El titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público hace un flaco servicio al Sistema Financiero, al escudarse tras el “sigilo bancario” para no entregar a la Contraloría General de la República la copia del informe que auspició el Banco Mundial sobre la venta del 51% de las acciones del Banco Nicaragüense (BANIC). De igual modo, el año pasado el gobierno impidió que la Contraloría auditara a dicha entidad financiera, también con el pretexto del sigilo bancario. De manera que con esa falta de transparencia el gobierno induce a mucha gente a creer que el secreto bancario fue creado para encubrir actos de corrupción.
Pero, en realidad, el objeto del principio y norma del sigilo bancario no es ocultar a la ciudadanía, y mucho menos a la Contraloría General de la República, información sobre los negocios gubernamentales, que son de interés público, como por ejemplo la venta parcial del BANIC.
El sigilo bancario es un mecanismo legítimo y respetable creado para proteger los intereses de las personas naturales y jurídicas que hacen sus negocios -honrados y lícitos, por supuesto- por medio de las instituciones financieras. Se trata de una condición absolutamente válida del funcionamiento de los bancos, que se basa en el principio de confianza del cliente hacia el banquero, el que a su vez tiene la obligación profesional de guardar silencio respecto a los negocios que se le confían.
En otras palabras, el secreto bancario no fue concebido ni legislado, en ninguna parte del mundo, para que el banquero pudiera convertirse en encubridor de conductas irregulares y negocios ilícitos, ni de los clientes ni de los mismos banqueros. Si en algunas ocasiones, banqueros, clientes y funcionarios públicos inescrupulosos se han aprovechado y aprovechan maliciosamente del sigilo profesional para encubrir y proteger dinero dudosamente obtenido, eso es un abuso y no la correcta aplicación de dicha regla del sistema bancario.
Precisamente, la semana pasada estalló en Suiza otro escándalo por el abuso que hacen algunos bancos con el sigilo bancario. En efecto, la Comisión Federal Suiza de la Banca informó que había amonestado enérgicamente a Credit Suisse y dos de sus bancos subsidiarios, Hofmann y Bank Leu, y que tres bancos más están siendo investigados por cometer “serios errores” en el manejo de unos 250 millones de dólares, que forman parte de una fortuna de 2 mil millones de dólares habida por el ex dictador militar de Nigeria, Sani Abacha, mientras estuvo en el poder.
La banca suiza ha sido frecuentemente acusada de ser muy generosa con el secreto bancario, en beneficio de depósitos de dudosa procedencia. Pero últimamente (en 1997) las autoridades de Suiza adoptaron una de las leyes más estrictas del mundo contra el lavado de dinero, y otras disposiciones para suspender el secreto entre banco y cliente en los casos de investigación de lavado de dinero, pertenencia a organizaciones criminales, robo y fraude impositivo, depósitos de ex gobernantes corruptos, e inclusive en casos no transparentes de quiebras, herencias o divorcios.
De manera que ahora, quienes aprovechan en su beneficio particular las privatizaciones y en general sus accesos a los recursos públicos, si quieren alojar en Suiza los recursos obtenidos por medios corruptos no podrían apelar al secreto bancario para proteger el dinero mal habido. Por supuesto que estamos hablando de Suiza, no de Nicaragua.
Estamos claros, en lo que se refiere al caso del BANIC, que los intereses de sus clientes particulares deben ser protegidos por el secreto bancario. Sin embargo, todo lo que tiene relación con la venta anterior del 51% de sus acciones que pertenecían al Estado y con la venta próxima del restante 49%, así como con la participación de funcionarios y ex funcionarios públicos en las operaciones de privatización del BANIC y de cualquier otra entidad pública, la Contraloría y los ciudadanos tienen que ser debidamente informados.
Si la venta millonaria del 51% de las acciones del BANIC fue honesta y transparente, ¿por qué el gobierno no quiere pasar el informe correspondiente ni siquiera a la -“su”- Contraloría General de la República?
