El orgullo de gran potencia, la soberbia nacional o la razón de Estado, como se le quiera llamar, fue lo que impidió rescatar con vida a todos o al menos a una parte de los 118 tripulantes del sumergible atómico ruso Kursk, que se accidentó hace una semana en el helado mar de Barents.
En realidad, ¿qué más que el orgullo de gran potencia o la “razón de Estado” podía impedir que el gobierno solicitara a tiempo la ayuda internacional indispensable para rescatar a los tripulantes del Kursk? ¿De qué otra manera se puede comprender que el gobierno de Vladimir Putin aceptara la ayuda extranjera cuando ya era demasiado tarde, obligado por la opinión pública rusa e internacional y por el clamor de los familiares de los submarinistas accidentados?
Según lo ha denunciado la prensa rusa e internacional, el “orgullo nacional” no le permitía al alto mando del Kremlin admitir la incapacidad de Rusia para salvar a sus propios hombres, ni dejar que otras potencias conocieran los “secretos” de la submarinística nuclear rusa, aparte del interés en ocultar el catastrófico atraso de la armada rusa.
Pero la verdad es que no sólo los gobernantes rusos son capaces de sacrificar la vida de sus ciudadanos, con tal de proteger lo que ellos consideran que son los “superiores intereses del Estado”. A lo largo de la historia y en todas partes del mundo, el poder del Estado siempre fue colocado por encima de los intereses de los individuos y de la vida humana. Lo cual sigue ocurriendo en nuestra época a pesar de los grandes progresos de la democracia y de las doctrinas de derechos humanos, sobre todo en los países que tienen una fuerte tradición de autoritarismo, la cultura democrática es débil y el poder ciudadano prácticamente no existe.
En el estricto sentido de la ciencia jurídica, la razón de Estado es un concepto positivo, significa que en el desarrollo de la política estatal lo que prevalece o debe primar no es el interés de unos pocos, ni de un Gobierno, partido o grupo de intereses, sino la razón de todos los ciudadanos. Algunos teóricos del derecho público definen el interés de Estado como la socialización de la razón, que florece en la edad madura de la política, o sea, en la democracia.
Pero en la realidad no ocurre así. En la práctica el llamado interés o razón de Estado es sólo un pretexto de los gobernantes y regímenes despóticos para imponer su voluntad y sus conveniencias, aún a costas de mancillar la dignidad humana y de sacrificar la vida de las personas de su mismo país, como se ha visto tantas veces en la historia y como lo ha presenciado ahora la humanidad, en el dramático caso de los submarinistas rusos atrapados en el fondo del helado mar de Barents dentro del enorme ataúd metálico en que se convirtió el submarino atómico Kursk.
Apenas 15 días antes de que ocurriera el trágico accidente del submarino nuclear Kursk, el presidente ruso Vladimir Putin había proclamado en un discurso que la Armada (la cual incluye la flota de sumergibles nucleares) es “el símbolo de un Estado ruso fuerte y el pilar de su capacidad de defensa”. Pero muy mal debe andar esa capacidad defensiva de Rusia si descansa en una flota que en los últimos 10 años se ha reducido en unos 1,000 barcos, y de los 28 submarinos nucleares que le quedan sólo 14 funcionan, pero en dudosas condiciones como lo demuestra el accidente del Kursk ocurrido la semana pasada.
Esa realidad no la puede cambiar el orgullo de gran potencia. Así como el despiadado interés del Estado tampoco puede justificar el sacrificio de los 118 tripulantes del submarino nuclear Kursk, a quienes, por la demora del gobierno ruso en solicitar la ayuda extranjera para rescatarlos, sólo los podía salvar un milagro bíblico como el que salvó a Jonás, quien fue tragado por una ballena pero ésta lo expulsó hacia tierra por orden de Yahvé.
