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El proyecto de Ley de Participación Educativa, que legalizará el modelo de Autonomía Escolar puesto en práctica desde 1993, pasó sobre un nuevo tamiz.
El Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua recién concluyó un análisis minucioso sobre el proyecto de Ley que en mayo de este año introdujo el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) a la Asamblea Nacional.
El Foro Educativo considera que tal y como está planteada “no es en realidad una Ley de Participación Educativa de los actores educativos, sino una ley de desconcentración de algunas funciones administrativas que antes estaban en manos del MECD”, según se desprende de un informe.
Que la contratación de personal quede en manos del Consejo Directivo Escolar –como lo establece el acápite 10 del artículo seis de las “funciones y obligaciones” de ese Consejo–, es para el Foro de Educación un claro ejemplo de la delegación de responsabilidades que practicará el MECD.
Este mismo inciso ha sido cuestionado por otros sectores magisteriales. La Confederación General de Trabajadores de la Educación de Nicaragua, ANDEN-CGTEN, propuso que las contrataciones las haga el ministerio, pero que los Consejos Directivos Escolares puedan proponer al personal docente y administrativo que se contrate.
En cambio, el Bloque de Maestros Democráticos propuso que la contratación quede en manos de los directores de las escuelas, quienes son representantes del MECD en las escuelas.
Otra consideración del Foro de Educación, es que el proyecto de Ley cuenta con “un alto grado de vulnerabilidad y discrecionalidad”, porque 11 de sus 24 artículos serán reglamentados por el presidente, “quien para hacerlo no necesita someter su criterio a la opinión ciudadana”.
El Foro de Educación cree que técnicamente es un proyecto “mal formulado, contradictorio y frágil” y sin coherencia. De aprobarse la Ley hay situaciones que no quedan claras, como el rechazo que algunos centros escolares pudieran tener al régimen de Participación Educativa.
Miguel De Castilla, miembro del Foro, aclara que no se está en desacuerdo con la descentralización. Al contrario, “la demandamos y la defendemos”, sin embargo De Castilla cree que debe pasar por un proceso de consulta amplio, sugerencia que también han reiterado la Procuraduría Especial de la Niñez y la Adolescencia y la Coordinadora de la Niñez.
El experto dice que esta Ley debería inscribirse en una Ley General de Educación, que está engavetada en la Asamblea Nacional desde hace tres años. Y esa Ley General, a su vez debería inscribirse en un plan y una estrategia nacional. De los tres elementos, la estrategia es lo único concluido. Se presentó en septiembre del año pasado.
El Foro propone la inclusión de un nuevo artículo al proyecto de Ley que prohíba “terminantemente el cobro de aranceles de cualquier tipo y la realización de actividades financiadas por los padres de familia”.
El mismo artículo prohíbe además la “imposición de sanciones o la exclusión del estudiante de cualquier manera y forma, en los casos en que los padres de familia no contribuyan económicamente al mantenimiento del centro”.
Alrededor de la promoción de la Ley el MECD impulsa en la actualidad, una amplia campaña publicitaria a través de distintos medios.
