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El juicio ejecutivo prendario iniciado por Tabacos “San Cristóbal S.A.”, representado por Gustavo López Argüello, obedece a una voluntad de politizar un “asunto de orden comercial”, valoró el ingeniero Antonio Lacayo Oyanguren.
Tabacos de Nicarao S.A., representado por Lacayo, obtuvo un préstamo de 210.000.00 dólares que no ha logrado cancelar, pero que aseguró con un embargo de varios lotes de tabaco, según el demandado.
No obstante, dice Lacayo, ocho meses después de no saber nada de la empresa demandante y del juzgado que decretó el embargo, se decretó el apremio que al ser divulgado “por el medio de comunicación oficial del Presidente Arnoldo Alemán, lo utiliza para denigrar, enlodar y ensuciar a quienes no tenemos su misma naturaleza corrupta y corruptora.”
En el contrato de préstamo suscrito entre las partes en febrero del año pasado, el ingeniero Lacayo se constituyó en fiador solidario y presentó como garantía prendaria 30,000 kilos de tabaco habano 2000, cultivados en Posoltega por Tabacos de Nicaragua y pre industrializados en la ciudad de León.
Según la parte demandante, por más cobros extrajudiciales que hizo no logró recuperar el préstamo, por lo que ante el temor de que los bienes de Tabacos de Nicaragua S.A. fuesen sustraídos o enajenados, recurrió a la vía judicial.
El 6 de julio de ese mismo año, Martha Lorena Icaza, apoderada judicial de Lacayo, presentó un escrito de oposición al monto de la prenda, señalando que con base en un fax del gerente general de Tabacos de Nicaragua, la deuda es de 103.655.00 dólares y no 210.000.00 dólares.
Por esta razón, el ingeniero Lacayo se obligaba a pagar únicamente 14,808 kilos de tabaco habanero 2000, lo que el abogado López rechazó indicando que nunca se había convenido pago parcial alguno.
APREMIO CORPORAL ES INCONSTITUCIONAL
“Como magistrado no estoy muy convencido de los Artículos del Código Civil y de la Ley de Prenda Agraria y Comerciales que los apremios corporales se puedan decretar sin forma ni figura de juicio hasta por un año, para mí es inconstitucional”, manifestó el magistrado Rafael Solís Cerda.
Solís afirmó que ha expresado su punto de vista a algunos magistrados “porque la Constitución claramente estableció que no hay cárcel por deuda y que la autoridad policial sólo puede tener bajo su orden a una persona por 48 horas y después tiene que remitirla a la autoridad penal para que determine si hubo o no delito”.
