- Delitos de lesa humanidad no pueden ser cubiertos por amnistía, según fallo de Corte Suprema
(AP, ACAN-EFE)
TEGUCIGALPA.- La Corte Suprema de Justicia resolvió que tres amnistías decretadas por la legislatura en 1987, 1990 y 1991 no benefician a 26 militares y policías, entre ellos nueve fugitivos, encausados por violar los derechos humanos en Honduras.
“Las amnistías violan la Constitución y no pueden ser aplicadas en el país”, dijo en rueda de prensa el vocero del Poder Judicial, Hernán Silva Baltodano.
“La decisión del máximo tribunal está apegada a la ley y fue adoptada por mayoría de votos”, agregó. Fue anunciada la noche del miércoles.
La Corte Suprema está integrada por nueve magistrados, siete del oficialista Partido Liberal, y dos del opositor Partido Nacional.
Los siete magistrados liberales votaron en contra de la amnistía. Los dos nacionalistas, en cambio, se abstuvieron.
Las amnistías fueron aprobadas en el gobierno de los presidentes José Azcona Hoyo, liberal, y Rafael Leonardo Callejas, nacionalista, y permitieron la repatriación entre 1990 y 1992 de más de 1,500 izquierdistas que durante 11 años se refugiaron en el exterior, tras haber sido perseguidos aquí por el ejército por razones ideológicas.
Silva Baltodano indicó que “las legislaturas se excedieron en sus funciones porque intentaron perdonar delitos de lesa humanidad… y eso no es correcto”.
La fiscalía general había declarado inconstitucionales las amnistías y desde hacía cinco años había interpuesto un recurso de amparo al respecto ante la Corte Suprema.
Los tribunales encausaron en julio de 1995 y junio de 1996 a los oficiales por violar las libertades públicas en dos casos ocurridos separadamente en 1982.
Un grupo de 10 efectivos de la policía y el ejército fue acusado de arrestar y torturar en cárceles clandestinas a seis estudiantes universitarios de izquierda, y otros 16 militares por asesinar a un nicaragüense y un hondureño que presuntamente vendían armas a la ex guerrilla salvadoreña.
Nueve militares están prófugos desde hace más de cinco años.
El gobierno culpó en 1993 al ejército de operar escuadrones de la muerte con el financiamiento de Estados Unidos, que entre 1969 y 1990 desaparecieron a por lo menos 185 personas en Honduras.
Entre las víctimas figuran 105 izquierdistas hondureños, 39 nicaragüenses, 28 salvadoreños, cinco costarricenses, cuatro guatemaltecos, dos norteamericanos, un ecuatoriano y un venezolano.
Las fuerzas armadas gobernaron Honduras durante casi 20 años, tras derrocar a tres presidentes civiles en 1957, 1963 y 1972. Abandonaron el poder en 1981.
Organismos de derechos humanos de Honduras calificaron de “histórico” el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la amnistía que favorece a militares acusados de cometer abusos en la década de los años 80.
“Es una decisión que esperábamos, conforme a derecho; es un hecho histórico”, afirmó la coordinadora del Comité de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva.
La coordinadora del COFADEH subrayó que “ahora lo que queda es proceder, que los juicios sigan su curso en los tribunales, y que el Ministerio Público siga interponiendo acciones en el Poder Judicial” contra militares implicados en abusos.
El general Mario Hung Pacheco, el último jefe de las Fuerzas Armadas, admitió estar sorprendido por la resolución, que ojalá “no haga volver a los tiempos de antes”.
El fallo coincidió con la suspensión del viaje del presidente de Honduras, Carlos Flores, a México para firmar hoy jueves, el Tratado de Libre Comercio entre ese país y el grupo CA-3 de Centroamérica, integrado también por Guatemala y El Salvador.
Oficialmente, Flores suspendió el viaje por prescripción médica debido a “problemas digestivos”.
Además, la decisión coincidió con las denuncias de corrupción y politización de que es blanco el Poder Judicial.
