecer sus demandas, dejando de un lado la de los usuarios. Por su parte, el gobierno, a través de subsidios desproporcionados y mal manejados, todavía sigue invirtiendo grandes cantidades de recursos a esta actividad ¿Entonces, para qué privatizamos?
El ex presidente norteamericano Roosevelt dijo: “Es de sentido común tomar un método y probarlo. Si falla, admitirlo francamente e intentarlo con otro. Pero, sobre todo, intentar algo”. En este sentido, aplaudimos los cambios que se efectuaron en los noventa, pero reconocemos que es el momento de intentar algo diferente.
Algunas urbes han decidido mantener al transporte colectivo bajo el total control del Estado, en un claro reconocimiento a la obligación que éste tiene de actuar cuando el mercado, por sí sólo, no responde de forma eficiente a las demandas de la población.
Los Estados que han optado por esta opción reconocen que regular este servicio público es muy complejo, debido a las asimetrías de información y los incentivos que tienen las empresas reguladas por transmitir información alterada. En tal sentido, estos Estados prefieren hacerse cargo de este servicio a través de empresas públicas.
Empresa pública no es sinónimo de empresa ineficiente, existen buenas experiencias de empresas públicas. Por ejemplo, en el sector transporte se puede mencionar al metro de la ciudad de Santiago, que en dos ocasiones, y en competencia con empresas privadas, se le ha galardonado con el premio a la excelencia. El transporte urbano colectivo de Curitiva y el de Montreal, entre de otros, son también claros ejemplos de servicios públicos eficientes y de calidad.
* Master en Gestión y Políticas Públicas (Uchile), Profesor de la UTM.
