- Abogado Cano dice que quieren juzgarlo dos
veces por el
mismo delito
Janelys Carrillo Barrios [email protected]
El abogado Noel Alonso Cano puso en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Tribunal de Apelaciones de Managua, y dos organizaciones de Derechos Humanos, la supuesta violación de sus derechos por parte de la Jueza Segunda de Distrito del Crimen, Flavia Solís Montiel.
Semanas atrás, la judicial abrió juicio contra Alonso Cano y Floramina Valle por los supuestos delitos de estafa, estelionato y falsificación de documentos, acusación que la Corte de Apelaciones capitalina conoció dos años atrás, y mandó archivar ante el desistimiento de la parte acusadora.
Ante lo ocurrido, Alonso Cano recurrió a la Sala Penal de la Corte de Apelaciones de Managua, donde presentó una acusación formal en juicio especial de responsabilidad con formación de causa en contra de la Jueza.
LA PRENSA trató de conocer la versión de la judicial, pero en su despacho informaron que se encontraba realizando una inspección fuera del complejo judicial.
El abogado Cano asegura que la apertura del juicio en su contra por parte de la Jueza Flavia Solís, a sabiendas que la instancia facultada para investigarlo no es ella sino el Tribunal de Apelaciones, es una maniobra para separarlo del caso que como parte acusadora impulsa en el juicio contra el ex juez suplente Walter Solís.
Alonso Cano asegura que la judicial tiene interés personal en afectarlo, pues señala que pese a haber nombrado a Danilo Guido como su abogado defensor, ella no le ha discernido el cargo ni notificado las diligencias que ha dictado en la causa, dejándolo en indefensión absoluta.
También refiere que aunque Solís tiene pleno conocimiento de su condición de abogado, giró orden de retención migratoria en su contra y continúa instruyendo el caso, por lo que interpuso una queja ante la Comisión de Régimen Disciplinario de la CSJ.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), también fueron informados de lo ocurrido. El quejoso recusó a la judicial Solís para que se separe de conocer el caso, alegando “interés personal desmedido” en el mismo.
