Miguel González
Un razonamiento de estado, sustentado en una valoración de corto y largo plazo en la vida política de la Costa Atlántica, obligaría en forma contundente a la suspensión temporal del proceso electoral en la Región Autónoma del Atlántico Norte.
La sublevación de los activistas de Yatama en el actual proceso electoral no es producto de un hecho casual ni tampoco del arrebato espontáneo de su liderazgo comunitario. Es el resultado de la exclusión política y el racismo de Estado.
Durante los doce años de existencia como organización indígena Yatama ha acumulado importantes espacios políticos regionales que la convierten en una objetiva fuerza electoral. En las tres elecciones de Consejos Regionales Autónomos (1990, 1994 y 1998) esta organización figuró como una de las principales, si no la primera fuerza política en las comunidades indígenas miskitas, con al menos el 35% de los votos totales de la RAAN y el 70% del voto en las comunidades indígenas. Sin embargo durante los últimos cuatro años se han producido exclusiones políticas notorias contra dicha organización que ha alimentado una salida violenta a sus planteamientos. Entre ellas:
a) Su marginación de los cargos de dirección de las Juntas Directivas y de comisiones de trabajo en ambos Consejos Regionales;
b) La reforma de la ley electoral fraguada entre el PLC y el FSLN mediante la cual se obligó a Yatama a convertirse en partido político regional, reiniciar la tramitación de su personería jurídica aún incierta; y de esta forma violar sus derechos a organizarse “según sus propias formas y tradiciones” como lo establece el Estatuto de Autonomía y la Constitución Política;
c) Reforma a la Ley Electoral que bajo una interpretación arbitraria y racista del Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia –esta última al rechazar un recurso de amparo de Yatama que lo inhibe de participar en las próximas elecciones municipales–, terminaron de cerrar la puerta de los espacios democráticos reclamados por Yatama. Vale recodar por razones históricas que en la conquista de estos espacios democráticos, incluyendo el derecho de participación política desde las propias organizaciones indígenas, Yatama, junto con otras organizaciones costeñas, es un actor fundamental.
Un razonamiento que dé lugar a la negociación y el diálogo, por medio del cual se ponga fin a la violencia política en la RAAN y restablezca los derechos de participación de Yatama a ser incluidos en las elecciones municipales, es lo que conduciría a la normalización democrática en la Costa Atlántica y la recuperación de los derechos políticos de los ciudadanos costeños. El logro de esta meta, considerando las condiciones de inestabilidad política y ausencia de principios básicos de gobernabilidad democrática en la RAAN, sugiere la posposición de las elecciones municipales. Por razones de Estado y pensando en el corto y largo plazo de la Costa Atlántica, esta decisión restablecería la legitimidad institucional y la autoridad política del CSE como instancia garante de los procesos democráticos en Nicaragua.
* El autor es Estudiante de Maestría en Ciencias Políticas, Canadá.
Universidad de York, Canadá.
