Ary Neil Pantoja, William Brionesy Janelys Carrillo [email protected]
Muy poco convincentes resultaron las explicaciones del doctor Julio Acevedo, director del Sistema Local de Atención Integral en Salud (Silais) de Matagalpa, sobre el porqué esa instancia adscrita al Ministerio de Salud (Minsa), mantenía coordinaciones y prácticamente avalaba las actividades realizadas por la enfermera estadounidense, Dorotea Granada.
Mientras el abogado de la Cooperativa de Mujeres “María Luisa Ortiz”, doctor José Acuña, presentó ayer documentos firmados por el propio director del Silais de Matagalpa, este último intentó justificar esos avales insistiendo en que el cierre de la clínica de la cooperativa obedecía a denuncias de que en ella se realizaban actos proselitistas a favor del Frente Sandinista.
Sin embargo, dos de esos documentos firmados por Acevedo respaldan las actividades de Granada en Mulukukú. En entrevista telefónica, grabada por LA PRENSA, el doctor Acevedo admitió que el Hospital Regional de Matagalpa recibía a los pacientes remitidos por la clínica y que, en varias ocasiones, los pacientes del Centro de Salud de Mulukukú eran trasladados en vehículos de la misma.
Acevedo dio una respuesta ambigua a la pregunta de por qué el hospital de Matagalpa recibía a los pacientes provenientes de una clínica que, según el Minsa, estaba ilegal. “El hospital no puede negarle la atención médica a nadie”, fue lo único que respondió el funcionario.
El doctor Acevedo tampoco ha mostrado pruebas de que en la clínica se realizaran abortos, algo que fue negado por el doctor Carlos Doña, médico patólogo quien laboraba en la misma desde hace cuatro años. Acevedo insistió en que en ese centro asistencial atienden personas “no calificadas”, cuando él mismo llama “licenciada” a la enfermera Dorotea Granada en las dos cartas.
Doña aseguró que la clínica no tiene los instrumentos ni equipos necesarios para realizar legrados (abortos). Otro aspecto que no explicó el funcionario del Silais es por qué el Hospital de Matagalpa tiene equipos donados a través de la clínica de la cooperativa “María Luisa Ortiz”.
Tanto el doctor Carlos Doña Gutiérrez, como el abogado, José Acuña, enfatizaron en que todo se trata de un ”revanchismo” del Presidente Alemán en contra de la enfermera; el que según dijeron ha sido alentado por los activistas del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Mulukukú.
Entre esos dirigentes están Antonio Mendoza, alcalde de Paiwas; Mariana Zamora, directiva del PLC en Mulukukú y Enoc Rueda, alcalde filial de Siuna.
Por su parte, el abogado Oscar Morales aseguró que las personas antes mencionadas fueron beneficiadas con préstamos hechos por la Cooperativa de Mujeres y que a la fecha, no los han pagado.
Mariana Zamora, por su parte, negó tener deuda alguna con la cooperativa, pero aceptó en entrevista grabada con LA PRENSA, haber sido atendida en una ocasión en la mencionada clínica.
Zamora también denunció a Noel Montoya, directivo de la clínica, de haberla amenazado luego de concluida la visita del Procurador de Derechos Humanos, Benjamín Pérez, a Mulukukú el pasado fin de semana.
A excepción de esa denuncia, las autoridades sanitarias no han presentado cargos documentados de otras personas a las que se les haya negado la atención en la clínica de la cooperativa.
AMNISTIA INTERNACIONAL SE PRONUNCIA
– Amnistía Internacional realizó un llamado al gobierno de Nicaragua para deponer la actitud asumida contra las ONG.
– En el caso de Dorotea Granada, recomienda enviar telegramas, fax o cartas al Presidente Arnoldo Alemán, expresando la preocupación por el acoso a que ha sido sometida y el despliegue policial en el intento por detenerla.
– “Recordamos a las autoridades ,que la Policía debe actuar de acuerdo con el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, expone el documento de Amnistía Internacional.
