La penosa actuación del Consejo Supremo Electoral (CSE), particularmente en los últimos días, está poniendo en entredicho la credibilidad del proceso electoral y contrasta notablemente con el trabajo impecablemente profesional, ético y democrático que el Instituto Federal Electoral (IFE) de México, el año pasado, y el Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del Perú, este año, desempeñaron en la organización de las elecciones más transparentes y honestas de toda la historia política de ambas naciones hispanoamericanas.
Hace apenas dos semanas y media, el CSE se colocó en punto crítico porque sus siete miembros, que no fueron escogidos por idoneidad personal y profesional -aunque la tuvieran- sino por ser personas de absoluta confianza del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y del FSLN, no se ponían de acuerdo en reconocer y aceptar las firmas de ciudadanos que presentó el Partido Conservador para tener derecho a participar en la contienda electoral de este año. El desacuerdo de los magistrados liberales y sandinistas que paralizó en esa ocasión al CSE, no se debió a razones legales ni técnicas, sino a los intereses políticos de un PLC que a cualquier costo quería eliminar a los conservadores para que no le hicieran la competencia electoral, y de un FSLN empeñado en que el Partido Conservador participe a cualquier precio, para que quite votos a los liberales y facilitar así el triunfo sandinista.
Ahora, como se sabe, la parálisis del CSE ha sido por la candidatura vicepresidencial —por el mismo Partido Conservador— de José Antonio Alvarado, a quien los magistrados del PLC se empeñan en inhibir a como sea, mientras que los magistrados sandinistas del FSLN quieren que participe en las elecciones, pero no por respeto al derecho de Alvarado sino por los mismos intereses partidistas que hace dos semanas y media trabaron al CSE, que supuestamente es el órgano electoral del Estado, pero que en realidad es un coto de las cúpulas del PLC y el FSLN.
La politiquería del CSE no sólo pone en entredicho la honestidad y transparencia del proceso electoral. También está arriesgando la misma elección presidencial y parlamentaria que debe celebrarse el primer domingo de noviembre de este año. En efecto, es fácil imaginar la catástrofe que podría ocurrir si las votaciones del 4 de noviembre arrojaran una diferencia mínima entre los candidatos sandinista y oficialista, y el CSE no pudiera reunirse para dar a conocer oficialmente el resultado del escrutinio porque los magistrados sandinistas y liberales no quisieran hacer quórum, a fin de no reconocer el triunfo de su adversario.
Es obvio que esta crisis institucional, política y moral del CSE es el inevitable resultado del pacto Alemán-Ortega que partidarizó al órgano electoral y las demás instituciones del Estado. Sin embargo, no basta con reconocer las causas del envilecimiento que han sufrido las instituciones estatales. También y sobre todo hay que buscar y encontrar soluciones basadas en los principios de derecho y de justicia e inspiradas en los valores de la democracia y la libertad, antes de que la situación empeore y sea demasiado tarde.
Recientemente, un grupo de ciudadanas y ciudadanos notables procedentes de distintos sectores de opinión de la sociedad nicaragüense, dieron a conocer una proclama en la que expresan estas mismas preocupaciones. Se trata de una excelente y oportuna iniciativa que ojalá encontrara eco y respaldo en la sociedad, pues los ciudadanos tienen que interesarse en participar en la solución de esta nueva crisis de legitimidad institucional. Por su parte, representantes de la comunidad internacional también han manifestado en público y en privado su inquietud por las consecuencias nefastas en que podrían desembocar los acontecimientos políticos de Nicaragua.
En realidad, no sólo es necesario sino que es posible encontrar soluciones correctas a esta crítica situación, antes de las cruciales elecciones del 4 de noviembre —en Nicaragua al parecer todas las elecciones son cruciales, porque siempre se está comenzando a construir las instituciones y nunca se aprende a respetarlas y fortalecerlas—. Lo más difícil será que las acepten los caciques políticos nicaragüenses, quienes por sus mezquinos intereses personales y partidistas son los que tienen en crisis al CSE y secuestrada la institucionalidad de la nación.
