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Al anteproyecto de Ley de Participación Educativa, introducido ante la Asamblea Nacional por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD), le hace falta contar con el consenso de los sectores interesados en el tema.
Eso opina Ernesto Bravo, diputado de la bancada sandinista y primer secretario de la Comisión de Educación en la Asamblea Nacional, quien asegura que su bancada está dispuesta a promover una amplia consulta entre maestros, estudiantes y padres de familia.
María Blass es maestra del Colegio Rubén Darío, en el Barrio Riguero. Pese a que su escuela está dentro del régimen de autonomía, Blass, que imparte quinto grado, dice que conoció el anteproyecto de ley hasta ayer que participó en un encuentro que promovió el Movimiento Pedagógico en la Universidad Centroamericana, UCA.
Como maestra, Blass dice que la autonomía escolar les resta autoridad a los maestros, aún dentro del aula de clases. La educadora considera que los padres tienen tanto poder que a veces es difícil llamar la atención a un estudiante.
En cuanto a beneficios económicos, Blass dice que para ella no ha habido ninguno. Y aunque la autonomía por lo general ha tenido un carácter administrativo, más que educativo, la maestra dice que bajo ese régimen pueden utilizar el libro de texto que más les conviene y no necesariamente los que establece el MECD.
Respecto al anteproyecto, el diputado Bravo cree que se hace énfasis más en lo administrativo que en lo académico.
Bravo cree también que aunque la ley crea un consejo directivo, que ahora se conoce como consejo escolar, se seguirá centrando la máxima autoridad en los directores de las escuelas porque los padres de familia no cuentan con los suficientes conocimientos técnicos.
El proyecto plantea el principio constitucional de la gratuidad, sin embargo, el diputado explica que en la práctica no está garantizada porque los colegios deben asumir los costos de mobiliario y otras necesidades que el Estado no cubre. Como consecuencia, la carga es para los padres.
“Hay una evasión de responsabilidad del Estado”, afirma el diputado.
Añadió que la bancada sandinista está de acuerdo en corregir esas “debilidades” que tiene la ley, y por tanto apoyarán la consulta entre los distintos sectores.
Sobre la propuesta de descentralización educativa que introducirá la organización magisterial ANDEN-CGTEN, para prohibir los cobros y las contribuciones voluntarias, el diputado dice que se tomarán en cuenta aportes a la ley.
Como el anteproyecto ya pasó a dictamen, cualquier modificación está en manos de los diputados.
