Carol Munguía/[email protected]
CHINANDEGA.- Un juicio bajo la figura jurídica de “quiebra fraudulenta”, abrió la junta de acreedores de la empresa aceitera Grasas y Aceites S.A. (Gracsa), que cerró operaciones y se declaró en quiebra voluntaria el año pasado.
Desde entonces, los 110 trabajadores y una lista de acreedores demandan al procurador auxiliar, Doctor Antonio Nesme, agilizar las indemnizaciones a los empleados, que presionan el pago de sus salarios y prestaciones.
“Es escalofriante la situación de Gracsa. Los activos andan por el orden de los 12 millones de córdobas y sus pasivos suman 33 millones y habrá que priorizar a los trabajadores”, definió el doctor Nesme.
Comentó que de comprobarse la quiebra fraudulenta, la responsabilidad penal trascendería hasta los directores de la empresa, que fueron los primeros en liquidarse y dejaron a un lado a un centenar de empleados, que esperan les cancelen sus salarios.
El caso se ventila en el Juzgado Segundo de Distrito de lo Civil y lo Laboral, a cargo de la Licenciada Socorro Toruño. Se han realizado dos reuniones con la Junta de Acreedores, para acelerar el proceso de liquidación de la empresa.
El doctor Alfonso Calero, representante de los obreros, sostuvo que producto de la venta de maquinaria en abandono se canceló el 17 por ciento de las indemnizaciones, que en total suman 340 mil córdobas.
Sin embargo, la mayor presión la llevan un centenar de productores de soya, que entregaron sus cosechas a Gracsa y aún esperan que el producto les sea cancelado.
Enrique Saravia, productor de ese rubro, sostuvo que todo lo que emprendieron desde hace un año es infructuoso.
Los productores gestionan paralelamente que el gobierno resuelva la suerte de una finca rural ubicada en Managua para solventar sus cosechas, con lo cual se resolvería el problema de iliquidez que atraviesan los agricultores de León y Chinandega.
PATENTE AMBAR FUE VENDIDA
Los soyeros viven en carne propia el drama de la telenovela “Betty la fea”, donde hacen quebrar una empresa para hacer aparecer otra más fuerte.
El Procurador Nesme confirmó que se ha vendido maquinaria a la nueva aceitera que recién se instala en Chinandega.
Gracsa ya vendió hasta la patente de aceite AMBAR, que es un bien abstracto y que representaba la historia industrial de Chinandega.
El gobierno nunca protegió a la industria aceitera, aseguran los productores y resaltan como prueba que centros productivos del país están paralizados y ahora se dedican a envasar aceite de otras empresas extranjeras.
