- Contraloría prepara resolución para ordenar que sean suspendidas las “dietas” que reciben muchos funcionarios gubernamentales
- Contralores desempolvan decreto de agosto de 1979 en que la Junta de Gobierno de la época anuló esos pagos en el Estado
Jorge Loáisiga Mayorga [email protected]
El Gobierno de Nicaragua gastará este año 60 millones de córdobas en el pago de “dietas” ilegales para funcionarios del Estado y particulares que participan en reuniones de juntas directivas de empresas estatales y entes autónomos, dijo el contralor colegiado Luis Angel Montenegro.
El pago de las dietas será prohibido y para eso la Contraloría General de la República prepara una resolución que ordena la suspensión de esos pagos extras que reciben muchos funcionarios del gobierno, agregó.
“Para este año sólo en concepto de dietas se calculan 60 millones de córdobas, tomen en cuenta ustedes lo que se podría hacer en beneficio de los maestros, los policías, los trabajadores de la salud, incluso en beneficio de la misma Contraloría General de la República con esa suma”, señaló Montenegro.
La mayoría de los funcionarios del Estado participan en más de una junta directiva de empresas del Estado y por cada sesión pueden ganar entre 750 y 1,000 dólares.
Sin embargo, aclaró que la resolución no ha sido firmada por todos los contralores porque dos de ellos, Francisco Ramírez y José Pasos, están fuera del país.
La base jurídica para suspender las dietas, dijo Montenegro, es el Decreto número 57 del 28 de agosto de 1979 con que la entonces Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua suspendió los pagos de dietas por parte del Estado.
El artículo primero de ese decreto establece que “quedan suspensos los pagos de dietas por parte del Estado, en concepto de asistencia a sesiones de juntas directivas, de los institutos del dominio comercial e industrial del Estado, entes autónomos y empresas confiscadas”.
El decreto fue publicado en La Gaceta número 12 del 18 de septiembre de 1979 y se encuentra vigente desde entonces porque nadie lo ha derogado, según explicó el contralor colegiado.
¿DEVOLVERAN EL DINERO?
Si la ley prohíbe pagar dietas en el Estado, los funcionarios deben ser los primeros en acatarla, indicó el contralor Luis Angel Montenegro. “Cuando una disposición legal está vigente y es de orden público, como en este caso, los funcionarios públicos están obligados a cumplir tal como manda la ley”, expresó.
“La resolución lo que establece es que el decreto está vigente, y será notificada a todas las instituciones del Estado, donde se ha venido pagando dietas de manera irregular, para que procedan a la aplicación de la ley en los términos que se establecen en la norma, a fin de que no se continúe pagando ese tipo de dietas, porque son completamente ilegales”, precisó.
Dejó entrever que los funcionarios que han recibido de manera indebida esos recursos del Estado, deben procurar reintegrar el dinero a las arcas del erario o de lo contrario cualquier persona que tenga conocimiento de ello puede denunciarlos en la Contraloría para que se realice la debida investigación.
CONTRALORIA INVESTIGARA
“Los funcionarios públicos que han incumplido esta ley, que es de obligatorio cumplimiento, tienen dos situaciones particulares que resolver: esperar que la Contraloría mande a hacer exámenes especiales de auditoría, o devolver la plata, que sería lo más sano”, puntualizó el contralor Luis Angel Montenegro.
