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El despale indiscriminado propiciado por un deficiente plan de manejo forestal preocupa a los organismos ambientalistas y sociedad civil. (Insertos) Raomir Manzanares, director del Club de Jóvenes Ambientalistas y Kamilo Lara, asesor ambiental y representante del organismo ambientalista “S.O.S. Ambiente”. LA PRENSA/CRUZ FLORES.

Ambientalistas coinciden: ¡No a la inmunidad !

Organismos ambientalistas manifestaron preocupación por los señalamientos de corrupción hacia funcionarios del Gobierno Central y regional en la RAAN Gretchen Robleto [email protected] Ante la denuncia por supuestos actos de corrupción en el tráfico ilegal de madera, sobre lo que se investiga a tres funcionarios del Instituto Nacional Forestal, al alcalde de Waspam, Gerardo Thomas y […]

  • Organismos ambientalistas manifestaron preocupación por los señalamientos de corrupción hacia funcionarios del Gobierno Central y regional en la RAAN

Gretchen Robleto [email protected]

Ante la denuncia por supuestos actos de corrupción en el tráfico ilegal de madera, sobre lo que se investiga a tres funcionarios del Instituto Nacional Forestal, al alcalde de Waspam, Gerardo Thomas y dos concejales representantes de organismos ambientalistas reaccionaron con preocupación y coincidieron en que se debe erradicar la impunidad ambiental que lleva al desgaste indiscriminado de los recursos ecológicos del país.

La denuncia por corrupción en el tráfico de madera involucra al delegado municipal del Inafor en Puerto Cabezas, Anthony Rojas, técnico de la Dirección de Funciones Territoriales a nivel central y Alminit Bonds, técnico forestal; el edil de Waspam y los concejales Marcos Law y Roy Chow.

Raomir Manzanares, director del Club de Jóvenes Ambientalistas, manifestó a LA PRENSA que “para nosotros como movimiento ambientalista la situación es causa de mucha preocupación, dado que no hay un sistema adecuado de control forestal establecido”.

Señaló que “en la región del Atlántico existen muchos problemas en el Inafor desde hace tiempo. Hemos recepcionado la preocupación de los pobladores de Bluefields”, apuntó.

Manifestó que su expectativa es que “de determinarse la culpabilidad de los funcionarios públicos, tanto del Gobierno Central como local, esperamos que se erradique la impunidad ambiental”.

MAS DE 4,500 GUIAS FALSAS CIRCULANDO

Advirtió: “manejamos que cerca de 4,500 guías falsas para traficar madera están circulando, según nuestros informantes en la región atlántica”.

El líder ambientalista expresó que la problemática se acentúa porque en materia de legislación ambiental no hay leyes que sancionen estrictamente a los funcionarios que realicen anomalías aprovechándose de sus cargos.

“En el caso específico de la RAAN se viola el artículo 60 de nuestra Constitución que establece que el Estado tiene que velar por la protección y conservación de los recursos naturales, sin embargo aquí tenemos un gobierno que no está velando por éstos”, dijo.

CORRUPCION INSTITUCIONALIZADA

Kamilo Lara, asesor ambiental y directivo del organismo ambientalista “S.O.S. Ambiente”, expresó que “la corrupción se ha venido institucionalizando en el aprovechamiento de los recursos forestales”.

A su juicio “es más que preocupante el hecho de que funcionarios públicos estén involucrados en estos actos de corrupción, dado que la sociedad civil confía sus recursos en las autoridades ya sea edilicias o ministeriales”, señaló el licenciado Lara.

“Esta una situación que debe sentar procedente para futuras situaciones, debe hacerse un análisis de lo actuado en esta materia en los últimos 20 años”, sugirió.

APROVECHAN CARGOS INSTITUCIONALES

Manifestó que “hay gente que se ha aprovechado de los cargos institucionales y luego dejan de ser funcionarios y terminan en el negocio ilícito de la madera”.

Según su criterio, para el nombramiento de funcionarios públicos “se debe escoger a las personas por su capacidad, honestidad y que éstos respondan a los intereses del país y no los particulares porque estos últimos con sobornables”.

SAQUEO GENERALIZADO

“El problema está centrado en la cultura extractiva de los recursos forestales, esto nos lleva al saqueo generalizado de los recursos forestales que se viene dando desde 1950, período en el que hemos acabado con cerca de 3.9 millones de hectáreas de bosques”, agregó.

El profesional opinó que la debilidad institucional que existe en los departamentos del país propicia el descontrol de la explotación de los recursos naturales.

Lara asegura que “en Managua existen hasta cinco o seis inspectores forestales y aquí está concentrado el uno por ciento de los bosques, mientras en el Atlántico donde está el 70 por ciento de los recursos forestales sólo hay uno o dos funcionarios del Inafor, creemos que eso provoca la corrupción”.

Consideró necesario fortalecer la Procuraduría Ambiental, reformar el sistema para otorgar permisos para la explotación maderera, lo que no está conforme la realidad del país, ya que este sistema obedece a condiciones de la década pasada, no hay un inventario definido”, manifestó.

“No sabemos de cuánto disponemos y se otorgan permisos indiscriminadamente sin tomar en cuenta los planes de manejo forestales, éstos pasan a ser sólo un requisito”, exteriorizó.

La sobreexplotación de los recursos forestales y ecológicos conlleva a que Nicaragua sea altamente vulnerable ante los desastres naturales, dando espacio a los fenómenos que tienen efectos devastadores, opinó Lara.

EXIGEN LEGISLACION AMBIENTAL

Los representantes de los organismos ambientalistas S.O.S. ambiente y el Club de Jóvenes Ambientalistas, manifestaron que es de suma necesidad que el Parlamento legisle leyes ambientales que protejan los recursos madereros.

CONTRALORES DECIDEN HOY

El Consejo de Contralores determinará hoy en sesión qué medidas se tomarán en el caso que involucra a los funcionarios del Inafor, el alcalde de Waspam y los concejales.

– El doctor José María Saravia, encargado de la oficina de denuncias ciudadanas en la Contraloría General de la República, manifestó a LA PRENSA que el proyecto de resolución recomienda la realización inmediata de auditoría en la sede central del Inafor, oficinas en la RAAN y la Alcaldía de Waspam.

– Las recomendaciones serán analizadas y sujetas a aprobación por los Contralores colegiados.

– “Hay pruebas y elementos determinantes en la denuncia contra los funcionarios públicos para orientar la auditoría en las instituciones involucradas”, aseguró.   

Departamentales

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