Hace una semana, cuando se produjeron en Managua los enfrentamientos entre partidarios liberales, sandinistas y conservadores, dijimos que ningún partido o político vale tanto como para derramar una sola gota de sangre nicaragüense. Y ahora, a propósito de la violencia que inclusive ha causado un muerto en Puerto Cabezas (o Bilwi), debemos agregar que ninguna causa partidista vale la vida de un solo nicaragüense.
La violencia es injustificable venga de donde venga y cualquiera que sea su causa o pretexto. Sin embargo, de la violencia no sólo son culpables quienes protagonizan los disturbios callejeros sino también quienes la provocan de manera directa o indirecta. Inclusive son mucho más culpables quienes provocan la violencia siendo representantes de los poderes públicos, cuya obligación consiste en moderar las pasiones políticas de la gente, regular con equidad el ejercicio de los derechos y los deberes ciudadanos, dar a cada quien lo que le corresponde, promover la participación política y social.
Es fácil enfocar el problema de la violencia desde posiciones estrictamente burocráticas y demandar que se reprima a quienes la practican. Pero eso no explica la situación ni ayuda a erradicar la violencia, que es recurrente en nuestro proceso histórico-político nacional.
Hay que analizar en cada caso concreto a qué se debe la violencia, determinar si es instigada por agitadores profesionales que tratan de echar abajo el sistema democrático o pretenden beneficiarse al amparo de los desórdenes públicos -y en este caso hay que aplicarles rigurosamente el peso de la ley-; o si es causada por las injusticias, abusos de autoridad y limitaciones a los derechos democráticos y humanos. Y si es éste el caso, entonces hay que condenar severamente a los funcionarios públicos arbitrarios y abusivos, y buscar cómo erradicar las causas que han generado los actos de violencia.
La violencia se produce donde no existe o no funciona adecuadamente un ordenamiento político y un sistema social justo, que merezca el respeto de los ciudadanos, o donde hay una delincuencia organizada que desborda la capacidad del Estado y la sociedad para garantizar su propia supervivencia a través de los medios normales.
Pero en Nicaragua no hay un desborde de violencia criminal. Aquí el problema es de violencia política por falta de equidad en el ejercicio de los poderes públicos, en la aplicación de la ley y la administración de la justicia. O sea, hay violencia porque la democracia no funciona de manera correcta y beneficiosa para todos los ciudadanos, sólo para una parte de ellos.
La principal virtud de la democracia es que crea las condiciones apropiadas para que desaparezcan las feroces peleas a muerte entre enemigos que se disputan el poder para aprovecharlo como un botín, y sustituirlas con las controversias pacíficas y competencias civilizadas entre personas y partidos adversarios, que aspiran a ejercer el poder para servir al público y aplicar programas de beneficio nacional y social. Además, al hacer eficaces los derechos, garantizar el ejercicio de las libertades y colocar la ley por encima de la voluntad de los individuos, la democracia asegura también la convivencia pacífica de la sociedad.
En ese sentido es evidente que Nicaragua retrocedió después y como consecuencia del pacto libero-sandinista del año pasado, al haberse dictado y aplicado leyes restrictivas de la participación política ciudadana en perjuicio de quienes no pertenecen a los partidos PLC y FSLN. En consecuencia, al dejar, el Consejo Supremo Electoral, a diversos sectores políticos fuera de la participación en las elecciones, provocó el resentimiento y la frustración en muchos ciudadanos, que se convirtió en violencia en el caso del movimiento indígena Yatama al que se le impidió participar en las elecciones del próximo domingo.
La sangre derramada en Puerto Cabezas o Bilwi clama contra el pacto. Las cúpulas PLC y FSLN que se han repartido el control y usufructo de los poderes del Estado, deberían recapacitar sobre lo que están haciendo y provocando. Y sobre todo deberían rectificar, en beneficio de la tranquilidad ciudadana, la gobernabilidad del país y la preservación de la democracia. Están a tiempo de hacerlo.
