Douglas Carcache
Cuatro años después, casi por casualidad, las autoridades se enteran que un inversionista griego compró varios cayos en la costa caribeña, vendió algunos y ha hecho construcciones para llevar turistas. Peor aún, las autoridades todavía desconocen si los cayos pertenecen al Estado, y el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) hasta ahora se percata que deberían ser áreas protegidas porque allí desovan las tortugas Carey y hay otros recursos marinos importantes.
Hablamos tanto de desarrollo turístico nacional y parece que desconocemos con qué recursos naturales contamos y en qué condiciones están. Si el gobierno y la empresa privada han considerado el turismo como alternativa económica, frente a un sector agropecuario en decadencia, se supone que al menos hay un inventario de sitios potenciales que pueden atraer inversión internacional.
Incluso, debe suponerse que hay una observación constante de lo que ocurre en esos lugares, para preservar al máximo sus atributos y tratar que el país adquiera una ventaja económica mayor al momento de concertar una inversión, independiente de que sean propiedad privada.
Pero la historia de los Cayos de Perlas nos deja la sensación de que el gobierno ha descuidado ese campo. Peter Tsokos, un inversionista griego compró siete cayos en 1996. Casi de inmediato empezó a venderlos en el exterior y publicó sus ofertas en Internet. Por esta publicidad se enteran algunas organizaciones de la Región Autónoma del Atlántico Sur y comienzan a protestar.
Cuando la información trasciende a los medios de prensa, se convierte en otro escándalo nacional, pero han pasado cuatro años y el gobierno reacciona confundido. El Instituto de Turismo aclara que nunca autorizó la inversión y el procurador general de Justicia, Julio Centeno, dice que no está seguro que los cayos sean propiedad del Estado, pero que podrían ser.
Marena señala que, al margen de que anulen o no la venta de los cayos, pretende declararlos área protegida porque en esa zona anidan y circulan las tortugas Carey, una especie en riesgo de extinción. ¿Antes no lo sabía? Además, se supone que toda inversión en esas áreas tiene que ser supervisada y avalada por Marena, para evitar efectos ambientales negativos.
Dudo que el griego haya ocultado su actividad durante cuatro años, si los pobladores de Bluefields han visto partir y retornar los yates con turistas desde hace rato. También se había vuelto común ver a los turistas pescando en el Río Grande, cerca de Karawala, por donde desemboca en el Mar Caribe.
La inversión turística es importante para el país y se necesita que vengan empresarios como Tsokos, siempre que las autoridades los hagan cumplir las leyes, pero eso depende también de que las instituciones estatales cumplan con su función supervisora en todo el país.
Los problemas que se derivan de una mala gestión estatal, como éste de los Cayos de Perlas, alejan a otros inversionistas que temen echar a perder su dinero cuando alguna organización local logra que anulen su concesión, porque no tiene consistencia legal.
