- El presidente del Consejo Superior de la CGR, Guillermo Argüello Poessy, declaró que se someterá ante lo dispuesto por la Corte Suprema. No obstante, advirtió que la CGR no desistirá en su esfuerzo para hallar los medios legales para que el informe sea conocido por la institución fiscalizadora y el pueblo nicaragüense “que tiene derecho de saber qué fue lo que pasó ahí”
Janelys Carrillo Barrios [email protected]
El veto presidencial a la reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría pudo incidir en que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no se pronunciará (al menos por ahora) sobre si el ministro Esteban Duque Estrada debe o no entregar el informe sobre la privatización del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic).
Esta es la apreciación del magistrado Rafael Solís Cerda, miembro de dicha Sala, quien junto a su homólogo Marvin Aguilar considera que Duque Estrada, titular de Hacienda y Crédito Público, debe entregar al ente fiscalizador el informe que el Banco Mundial elaboró sobre la venta de 36 mil acciones del Banic.
Esta semana, el presidente Arnoldo Alemán prohibió que la reforma sea aprobada por la Asamblea Nacional, porque según él, tal como fue redactada, viola el sigilo bancario y afecta la libertad y las garantías de las personas naturales y jurídicas en su ejercicio económico.
La Contraloría General de la República (CGR), pidió a la CSJ se pronuncie sobre si el funcionario de gobierno está facultado para ocultar el informe que recoge presuntas anomalías realizadas durante la privatización, mismas que el ente fiscalizador detectó y denunció en una resolución.
Este dictamen originó que el ministro Duque Estrada recurriera de Amparo ante la CSJ, que todavía no ha resuelto sobre el fondo del Recurso.
La presidenta de la Sala Constitucional, magistrada Josefina Ramos, informó ayer que con base en el Código de Procedimiento Civil, la mayoría (6 de 8 magistrados), resolvió que la solicitud de la Contraloría se agregue al expediente que contiene el Recurso de Amparo presentado por Duque Estrada contra el ente fiscalizador.
“La mayoría resolvió que todo lo pedido por la Contraloría se mantenga dentro del expediente con el compromiso de que la próxima semana vamos a tratar de ponernos de acuerdo sobre ese fallo”, aseguró Ramos, refiriéndose al Recurso de Amparo de Duque Estrada que “ya está en proceso de votación”.
Agregó que el citado Código establece que cuando un caso está de fallo, no se pueden tramitar solicitudes de las partes, en este caso la de la Contraloría”.
En otras palabras, apuntó “dimos lugar a escuchar los planteamientos de la Contraloría pero archivados dentro del expediente… tenemos pendiente la sentencia”.
VETO MATO FACULTADES FISCALIZADORAS
Para el magistrado Rafael Solís, el veto presidencial envió una “señal muy fuerte” a todo el país sobre que el gobierno no está dispuesto a que este tipo de informe sea conocido “porque ese veto mató las facultades de la CGR para estar exigiendo informes”.
Recordó que él y Aguilar alegaron que el argumento de que no se pueden tramitar solicitudes de las partes cuando el recurso ya está para sentencia no es válido.
“Lo que andaba circulando era un borrador de sentencia, por lo tanto no había votación y no se tenía que aplicar el Código de Procedimiento, también señalamos que el argumento de la Contraloría era correcto, por cuanto antes de dictarse una sentencia, la Corte tiene facultad de solicitar a las partes documentos para mejor proveer y poder dictar sentencia”, dijo.
“A mi juicio no deja de ser contradictorio que en este caso la Corte haya expresado una opinión tal vez no estrictamente congruente con la sentencia 160”, refirió, al recordar que con anterioridad habían determinado que los bancos con fondos públicos debían remitir lo actuado a la CGR cuando ésta lo solicitara y que además el sigilo bancario no es absoluto.
