- Casos Interbank y CONAGRA pasarían a proceso civil
María Antonia López M. [email protected]
El juicio criminal basado en la denuncia que interpusiera la Procuraduría Penal de Justicia en el Juzgado Octavo del Distrito del Crimen contra la Junta Directiva del Banco Intercontinental (Interbank), y los representantes de CONAGRA podría suspenderse si éste pasa a un proceso civil.
Tal situación al parecer se ventila en las negociaciones que el Frente Sandinista está sosteniendo con las autoridades de gobierno que manejan el sistema financiero nacional y llevan a cabo las investigaciones sobre las acciones fraudulentas cometidas en Interbank que ameritaran la intervención de la Superintendencia de Bancos (SIB), el lunes pasado a esa entidad financiera.
Daniel Ortega, secretario general del Frente Sandinista, indicó ayer que parte de la solución al problema que se presenta con la crisis financiera nacional a partir de la intervención al Interbank es resolver los casos de denuncia que se ventilan en los juzgados capitalinos contra la entidad bancaria y los representantes de CONAGRA.
Al respecto, Ortega dijo que “en la medida que se supere en los juzgados se estaría desactivando otro elemento para lograr la estabilidad financiera”, de no ser así, “allí se estaría metiendo ruido en el sistema financiero”.
Julio Centeno Gómez, Procurador Penal de Justicia, explicó a LA PRENSA que la tarde de este viernes, una de las partes acusadas, solicitó a la Jueza Rafaela Urroz, quien preside el tribunal Octavo del Crimen un “incidente de competencia” para que el caso no sea llevado por la causa criminal y sea trasladado a la vía civil.
En Nicaragua las leyes judiciales indican que las causas civiles no deben ser llevadas en tribunales criminales. Los abogados del CONAGRA dijeron en conferencia de prensa, días antes, que la SIB y la Procuraduría podrían declarar causa penal si el ofendido fuese el Estado, pero entre particulares no tienen competencia.
Esta es la pieza clave, que al parecer se estará utilizando para ventilar el caso por la vía civil, donde se admite una componenda entre las partes u “oportunidad de arreglo”, y todos los acusados podrían quedar libres de proceso alguno.
Esta situación sólo es posible si la Jueza Rafaela Urroz, admite la solicitud, cosa que ya fue aceptada, para iniciar un proceso de investigación entre las partes, y finalizar con una declaración en la que se admite o rechaza su competencia para continuar por la vía criminal o trasladar el caso por el curso civil.
Según Centeno, convertir este caso en una causa civil “es peligroso” porque la estafa es un delito intelectual que amerita revisiones y auditoriajes profundos para evitar que puedan repetirse.