- El funcionamiento de ocho telepuertos ilegales ha causado a Nicaragua pérdidas superiores a los 54 millones de córdobas
Jorge Loásiga [email protected]
La mayoría de las ocho causas judiciales abiertas en contra de los acusados por operar ilegalmente los ocho telepuertos que han sido descubiertos desde 1997 por la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, han sido cerradas por falta de tipificación de delitos. Una propuesta de reforma a la Ley de Telecomunicaciones sugiere la imposición de multas y penas carcelarias en contra de los que operen telepuertos piratas.
JINOTEPE
La historia de los telepuertos ilegales en Nicaragua inicia en julio de 1997, cuando la Policía Nacional y autoridades de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) descubren, en Jinotepe, la primera de esas empresas que operaba llamadas internacionales de forma ilegal y por el método conocido como By-Pass.
En ese mismo año también iniciaron operaciones cuatro telepuertos legalmente autorizados por Telcor y Enitel.
En los archivos de la Policía se menciona que en el caso de Jinotepe se procesó a una mujer llamada Ana Matilde Avilés Morales, quien al final del juicio fue sobreseída definitivamente, es decir, fue absuelta de culpa por los delitos de estafa y defraudación en contra de Enitel de los que se la acusaba.
COINSA
Posteriormente, en agosto de 1998 se detecta en la Colonia Centroamérica, en la casa número A-45 un telepuerto legalizado, pero que según Enitel realizaba operaciones de transmisión de voz de forma ilegal.
Esta empresa se denominaba Comunicaciones Inalámbricas S.A., Coinsa, cuyo accionista mayoritario era Víctor Martínez Quintana.
La empresa fue legalmente constituida en 1997 con un capital de 10,000 córdobas. Martínez invirtió sólo en los equipos de la estación terrena 500,000 dólares más los gastos de introducción y pagos aduaneros que ascendían a casi 100,000 dólares.
Enitel calculó en esos días pérdidas económicas estimadas en 380,000 dólares mensuales. Coinsa operó durante tres meses.
Martínez finalmente fue sobreseído definitivamente por la Juez Segundo de Distrito del Crimen de Managua, Orietta Banevides. La jueza no encontró ningún tipo de delito para procesar a Martínez, quien firmó una escritura de dación de pago en la que se comprometió a entregar en pago a Enitel los equipos que fueron incautados, valorados en 500,000 dólares.
Telscape, la empresa que le brindaba el servicio de satélite a Coinsa, inició en febrero de 1999 un juicio contra Martínez por el delito de estelionato, por haber entregado en pago algo que según Telscape no le pertenecía, en vista de que los equipos le habían sido entregados en consignación para que fueran operados.
Telscape es una empresa de Texas, Houston, Estados Unidos, que brinda servicios de telecomunicaciones vía satélite a empresas en Latinoamérica.
Es decir, a través de esta empresa norteamericana es que supuestamente Coinsa “bypaseaba’’ las llamadas.
Hubo una reunión entre los abogados de Telscape, Enitel y Martínez. La misma se realizó frente a la Casa del Café en Managua, donde está ubicada la Oficina de Leyes F.A.A. Arias & Muñoz, representada por Alvaro Peralta y Pedro Muñoz.
Quien representaba a Martínez era el abogado Ramón Rojas.
En la mencionada reunión se acordó que Telscape pagaría a Enitel el supuesto daño ocasionado a la telefónica nicaragüense por Coinsa para que ésta devolviera los equipos.
Sin embargo, Telscape abrió el juicio contra Martínez y lo abandonó en julio de 1999. Teóricamente Telscape no ha abandonado la causa y ésta se mantiene abierta.
Martínez, por su parte, asegura que todo lo que hizo Enitel fue ilegal, pues él tenía todos los permisos y según él hay intereses oscuros que no permiten el desarrollo de las empresas de comunicaciones en Nicaragua.
CCM
En enero de 1999 es descubierta la empresa Tec Data Comunicaciones S.A. que operaba en el módulo B-19 del Centro Comercial Managua y que causó pérdidas económicas a Enitel por el orden de los 144,108,016 dólares.
Para realizar sus operaciones rentaron a Telematix de Enitel un par de canales para procesar datos vía satélite y con un multiplicador de canales recibían voz que la hacían llegar desde Estados Unidos por 15 líneas telefónicas. En este caso no hubo detenidos y por tanto no hubo proceso judicial.
KALIM HABED
El 15 de junio de 1999 la Policía Nacional detectó un telepuerto ubicado en el edificio Penta de Managua. En esa ocasión Enitel fue víctima de una estafa que ascendía a 15 millones de córdobas. Los piratas de la telefonía enlazaban llamadas de distintas partes del mundo.
El jefe de esta operación era el beliceño/árabe, Kalim Habed. Éste contrató a las salvadoreñas Verónica Isabel Alvarez, Maritza Castellón López y Gretel María Mendieta y a los nicaragüenses Nery Alemán Méndez y Alonso Laguna. Aunque el Juez Séptimo de Distrito del Crimen de Managua, Sabino Hernández, dictó auto de prisión contra los implicados, un jurado de conciencia los encontró inocentes.
COMCASA/JAMAR
El ocho de julio de 1999 la Policía Nacional detectó en las inmediaciones de las empresas de beeper Comunicaciones Centroamericanas S.A. (Comcasa) y la Ferretería Jamar S.A., ubicadas en el kilómetro tres de la carretera norte, un nuevo telepuerto. En este caso se investigó a Gonzalo Meneses Burgos, asesor del entonces Presidente Ejecutivo de Enitel, Jorge Solís y Regis Delgadillo Porras, gerente de Comcasa, así como a Belford Jarquín, propietario de la Ferretería Jamar S.A. El caso fue remitido al Juzgado Séptimo de Distrito del Crimen de Managua, pero no prosperó y los mismos fueron sobreseídos.
PLAZA INTER
En noviembre de 1999 las autoridades policiales descubrieron un telepuerto que operaba en el módulo 2-H de la Plaza Inter, bajo el nombre de Internet Security Sistema Sociedad Anónima (ISS,SA).
El telepuerto, según denuncia de Enitel, desde septiembre de ese año hasta su descubrimiento, causó perjuicios económicos a la telefónica hasta por 2,000,000 de córdobas ‘’pirateando’’ llamadas telefónicas.
El jefe de la operación era el guatemalteco Juan Pablo Galindo Jerez, quien trabajaba con Edgar Monterroso Godoy. Los guatemaltecos fueron condenados a seis y 12 años de prisión respectivamente por los delitos de estafa, defraudación, y asociación ilícita para delinquir. Sólo Monterroso cumple la condena. Galindo se encuentra prófugo de la justicia nicaragüense.
OCHO DE MARZO
En febrero del año 2000 la Policía Nacional descubrió otro telepuerto que sangró a Enitel con 35,000,000 de córdobas a través de 21 líneas telefónicas que estaban instaladas en las cercanías del Mercado ‘Iván Montenegro’, conectadas a una antigua sucursal de ENITEL, según la denuncia de la institución.
En este caso se procesó a Silvia Elena Ortiz Jirón y Rubén Arturo Bonilla Eslatiff, Guillermo Requene, Eduardo Fletes Solís, Guadalupe Miranda, Rubén Jesús Sequeira Cabrera y Karla Christina Meneses.
Para operar crearon cinco empresas fantasmas en las que Ortiz tenía participación accionaria. Estas empresas eran: Ortiz Fletes y Compañía Limitada, conocida como Networt Mundiales (Netmun); Fletes Miranda Comercial y Compañía Limitada (Agrosin); Sequeira Miranda Comercial y Compañía Limitada (Terras Constructores); Comercio Centroamérica (Concan); Contratistas Industriales y Comerciales; Exportadores Técnica e Industrial (Extin); Florida Real Estate (Floreal); Importadora de Equipos Industriales; Inversiones Centella y Redes Mundiales (Remun).
Las líneas telefónicas fueron reconcentradas en un solo cable y conectadas a una antena parabólica en el Barrio 8 de Marzo; para ello también utilizaron bancos de líneas telefónicas ubicados en la antigua sucursal de Enitel en el Mercado ‘Iván Montenegro’. La casa donde operaba el telepuerto pertenecía a Guillermo Requene.
COLONIA «CHRISTIAN PEREZ»
El último telepuerto desmantelado por las autoridades policiales fue descubierto contiguo a la Pizza Valentis, de la Colonia ‘Christian Pérez’, el que causó pérdidas de hasta dos millones de córdobas a Enitel, con 20 líneas telefónicas que supuestamente fueron autorizadas por funcionarios de Enitel.
En este caso se detuvo a José Antonio Zamora Cruz, Carlos Dionisio Suazo, Wilfredo Ramón Parrales Quintero y Lucía del Socorro Ramírez López.
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