- Practican auditorías a las asociaciones civiles dirigidas por sectores críticos al “orteguismo”
Juan Rodríguez, Gabriela Roa Romero y Consuelo Sandoval [email protected]
El Ministerio de Gobernación (MIGOB) y los Organismos No Gubernamentales (ONG), sobre todo de origen sandinista, están librando un nuevo “round” en una pelea sin fin, que comenzó desde 1997 y se ha prolongado hasta la fecha.
Esta vez, sin embargo, el “intercambio de golpes” tiene su origen en las auditorías que Gobernación está practicando a por lo menos once ONG, con el objetivo de revisar su contabilidad, situación legal y aquellas obligaciones con Gobernación.
De un total de 1,883 ONG que tienen personalidad jurídica, 1,356 o sea el 72 por ciento, no están cumpliendo con los requisitos de ley, según una nota de prensa de Gobernación.
Voceros del MIGOB aseguraron que la mayoría de estas asociaciones no han presentado los libros de Actas, de Asociados y Contabilidad, no han informado de las donaciones recibidas, tampoco han emitido los balances contables al final de cada año fiscal, e incluso, otros ni siquiera cumplen con sus estatutos.
Por su parte, los representantes de ONG auditadas calificaron esa labor como “hostilidad” y “persecución política”.
Entre las asociaciones auditadas están la Asociación Comunal para el Desarrollo de Proyectos de Agua Potable; Asociación Paz y Tercer Mundo; Fundación Nuevos Horizontes para Discapacitados; Asociación Pro Bienestar de la Familia Nicaragüense y Fundación Popol Nah Para la Promoción y el Desarrollo Municipal.
El Ministerio de Gobernación en su comunicación a los medios de comunicación señala que “Popol Nah”, cuya representante legal es la diputada sandinista Mónica Baltodano Marcenaro, “es la única Asociación que ha presentado resistencia a dicho proceso, aduciendo que ellos aceptan brindar información, pero sólo entre el período del año 2000 hasta la fecha”, cuando el MIGOB está solicitando informes desde 1997.
ACUSACIONES CON FONDO POLÍTICO
William Grigsby, director ejecutivo de Popol-Nah, aseguró que en la notificación emitida por las autoridades del MIGOB para realizar la auditoría, señalan que el trabajo se efectuará sobre el período que inició al primero de enero del 2000 hasta la fecha.
“Nosotros no tenemos problema en ampliar el período de la auditoría que están realizando, pero primero que presenten los resultados del 2000, porque si salimos bien, contablemente no tiene lógica seguir para atrás”, agregó.
Grigsby, un fuerte crítico del orteguismo en las filas sandinistas, igual que Baltodano, aseguró que las acusaciones del MIGOB tienen un fondo político, “porque hasta el momento no nos han encontrado problemas”.
La Dirección de Registro y Control de Asociaciones en las once auditorías, “ha encontrado irregularidades de procedimientos y soportes, por lo que los encargados del Ministerio de Gobernación están realizando las recomendaciones pertinentes para cada caso”, indica la nota de prensa.
CLIMA HOSTIL
Ana Quirós, enlace nacional de la Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción, recordó que las relaciones entre el gobierno y las ONG se han desarrollado en un clima “hostil, que no facilita el diálogo, más bien provoca que las organizaciones tengan desconfianza en brindar la información”.
Aunque Quirós admitió que algunas organizaciones tienen dificultades, señaló que en la última reunión con los representantes del MIGOB acordaron que antes de iniciar la auditoría, la institución le informaría a las ONG los requisitos que deben cumplir, debido a que la ley no es clara en este sentido, “pero esto no se ha concretado”.
Esa reunión con el entonces ministro de Gobernación, René Herrera, se celebró en víspera de un Grupo Consultivo en Washington, casi un año atrás. En esa oportunidad, se aseguró extraoficialmente que la propia Quirós sufrió amenazas en vista de que es nacionalizada nicaragüense.
Aclaró que entre las 1,883 organizaciones sin fines de lucro, se encuentran universidades privadas, iglesias, clubes hípicos, organizaciones internacionales, funerarias, asociaciones comunales, por tanto no todas las mencionadas son ONG.
ONG PIDE ‘CUENTAS’ SOBRE DINERO PUBLICO
El Movimiento Acción Ciudadana exigirá explicaciones a las autoridades del Banco Central y la Superintendencia de Bancos sobre el origen y monto de los fondos utilizados para cubrir las quiebras de siete entidades bancarias y que según estimaciones de economistas ascienden a 600 millones de dólares, declaró ayer su representante Zoila Guadamuz.
“Hay un cálculo aproximado tomado de los analistas económicos, que si sólo el Bancafé fueron 130 millones de dólares, aproximadamente en los siete hay 600 millones de dólares, suficiente dinero, que salió de los impuestos de los nicaragüenses, para que el país hubiera arrancado económicamente. Esa es la gran preocupación porque el Banco Central y la Superintendencia no nos han informado sobre la cantidad y de dónde tomaron esos fondos”, dijo Guadamuz.
Basándose en el artículo 32 de la Constitución que establece que los funcionarios públicos están obligados a informar a la ciudadanía, Acción Ciudadana presentará esta semana su solicitud ante las instituciones mencionadas.
