El FSLN y el PLC obtuvieron una victoria compartida en las recientes elecciones municipales, pues, si bien es cierto que los liberales ganaron 97 alcaldías y los sandinistas sólo 49, entre los municipios que obtuvo el FSLN están los más importantes del país, inclusive Managua y la mayoría de las cabeceras departamentales (11), mientras que el PLC sólo ganó 5 cabezas de departamentos. Y en términos de votación absoluta, a nivel nacional, ambos partidos mayoritarios quedaron prácticamente empatados.
Como sea, estos resultados electorales demuestran que ha aumentado la posibilidad de que los sandinistas recuperen el poder en los comicios del próximo año, después que las reformas constitucionales que se hicieron a principios de este año por consecuencia del pacto libero-sandinista, redujeron el mínimo necesario para ganar la elección presidencial en una sola vuelta al 40% de los votos válidos; y establecieron, además, que se podría ganar con sólo el 35%, si el candidato del segundo lugar quedase más de 5% detrás del primero (“Alemán y el PLC nos sirvieron en bandeja de plata la posibilidad de recuperar el poder”, aseguró el segundo jefe del FSLN, Tomás Borge, durante una comparecencia radial en octubre pasado).
Ahora bien, aparte de que es necesario considerar también las oportunidades que tendrían liberales y conservadores en los comicios del próximo año, tanto si fueran de manera individual como en alianza, así como de una eventual nueva fuerza electoral que podría ser el partido Unidad Nacional del general retirado Joaquín Cuadra Lacayo, el hecho es que la posibilidad de que el FSLN gane la decisión electoral del próximo año plantea una serie de interrogantes de primordial importancia. Ante todo: Si los sandinistas regresaran al poder, ¿podrían hacer lo mismo que cuando gobernaron entre julio de 1979 y abril de 1990?
A pesar que las circunstancias de ahora son diferentes a las de 1979, es comprensible que mucha gente sienta temor, por ejemplo, de que el FSLN vuelva a suprimir la libertad de prensa y demás derechos y garantías individuales; a atentar contra la propiedad privada y la economía de libre empresa; a racionar los alimentos y otros artículos de primera necesidad; a llenar las cárceles de presos políticos; a forzar al exilio masivo a nuevas multitudes de nicaragüenses; a militarizar el país; a restaurar el sistema de espionaje y coacción de los CDS y las “turbas divinas”, etc., ya que desde que entregaron el poder en abril de 1990 y han estado en la oposición o “gobernando desde abajo”, los sandinistas no se autocriticaron ni arrepintieron de nada de lo que hicieron en los años 80, ni se han comprometido a no hacer lo mismo si volvieran a gobernar “desde arriba”.
Daniel Ortega dijo (ayer) en el Canal 2 de Televisión, que la experiencia le ha dado “sabiduría” y que si volviera al poder respetaría la libertad de expresión. Pero el FSLN no ha reconocido el fracaso y la inviabilidad de su proyecto de revolución estatista y socialista de los años 80, sino que ha tratado de justificarlo con el socorrido argumento de que fue víctima de la “agresión imperialista” y la “confabulación de las fuerzas contrarrevolucionarias”.
Lo más que han llegado a decir los líderes del FSLN es que las circunstancias del país y del mundo han cambiado y que adaptarían su programa y gobierno a las nuevas condiciones creadas. ¿Qué significa eso? ¿Qué respetarían el sistema democrático de libertades individuales y economía de mercado, o que impulsarían las transformaciones socializantes y estatistas de una manera distinta a como trataron de forzarlas después de la revolución de 1979?
De la antigua dirigencia sandinista sólo Sergio Ramírez Mercado (en su libro “Adiós Muchachos”) reconoció que el proyecto socializante del FSLN “fue siempre derrotado por la realidad desde el primer momento”. Pero Ramírez es considerado oficialmente como un traidor al FSLN. Por otra parte, los hechos, inclusive los del lunes en la noche ante el CSE –y por sus hechos es que se juzga a las personas y a los partidos, no por lo que dicen de sí mismos-, lo que indican a una gran parte de la población es que elegir a los sandinistas para que vuelvan a gobernar, significaría un riesgo que podría tener incalculables consecuencias.