- El letal injerto de liberales y sandinistas, le está dando vuelta al carro de la
democracia para hundirlo en las
marismas de la politiquería rampante, de la imposición, de los fraudes
electorales, del continuismo
Mario Alfaro Alvarado
Primero sucedió en Nicaragua. En 1990 el pueblo impuso su voluntad en una votación libre y transparente, la primera en 169 años de vida independiente.
La segunda vez sucedió en México, el 2 de julio del 2000, cuando el pueblo en las primeras elecciones libres y transparentes, puso fin a 71 años de dictadura priísta. Habría que revisar la historia mexicana, es posible que ni siquiera antes de la Revolución de 1910 haya habido en el país azteca una elección tan limpia, libre y democrática como la que acaba de realizarse.
En uno y otro caso fue el pueblo, con sus votos, el que eligió, el que impuso el cambio, el que expresó su vocación por la democracia, el que castigó a los liberticidas, el que trajo nuevas esperanzas de renovación y progreso político, económico y social.
En ambas elecciones, el triunfo de la democracia sobre el continuismo se logró por la existencia, allá del Instituto Federal Electoral, negociado por el Presidente Zedillo y los partidos políticos; y aquí por la existencia del Consejo Supremo Electoral, nacido en las negociaciones de Esquipulas.
Ante México, de la mano de Fox y del Partido de Acción Nacional, podrá iniciar el camino hacia el desarrollo económico en un entorno de transformaciones democráticas. Se podrá reorganizar el Estado para convertirlo en un ente moderno, eficiente y capaz de enfrentar los retos de la globalización y del crecimiento demográfico. Los signos de la nueva época no podían ser más alentadores; la credibilidad en el gobierno, la confirmación del poder del voto, el mejoramiento de las perspectivas económicas, el refuerzo aunque modesto del valor de la moneda. Todo esto en tan sólo cinco días, los días en que las tensiones dominaban el ambiente, los días en que la fe venció a la incertidumbre, los días en que la campaña electoral parecía desbocar en confrontaciones violentas. Triunfó México, ganaron todos, como proclamó en forma sencilla, sin triunfalismos, el candidato ganador.
México marchará decididamente hacia el lugar que le corresponde entre las naciones del primer mundo y asegurará el progreso de sus habitantes. Y puede afirmarse que las elecciones del 2 de julio se repetirán una y otra vez en un prolongado cumplimiento de la consigna revolucionaria ¡Sufragio efectivo, no reelección!.
Será el triunfo permanente del Instituto Federal Electoral, descontaminado de políticas corruptas y partidismos parasitarios.
Felicidades por México y por los mexicanos. Ahora me pregunto: ¿hasta dónde llega el feliz paralelismo entre el reciente triunfo mexicano y el triunfo electoral de Nicaragua en 1990?
Dos elecciones limpias y democráticas en Nicaragua y se acabó la producción. Estamos volviendo a los males del pasado. El letal injerto de liberales y sandinistas, le están dando vuelta al carro de la democracia para hundirlo en las marismas de la politiquería rampante, de la imposición, de los fraudes electorales, del continuismo.
Ese Consejo Supremo Electoral, responsable de las dos jornadas democráticas y limpias de nuestra historia, está por desaparecer. Se lo han repartido los socios del pacto, se han convertido en instrumento político para repartir el botín a conveniencia de los pactistas.
Ya sabemos lo que vendrá: falsificación del proceso electoral y la imposición de candidatos exclusivos de los dos partidos coludidos. Si acaso como una leve muestra de condescendencia o más bien como artificio para engañar a la opinión internacional, porque a la nacional no la engañarán, le concedan a algún partido de esos despreciados por Alemán y Ortega, algunas alcaldías en los más pobres y marginados municipios del interior del país.
¿Cuál sería la solución? Aparentemente ninguna si se espera como iniciativa del gobierno. ¿Hay que resignarse a volver al pasado de los fraudes electorales, de la exclusión, de la imposición que establecerá el nuevo paralelismo?
¡Sí hay solución! Hay que cambiar por otros a los comisarios políticos que controlan el Consejo Supremo Electoral, convertido en una oficina particular del gobernante, por una institución seria y profesional, formada por personas honestas, apolíticas, orgánicamente independientes de los otros Poderes del Estado y cuya misión sea exclusivamente garantizar la limpieza, honestidad y transparencia de los procesos electorales. El Tribunal Electoral, cualquiera que sea el nombre que lo designe, debe ser, en verdad, el crisol donde se funde el metal de la democracia.
¿Se puede hacer ese cambio? No es tan difícil si el pueblo se lo propone.
El autor es periodista.
