De 51 solicitudes de impugnación solamente tres fueron aprobadas

Consuelo Sandoval [email protected] De 51 solicitudes de impugnación interpuestas ante el Consejo Supremo Electoral (CSE), por ciudadanos particulares y representantes de organizaciones políticas, solamente tres fueron admitidas, según resolución de ese Poder del Estado en la sesión número 13 del 8 de agosto pasado. Además de la inhibición del candidato conservador Pedro Solórzano, también quedaron […]

Consuelo Sandoval [email protected]

De 51 solicitudes de impugnación interpuestas ante el Consejo Supremo Electoral (CSE), por ciudadanos particulares y representantes de organizaciones políticas, solamente tres fueron admitidas, según resolución de ese Poder del Estado en la sesión número 13 del 8 de agosto pasado.

Además de la inhibición del candidato conservador Pedro Solórzano, también quedaron fuera de la contienda electoral, Sócrates Pérez Arévalo y Fátima Danelia Lumbí García, en representación de los partidos Liberal Constitucionalista (PLC) y Conservador (PC), excluidos de participar en las elecciones municipales de noviembre próximo por las autoridades del Consejo Supremo Electoral, debido a que no cumplieron con lo preceptuado en los artículos 173 y 178 de la Constitución Política de la República.

En el caso de Pérez Arévalo, candidato a la Alcaldía de Diriá por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), impugnado por la ciudadana Ana María Narváez, los magistrados resolvieron impedir su participación como candidato municipal porque el Ministerio de Gobernación confirmó que posee nacionalidad norteamericana con el pasaporte número Z-4532098/24637088.

En cambio, Lumbí García, postulada por los conservadores para competir por la Vice Alcaldía de Muy Muy, Matagalpa e impugnada por el PLC, quedó inhibida porque su residencia habitual es la comarca, ubicada en el kilómetro 35 _ entre Granada y Masaya, además de no contar con los 21 años de edad para ostentar ese importante cargo.

Las restantes 48 impugnaciones, recibidas por la Dirección de Atención a Partidos Políticos, fueron declaradas sin lugar por los siete magistrados del CSE, quienes consideraron que no tenían sustento legal.  

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