William Briones Loáisiga [email protected]
Dorotea Granada, la enfermera estadounidense que desde hace diez días permanece ilegal en Nicaragua por disposición del ministro de Gobernación José Marenco Cardenal, que ordenó su expulsión a partir de la visita del presidente Arnoldo Alemán a Mulukukú, aseguró en declaraciones exclusivas a LA PRENSA, que seguirá evadiendo el “cerco” que le ha tendido el gobierno nicaragüense a la espera de una solución diplomática a su caso al que da seguimiento la embajada y autoridades de los Estados Unidos.
Se manifestó asustada por las acciones estatales en su contra sin darle tiempo a la defensa. No obstante, el ministro Marenco aseguró que la Ley de Extranjería lo faculta expulsar a un extranjero que “realiza proselitismo político, sin necesidad de escucharla”.
LA PRENSA: ¿Se siente perseguida por el gobierno de Nicaragua?
Dorotea Granada: “Sí, me siento perseguida desde el pasado 21 de noviembre cuando unos oficiales de Migración, vinieron a Mulukukú a revisar mis papeles y luego me dieron un informe donde explican que todos mis papeles están en orden”.
“Unos días después, recibimos un documento del Director de Migración y Extranjería, señor José Rivas, conformando que todos mis papeles estaban en orden, por lo tanto me siento injusta y arbitrariamente perseguida porque no he cometido ningún delito, ni he violado ninguna ley del país”.
LP: ¿Qué ocasionó el rechazo del gobierno de Arnoldo Alemán, considerando que llevaba once años laborando en esta zona sin ser requerida por ningún gobierno?
DG: “Pienso que es el resultado de una información falsa que el Presidente recibió cuando estuvo en Mulukukú en noviembre pasado. Alguien le dijo que la clínica de la cooperativa era un ONG y que servimos a los sandinistas”.
“La verdad es que somos una cooperativa, no somos ONG y nunca hemos dado preferencia a miembros de ningún partido ni religión. Para seleccionar a los pacientes, nuestra prioridad es servir primero a las mujeres que necesitan atención reproductiva y ginecológica, después a los niños más enfermos”.
LP: ¿Ha recibido el respaldo del gobierno y la Embajada de los Estados Unidos? ¿Qué ha hecho el embajador Oliver Garza para investigar su caso o evitar su expulsión?
DG: “El gobierno de los Estados Unidos representado por la Embajada quiere asegurarse que mis derechos son respetados y que recibo un tratamiento justo según las leyes del país.
En este momento, hay varios miembros del Congreso de los Estados Unidos que están preocupados por la acción del gobierno de Nicaragua en mi contra. También hay miles de personas que apoyan el trabajo de la clínica de la Cooperativa, que están muy preocupados por la salud de la gente de Mulukukú y las comarcas vecinas a las que servimos.
LP: ¿Cuál es su actual estado de salud, física y sicológico?
DG: “Estoy muy tensa, sumamente triste y preocupada por la salud de la gente a la que servimos en Mulukukú, especialmente las mujeres y niños. Actualmente sufro de presión alta”.
LP: De acuerdo a la disposición gubernamental, desde el pasado ocho de diciembre está ilegal en el país. ¿Cuánto tiempo piensa seguir escondida para evitar su expulsión?
DG: “Mi intención es esperar hasta que estén agotadas las vías diplomáticas y legales, que sea escuchada la voz de la gente que servimos y la voz de nuestros apoyantes de otros países que están preocupados por esta situación. También esperar la oportunidad de responder las acusaciones injustas en contra mía.
LP: Las autoridades la acusan de atender y proteger a miembros del FUAC así como realizar aborto en mujeres de Mulukukú.
DG: “Esas acusaciones son totalmente falsas y prueba de ello es que he servido a la comunidad por once años sin haber tenido problema de ningún tipo. Entiendo que el aborto es ilegal en Nicaragua”.
