Ernesto Leal
Muchos podrían creer que la batalla para impedir la inhibición de Pedro Solórzano era sólo un asunto de naturaleza individual o partidaria. Habrá quienes pensarían que se trataba de un capítulo más en el juego político en Nicaragua y que al finalizar no tendría mayor trascendencia en la vida nacional.
Grave error. Los nicaragüenses debemos preguntarnos muy seriamente qué ha significado haberle cerrado las puertas a un ciudadano en su derecho a presentarse como candidato a las próximas elecciones municipales. Preguntarnos quiénes son los que van a perder con todo esto. ¡La verdad es que ha perdido Nicaragua; hemos perdido todos!
Si a un ciudadano se le niega tan burda y arbitrariamente su derecho establecido constitucionalmente de aspirar a un cargo de elección popular, no estamos ante un agravio privado; estamos ante un atentado a la democracia misma, al Estado de Derecho, a la institucionalidad mínima que debe existir en un país que aspira a regirse por el juego democrático.
La inhibición de Pedro Solórzano es a su vez la negación de los derechos de todos y cada uno de nosotros. Nos perjudica a todos, a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestro barrio, a nuestro municipio. En fin, es una mancha que se extiende y va contaminando a Nicaragua entera. Usted podría pensar que no le afecta, pero sí le afecta porque esta inhibición podría ser, si lo permitiéramos, la punta de lanza de un sinnúmero de futuras arbitrariedades que puedan darse en materia electoral, durante los dos procesos que se avecinan, por un Consejo Supremo Electoral totalmente politizado, a las órdenes de los intereses del PLC y el FSLN.
Temor a Pedro; repartición y pacto; irrespeto a ley; flagrante intervención del Ejecutivo en los otros Poderes; remedos de dictadura; falta de oposición; agotamiento y cansancio; indiferencia; inversión de valores… En realidad ¿qué es lo que pasó en todo este asunto de Pedro?
Todo comenzó cuando Pedro rechazó con mucha inteligencia y dignidad, ser candidato oficial por el desgastado Partido Liberal Constitucionalista. Ahí comenzó el calvario de Pedro y la burla y menosprecio a nuestra institucionalidad. A partir de ahí una Asamblea Nacional obediente al Ejecutivo, excluyente y sumisa, reformó y retorció leyes dirigidas específicamente para evitar, suspender e inhibir la participación de personas y/o partidos en el proceso electoral.
Grave error, como señalábamos al inicio, que traerá inevitablemente un ejemplificante voto castigo que evite el colapso institucional, ante el enorme deterioro social y económico y de la lastimosa imagen de nuestro país frente a la comunidad donante y países amigos, quienes han visto con gran preocupación la forma irresponsable en que se ha venido conduciendo este absurdo proceso inhibitorio.
Por ello hoy más que nunca el Partido Conservador debe ser el aglutinante y receptor de ese descontento popular haciendo eco del llamado que hizo Pedro Solórzano al civismo y a que el pueblo de Nicaragua manifieste su rechazo a esos dos partidos que quieren acabar con nuestra incipiente democracia, preparándonos para dar el voto por el regreso de la decencia en el gobierno y por el fortalecimiento de nuestra democracia, votando por los candidatos del Partido Conservador.
* El autor fue canciller de la República.
