El martes recién pasado, en la noche, se consumó uno de los puntos más importantes del pacto entre el PLC y el FSLN: la eliminación oficial del señor Pedro Solórzano como candidato a la Alcaldía de Managua en las elecciones del 5 de noviembre próximo. Los siete magistrados producto del contubernio libero sandinista que integran el Consejo Supremo Electoral (CSE), votaron unánimemente para sacar de la contienda política al candidato del Partido Conservador. El voto del CSE es la culminación de toda una trama que empezó a tomar forma en las reformas que los pactistas le hicieron a la Constitución Política a principios de este año.
Se recordará que antes de esa reforma, la Constitución establecía en el Artículo 178 que para ser candidato a alcalde se requería, entre otras calidades, “haber nacido en el municipio por el cual se pretende salir electo, o haber residido en él, los últimos dos años”. Pedro Solórzano reunía ambos requisitos, pero como el PLC y el FSLN querían a toda costa eliminarlo, pretendieron introducir un cambio en ese Artículo cambiando la “o” por una “y”, previendo que en el futuro crearían el municipio de El Crucero y de esa manera forzarían a Solórzano a quedar fuera del Municipio de Managua. Sin embargo, vieron que no podrían lograr su propósito por esa vía, ya que el Artículo 178 no había sido modificado en la legislación anterior, y la Constitución Política exige que cualquier reforma de la misma tiene que ser aprobada en dos legislaturas. Entonces decidieron introducir la traba en el Artículo 173 que sí había sido objeto de reforma en la legislatura anterior. Como la diputada sandinista Mónica Baltodano advirtió que eso no podía hacerse porque crearía una contradicción con el Artículo 178, los pactistas optaron por introducir en las reformas una burda disposición transitoria que al final de cuentas reformó el Artículo 178 que –como hemos visto– no podía ser reformado. Un descarado atropello a nuestra Carta Magna, pero ¿qué importaba? Lo importante para los pactistas era sentar las bases para eliminar a Pedro Solórzano, una persona que ha demostrado –tanto en las elecciones edilicias del 96, como en todas las encuestas de opinión– gozar de la simpatía y el aprecio de los managuas.
Posteriormente, los pactistas crearon el Municipio de El Crucero, teniendo el cuidado de que INETER trazara el límite del nuevo municipio de forma tal que la casa de habitación de Solórzano quedara 400 metros fuera del Municipio de Managua, para poder aplicarle el Artículo 173 reformado. Eso es lo que hizo antenoche el CSE, en una obvia aplicación retroactiva de la ley.
Alemán y Ortega consiguieron lo que querían: que Pedro Solórzano no fuera candidato a Alcalde de Managua. Ambos individuos no tuvieron empacho en manosear la Constitución Política para ajustarla a sus intereses personales y partidarios. Demostraron además no estar dispuestos a permitir que sus candidatos compitan en buena lid, sin zancadillas ni ventajismos, pero sobre todo, demostraron un desprecio sin límite por la democracia y por la voluntad popular.
Cada día que pasa se oscurece más el panorama de las futuras elecciones. Todo el Consejo Supremo Electoral, presidido por el magistrado Roberto Rivas, ha demostrado ser lo que ya sabíamos: un sumiso instrumento de la voluntad de Alemán y de Ortega. El CSE está siguiendo los pasos de su homólogo peruano que hace poco presidió una de las elecciones más sucias y corruptas que se han visto en ese país. Qué lastima que el CSE nicaragüense no siga el luminoso y reciente ejemplo del Instituto Federal Electoral de México.
Pero éste no es el momento de desfallecer. Este triste y vergonzoso episodio de nuestra historia política que han escenificado el PLC y el FSLN a través del CSE, debe servir para que el pueblo refuerce sus convicciones democráticas, para que conozca a quienes están ensuciando y quieren detener el proceso hacia la libertad y la democracia que se inició en 1990, y para que abra bien los ojos a la hora de votar en las próximas elecciones.
