- Nicaragua aparece en tercer lugar, muy por debajo de Guatemala y El Salvador
RICARDO CUADRA GARCÍA [email protected]
El problema de las armas en manos de civiles no es exclusivo de Nicaragua. En el resto de países del istmo también circulan de forma ilegal armas de todo calibre y de todo tipo, las cuales se utilizan en la ejecución de diversos delitos. No en vano, el último Informe Mundial de Desarrollo 2000, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), calificó esta área como la “región más violenta” del hemisferio occidental.
De acuerdo a cálculos extraoficiales, basados en algunas encuestas de opinión pública y de “victimización”, en El Salvador existen unas 400 mil armas en poder de personas civiles. Esto significa que una de cada diez personas mayores de trece años posee un arma de fuego.
Según la Fundación Arias sólo la tercera parte de éstas, unas 145 mil, están debidamente registradas, el resto no. Otro detalle importante es que solamente el 20% de las armas registradas provienen del mercado legal, el resto del comercio ilegal o de las que quedaron circulando después de la guerra que finalizó en 1992.
Cada año ingresan a ese país centroamericano un promedio de 1,300 armas, entre cortas y largas, y más de 3,500 municiones, las que se distribuyen en su mayoría entre personas particulares y no entre empresas privadas o personas jurídicas.
El año pasado y lo que va del 2000, el 75% de las muertes por homicidio, registradas en el llamado “Pulgarcito de América”, fueron provocadas por armas de fuego. La mayor parte de estas muertes ocurren en los lugares o departamentos donde hay más armas en manos de la población: San Salvador, Santa Ana, La Libertad y San Miguel.
En El Salvador, a su vez, el gobierno ha registrado unas 80 empresas de seguridad privada con 17,000 agentes. En ese país una gran parte de las empresas de seguridad privada no llevan inventario del armamento que utilizan para sus labores, lo que representa grandes oportunidades para el tráfico ilegal.
Mucho se sospecha de las decenas de empresas de seguridad ilegales o fantasmas que existen en El Salvador, en la participación de este delito por el hecho de que muchos de los dueños y efectivos de estas empresas son militares o ex militares y compran regularmente lotes de armas.
El caso Guatemala
Según estimaciones hechas por las propias autoridades del Ministerio de Gobernación de Guatemala, hay 1.5 millones de armas en circulación sin el debido permiso de portación extendido por la oficina correspondiente. Adicionalmente hay 147,581 armas legalmente registradas, las que pertenecen a 57,722 propietarios.
Debido a la inseguridad en ese país operan alrededor de 200 empresas de seguridad privada, integradas por una fuerza de 35,000 agentes, por encima del número de efectivos que cuenta el Ejército de ese país, el cual es de 31,423 miembros, y el doble de elementos de la Policía Nacional Civil que registra 14,800 elementos.
El caso Honduras
El Ministerio de Defensa y la Dirección General de Investigación Criminal desconocen la cantidad de armas que circulan a nivel nacional en Honduras, según el informe “Honduras: armamentismo y violencia”, elaborado por Julieta Castellanos.
En 1996 el Ministro de Defensa declaró a la prensa que entre 1985 y 1992, esa dependencia había otorgado 18 mil permisos para portar armas y, que entre 1993 y 1995 se habían otorgado 9,500 permisos más. No obstante, el Ministro de esa cartera admitía que los registros no eran fieles.
El Fiscal General declaraba, en el mismo período, que unos 67 mil fusiles AK-47 circulaban en manos de particulares y el director de la DGIC declaraba que muchas personas tienen lanzacohetes, fusiles 3-16 y explosivo militar C-4.
En Honduras operan unas 80 empresas de seguridad privada, en las que trabajan un total de 7,550 guardias de seguridad. Esa cantidad se aproxima al número de policías que dependen del Ministerio de Seguridad, cuya cifra supera los 8,000 agentes. Las empresas de seguridad privada tienen registradas 4,726 armas de diferentes modelos y calibre.
Costa Rica no escapa al fenómeno
Mientras en Costa Rica, alrededor del 10% de la población asegura que ha adquirido un arma como medida para defenderse de la delincuencia. “Eso indica que la población tiene un alto sentimiento de inseguridad”, indica textualmente un estudio del Programa del Estado de la Nación del PNUD.
Según esta tesis, en Costa Rica -en el período 1983-1985- los homicidios cometidos por armas de fuego representaron el 48.87% del total de homicidios, mientras que en el período 1995-1997 el porcentaje se elevó a 53.99%.
Entre 1989 y 1999, el Departamento de Control de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad matriculó 43,241 armas de fuego. El crecimiento de armas matriculadas durante ese período fue del 192%. En su mayoría se registraron pistolas y revólveres y las matrículas fueron realizadas por personas físicas.
Entre los años 1994-1998 el personal de seguridad privada inscrito se elevó en Costa Rica en un 268%. En abril de este año la Dirección de Servicios Privados de Seguridad reportó un total de 304 empresas, aunque sólo 102 de ellas inscritas al día.
El caso Panamá
Según Vicente Archibold Blake, de “Servicio Paz y Justicia de Panamá”, es difícil establecer una estadística sobre la existencia de armas de fuego en el país canalero, porque la información no es debidamente suministrada de manera adecuada por los distintos organismos estatales involucrados en la temática.
“En la mayor parte de los casos en la que intentamos conseguirla, se antepuso el argumento de que la misma era material secreto”, afirmó en un simposio centroamericano celebrado recientemente en Guatemala.
“Sin embargo, de conformidad con información fragmentada, nos atreveríamos a decir que es posible que entre la ciudadanía circulen más de 300 mil armas livianas, entre las registradas, no registradas y las de fabricación casera, que vienen a constituir una nueva modalidad, por lo que consideramos que la cifra es conservadora”.
(Fuente: Página web de la Fundación Arias)
