- Sistema favorece a los que tienen más, insisten sindicalistas
Noel Hernández Ramos [email protected]
Las condiciones para que los trabajadores de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel), compren el cinco por ciento de las acciones que no fueron vendidas con la privatización del área de distribución, podrían dejar fuera a gran parte del personal que no cuenta con sueldos altos para adquirirlas.
Oscar Carrión, presidente de la Federación de Trabajadores de la Energía (Festen), manifestó que tal vez no sean muchos los trabajadores que se metan a comprar acciones, porque los descuentos y tasas de interés no corresponden con el poder adquisitivo del personal.
El precio de las acciones sería fijado de acuerdo al precio que pagó la multinacional Unión Fenosa por el 95 por ciento del resto del paquete, que fue de 115 millones de dólares.
Adolfo Díaz, vocero de Enel, manifestó que la empresa está discutiendo con los trabajadores la manera en que será entregado ese cinco por ciento de las acciones, aunque no pudo precisar cuándo se hará, porque actualmente discuten otra propuesta que sería entregar su valor equivalente de cinco millones de dólares a todo el personal del área de distribución.
“La lógica en la que está diseñada la Ley de privatización, que hizo el presidente, favorece con porciones accionarias a los dirigentes administrativos de altos cargos de Enel. Sólo un grupo reducido podrá concentrar las acciones”, advirtió Carrión.
Explicó que los trabajadores de la empresa tienen un 10 por ciento de descuento para la compra de acciones, con un interés anual del ocho por ciento y un plazo de ocho años para pagar, pero hasta ahora sólo resta precisar con la empresa cuándo iniciará esta venta.
Contrario a la privatización de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones, donde los trabajadores fueron beneficiados con un porcentaje donado, en el caso de Enel el gobierno no donó parte de las acciones al personal de la empresa eléctrica.
Sin embargo en otros países ha habido descuentos del 20 por ciento con plazos de 12 y 15 años y hasta dos años de gracia, agregó.
CONFÍAN EN RESOLUCIÓN CSJ
Actualmente existen tres recursos por inconstitucionalidad en contra del proceso de privatización que se espera sean resueltos por la Corte Suprema de Justicia en octubre.
“Insistimos en el tema de los recursos. Si la Corte ordena hacer una nueva ley (de privatización) la tendría que hacer la Asamblea Nacional y nosotros ya tenemos una propuesta de Ley para proteger los derechos de los trabajadores y ciudadanos”, expresó Carrión.
De lo contrario, señaló que los trabajadores se dedicarán a que los nuevos dueños de Enel respeten la estabilidad laboral y el convenio colectivo, así como su participación accionaria.
OTRA PROPUESTA
En febrero de este año, los trabajadores introdujeron en la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley de protección a los derechos ciudadanos y laborales de los trabajadores.
– Este anteproyecto será propuesto a la Asamblea si la CSJ resuelve que el decreto presidencial que aprueba la privatización de Enel es inconstitucional.
– Ahí se plantea la venta del 20 por ciento de las acciones con un cinco por ciento donado.
– También se propone un marco jurídico para que los fondos de la venta de Enel fueran destinados a electrificación rural, educación, salud y producción agrícola, porque el gobierno aún no presenta un plan concreto para ese dinero.
