Luis Sánchez Sancho
El general (retirado) joaquín cuadra lacayo anunció que no aceptará el financiamiento estatal para la participación de su partido en las elecciones. Cuadra, quien aspira a ser presidente de la República, dijo que ese financiamiento promueve la corrupción y que una población tan pobre no puede darse ese “lujo”.
Este planteamiento resulta atractivo, considerando la gran inconformidad que hay por la “liberalidad” con que los políticos gastan los recursos que les otorga el Estado. Para no ir lejos, en la campaña de 1996 un candidato “perdió” en el camino del Consejo Supremo Electoral a su partido, la plata del financiamiento que había recibido. Después, casi todos los partidos que no eligieron ni un diputado y que de acuerdo con la ley debían devolver el dinero, no lo devolvieron.
Pero el hecho de que algunos o todos los partidos no hagan buen uso de los fondos públicos recibidos, no significa que ese financiamiento sea en sí mismo perverso y que por lo tanto sería mejor suprimirlo. Lo malo es que han faltado o no se han aplicado mecanismos adecuados para garantizar que sea utilizado correctamente; como también ha sido perniciosa la proliferación de partidos sin suficiente respaldo popular, algunos inclusive inventados para conseguir el financiamiento; aunque esto último ya fue resuelto con la nueva Ley Electoral que sólo reconoce como partidos a los que presenten al menos el 3% de firmas de ciudadanos del padrón electoral, aparte de que deben obtener el 4% del total de votos válidos, en las elecciones en curso, para conservar su personalidad jurídica y recibir el financiamiento estatal.
En realidad, la propuesta de Cuadra de suprimir el financiamiento estatal a las campañas de los partidos (que ha sido apoyada por el líder del Partido Liberal Democrático, José Antonio Alvarado), es atractiva pero perjudicial y retrógrada. Primero, porque de ser aprobada sólo participarían en las elecciones los “chelitos” y los “altotes”, o sea las personas que tienen plata, o quienes ellos decidan. Y la corrupción sería peor, porque los ricos cobran con creces las dádivas a los políticos: prebendas, preferencias en las contrataciones con el Estado, etc.
Segundo, porque la dependencia de los partidos respecto de los millonarios haría desaparecer el derecho de los ciudadanos a la participación política, como candidatos y como funcionarios electos popularmente. Como dice Karl Loewestein (Teoría de la Constitución), “la desigualdad de los partidos y de los candidatos en los medios de que disponen para la campaña electoral (…) tiene una importancia decisiva para el resultado de una elección. Sería desde luego una exageración afirmar que el partido mejor dotado financieramente debe ganar con toda seguridad la elección. Sin embargo, desde el principio tiene una ventaja sobre sus rivales menos ricos (los pobres quedan eliminados de antemano, nota del articulista), que no es fácil superar ni aún con los más poderosos y brillantes contra argumentos”.
El financiamiento estatal a los partidos que participan en las elecciones es un principio democrático de derecho y se basa en que la elección es el medio que tiene el pueblo para seleccionar a sus gobernantes. Pero a fin de que la elección sea democrática, se debe garantizar la igualdad de oportunidades. Si hay desigualdad económica no hay ninguna otra igualdad. De modo que el propósito de financiar las campañas de los partidos es asegurar los principios de igualdad, independencia y participación democrática.
O sea que si fuera aceptada la propuesta de Cuadra apoyada por Alvarado, sólo los “chelitos” y los “altotes”, o sus escogidos, podrían ejercer los cargos públicos, lo cual significaría retroceder a la época del voto censitario, cuando sólo participaban en política, votaban y eran electos, quienes poseían dinero y propiedades.
En realidad, lo que se debería hacer no es suprimir el financiamiento de los partidos, sino aplicar los mecanismos legales que garanticen su uso honesto y equitativo, que los recursos sean distribuidos entre todos los candidatos y no sólo entre las cúpulas, y que los partidos seleccionen a sus candidatos con procedimientos genuinamente democráticos.
Hacer lo que propone el general retirado Joaquín Cuadra sería como matar a la criatura porque se ensucia, en vez de lavarla y educarla para que no se siga ensuciando. Es cierto que en los últimos años hemos ido para atrás, pero, ¡hombre!, que no sea para tanto.
