Carlos Alberto Montaner*
Se le ocurrió a alvaro vargas llosa: crear en lima un «Museo de la corrupción». La idea es buena y en Perú sobra materia prima. Los miles de videos grabados por Montesinos permitirían la creación de la primera coproteca -copro, excremento- que registra la historia. En una sala se puede exhibir de forma permanente cómo un congresista le vende su honor a D. Vladimiro, mientras en la siguiente lo que se negocia es el silencio de un periodista, la alabanza de un ayayero -jalaleva o cobero en otras latitudes-, o el descrédito de una persona incómoda para la dictadura.
De acuerdo con el ensayista Alfredo Barnechea -siempre muy acucioso en sus cálculos económicos-, a lo largo de la década fujimorista se destinó un 15 por ciento del PIB a enriquecer amigos, arruinar enemigos y a comprarle el alma a todo aquel que estuviera dispuesto a venderla. La cifra es tremenda: entre siete y ocho mil millones de dólares, ni sonantes ni contantes porque todas las operaciones se hicieron en la sombra, aunque frente al lente suicida de las cámaras ocultas de los servicios de inteligencia. Por ahí pasaron generales a la búsqueda de enormes comisiones por la compra de armas, jueces que vendían sus sentencias por cifras astronómicas, o pequeños roedores legislativos que cobraban las leyes a tanto el artículo aprobado.
En realidad, lo novedoso de cuanto ha ocurrido en Perú no es tanto la existencia de la corrupción, sino el enorme volumen y la autoinculpatoria filmación de los hechos delictivos. En la Venezuela de Hugo Chávez, por citar otro caso, mientras escribo esta crónica, se destapa un escándalo cuyo olor a podrido recorre todo el continente: se han «perdido» cientos de millones de dólares entre las manos de los militares adeptos al líder de la Quinta República Bolivariana. La cuantía es de tal naturaleza que ha provocado entre los venezolanos la nostalgia por los tiempos de adecos y copeyanos, con un agravante sustancial: el desbarajuste introducido por el teniente coronel en la administración pública, y la falta de controles y auditorías inherentes a la mentalidad y la práctica «revolucionarias», hacen mucho más fácil el saqueo del Estado y mucho más difícil la persecución del delito.
En América Latina, desgraciadamente, la tradición histórica milita en contra de la honradez. Las colonias eran un sitio para ir a robar. Es verdad que existían «Juicios de residencia» para hacerles la auditoría a los funcionarios salientes, pero usualmente se trataba de meras formalidades sin consecuencias reales. Por otra parte, los límites entre la esfera pública y la privada eran muy borrosos. Resultaba legítimo vender y comprar cargos públicos, o servirse del botín fiscal para premiar arbitrariamente a ciudadanos a los que la Corona deseaba privilegiar. A Hernán Cortés no lo hicieron virrey -bastante peligroso ya era como capitán y luego marqués-, pero le regalaron los tributos de 20,000 indios que debían «pechar» en beneficio del conquistador de México. Todo era negociable, incluido el color de la piel. Por una módica suma se perdía la condición de mulato. La de negro costaba algo más.
De alguna forma esos tres siglos de contubernio entre el Estado y las clases dirigentes se prolongaron durante las repúblicas. ¿Cómo se hacían las grandes fortunas? Mediante la obtención privilegios. En muchos casos, ni siquiera existía la mala conciencia de estar cometiendo un delito. El poder era para eso: para dispensar favores. En España, el delito de «tráfico de influencias» no apareció en el código penal hasta la década de los ochenta del siglo XX. El lenguaje popular expresaba las relaciones naturales de poder con una frase definitiva que disfrazó por las limitaciones que impone el buen gusto: «a los amigos se les entrega el corazón/ a los enemigos se les parte el corazón/ a los indiferentes se les aplica la legislación vigente». Sustituya el lector la palabra «corazón» por una región menos gloriosa de la anatomía y adivinará el refrán en toda su escatológica extensión.
¿Cómo extrañarnos de que los latinoamericanos manifiesten un permanente desdén por el Estado, y de que con frecuencia se embarquen en cualquier aventura autoritaria en la que se prometa poner fin a los desmanes del sector público? La corrupción, unida a la impunidad, no sólo es costosa y malgasta los pocos recursos disponibles: también pudre y destroza los cimientos mismos de la democracia. Fue así, denunciando estos males, como Fujimori echó por tierra las instituciones democráticas peruanas en 1992, o como Hugo Chávez, en el mismo año, intentó derrocar por la fuerza a Carlos Andrés Pérez. Pero sólo para acabar uno y otro multiplicando por mil los males que pretendían erradicar.
Es importante que no muera la idea de crear ese «Museo de la corrupción», por el que deben desfilar todos los niños y adolescentes, si es posible una vez al año, para que nunca olviden la lección. Ya existen, por ejemplo, en varias ciudades del mundo, «Museos de la intolerancia», en el que los jóvenes suelen enfrentarse a los estragos espantosos del racismo, y, muy especialmente, del antisemitismo que dejó seis milllones de cadáveres en los campos nazis de exterminio. En la propia Lima puede visitarse -yo lo he hecho- un viejo y espeluznante «Museo de la Inquisición». Sería absurdo no aprovechar ahora los videos de Montesinos. Exhibir tanta miseria humana acaso sirva para impedir que se repitan los crímenes. Ése es el propósito de Álvaro Vargas Llosa. [ ©FIRMAS PRESS ]
