(AFP)
PANAMA.- La Presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, alabada en los últimos 10 meses por rechazar las leyes que restringen la libertad de prensa, enfrenta ahora duras críticas por sancionar una ley orgánica de la Procuraduría de la Administración que restringe el acceso a información pública.
La ley fue repudiada por los principales periódicos y televisoras del país, así como por la Defensoría del Pueblo, la organización Reporteros sin Fronteras de Francia y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), por “atentar contra los medios” y restringir el acceso a la información pública.
El presidente del Forum de Periodistas por la Libertad de Expresión, Octavio Amat, afirmó que la nueva ley “es más dura que todas las leyes-mordaza que legó la dictatura -el régimen militar que gobernó el país entre 1968 y 1989- y que fueron parcialmente derogadas”.
El artículo 70 de la ley orgánica de la Procuraduría de la Administración establece que a un expediente sólo tendrán acceso los funcionarios que lo tramitan, las partes interesadas, sus apoderados y los pasantes debidamente acreditados por escrito ante el tribunal “siempre que no se trate de información confidencial o de reserva que obedezca a razones de interés público, o que pueda afectar la honra o el prestigio de las partes interesadas”.
Igualmente advierte que la información confidencial o de acceso restringido “es aquélla que no puede ser difundida porque podría ocasionar graves perjuicios a la sociedad, al Estado o a la persona respectiva, como es el caso de negociaciones de tratados, convenios internacionales, seguridad nacional, situación de salud, ideas políticas, estado civil, inclinación sexual, antecedentes penales y policiales, cuentas bancarias y de otra naturaleza similar, que tengan ese carácter de acuerdo con una disposición legal”.
La Procuradora de la Administración, Alma Montenegro, explicó que la polémica ley establece que debe existir reserva en los documentos públicos o particulares “que sólo pueden ser conocidos por quienes tengan legítimo interés” para ello.
Agregó que la norma pretende garantizar también “la privacidad” de negociaciones internacionales “para no poner en peligro la seguridad nacional o particular”, lo que no afectará el derecho de la opinión pública a conocer las negociaciones o acuerdos firmados.
Según Montenegro, los medios de comunicación pueden ejercer su labor informativa pero “los funcionarios están en la obligación de mantener la reserva en aquellos casos que lo ameriten”.
La SIP divulgó este miércoles en Miami una carta enviada a Moscoso en la que se afirma que la ley “restringe el acceso a la información oficial y es incompatible a los postulados de la SIP en materia de libertad de expresión”.
“Señora presidenta, le exhortamos a que sea revisado el contenido de la Ley(…) que viola flagrantemente la libertad de expresión y el derecho del público a la información”, versa la misiva, enviada por el presidente de la Comisión de Libertad de prensa e información de la SIP, Rafael Molina, de la revista “Ahora” de Santo Domingo.
El defensor del pueblo, Italo Antinori, calificó la ley como “un nuevo episodio contra la libertad de expresión”, en una carta enviada al relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos(OEA), Santiago Cantón.
La nueva ley, aseveró Antinori, “constituye un retroceso para el Estado panameño”.
