Sheldon Richman
Washington (AIPE)- El presidente Bill Clinton puede haber conseguido su “legado”, con el apoyo del Congreso con mayoría republicana. ¿Cuál legado? Meter a Estados Unidos en la guerra civil colombiana a través de una inyección de 1300 millones de dólares en dinero y equipos militares, incluyendo helicópteros de combate y cientos de pilotos y “asesores”. Y ¿por qué lo hace? Porque él y sus aliados republicanos lo consideran necesario para proseguir la guerra contra las drogas dentro de Estados Unidos.
Esa es la lógica tras la guerra contra las drogas, la cual –desde luego-, es una guerra contra la gente.
Colombia es el escenario de continua violencia, de parte de los guerrilleros de izquierda, las milicias y las fuerzas armadas del gobierno. Los campesinos, mientras tanto, se ganan la vida cultivando coca, la cual es convertida en cocaína para el mercado estadounidense. El 80% de la cocaína que se consume en este país proviene de Colombia. Entonces, el gobierno de Washington quiere impedir que los campesinos colombianos cosechen coca, sobre la base de que dejaría de venderse cocaína en las calles de las ciudades norteamericanas. Los guerrilleros protegen a los campesinos productores de coca y se han asociado al negocio más lucrativo de todos los tiempos, mientras que las milicias se asociaron con los grandes cultivadores.
Según reporta The Observer, lo aprobado por el Congreso de Estados Unidos incluye el financiamiento de fumigaciones de los campos de coca colombianos con el herbicida EN-4, el cual se utiliza para elaborar armas químicas y dañará a la vegetación sudamericana -no sólo a las plantaciones de coca- y causará enfermedades en la población. Pero como decían los bolcheviques, “no se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos”.
Es tremendamente ingenuo creer que con destruirle la manera de ganarse la vida a los campesinos colombianos se va a terminar con el narcotráfico. Por el contrario, ha sido la prohibición lo que causó el inmenso auge del mercado negro en drogas.
Esta cruzada idiota no ha impedido el narcotráfico, pero sí se ha utilizado para violar los derechos constitucionales de la ciudadanía, violando los hogares y la privacidad financiera de la gente, al mismo tiempo que ha convertido a los barrios más pobres de las grandes ciudades norteamericanas en devastados campos de batalla y le ha dado la excusa a nuestros políticos para tratar de convertir a nuestras fuerzas militares en los policías del mundo entero.
Vamos a estar claros. La gente tiene el derecho de ingerir lo que le dé la gana. Lo que no tienen es el derecho a violar los derechos de los demás, estando sobrios, borrachos o drogados. La guerra contra las drogas es un concepto fundamentalmente antiamericano: un gobierno que nos dice lo que podemos o no podemos consumir.
Aunque yo creo que consumir drogas es una acción estúpida y autodestructiva, también creo que a la gente de un país libre se le debe dejar en paz, sin ser perseguida por la policía, hasta tanto alguien viole los derechos de un tercero.
Nadie tiene la autoridad moral de hablar de libertad mientras no denuncie la terrible guerra contra las drogas. ©
Director de la revista “Ideas on Liberty” y académico del Future of Freedom Foundation.
