HUMBERTO MEZA
La ausencia de elementos penales en la resolución de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el caso Jerez, puede obligar a la Asamblea Nacional a enviar el expediente de los “checazos” a la Procuraduría General de Justicia, para que el Estado inicie un proceso judicial en contra del ex director general de Ingresos.
Según los miembros de la Comisión Anticorrupción del Legislativo, la decisión de la CGR es inconclusa porque desentona con el dictamen parlamentario, con relación a la falta de responsabilidades penales en la investigación.
“Creo que la resolución de la CGR es positiva pero incompleta porque no envía el asunto a la Procuraduría General de Justicia, de modo que debe ser visto en el plenario la próxima semana. Yo veo que éste es un caso símbolo, donde las posiciones ambiguas no ayudan”, manifestó el diputado Víctor Hugo Tinoco.
Según el presidente de la bancada Alianza Conservadora, Adolfo Calero, los contralores tuvieron razones “muy personales” al haber omitido el elemento penal en la resolución, pero en términos generales no llenó la expectativa de los legisladores.
“Nosotros firmamos un dictamen de forma unánime, que contrasta con una resolución incompleta. A mi modo de ver, las cosas incompletas no satisfacen a nadie”, concluyó Calero.
La junta directiva del Parlamento decidirá hoy si el dictamen legislativo merece tramitarse, situación de la que depende el inicio de otro proceso judicial contra el titular de la DGI.
Dámaso Vargas, vicecoordinador de la Bancada Sandinista, anunció que si la directiva rechaza enviar el dictamen a plenario, los legisladores presentarán otra demanda judicial contra Byron Jerez, por fraude y malversación de fondos públicos.
“La Asamblea tomó una decisión que merece ser asumida por el plenario. Si los liberales no quieren que eso ocurra, tendremos que presentar una demanda, mucho más amplia que la del Dr. (Rafael) Córdoba”, apuntó Vargas.
ESPADA SOBRE CABEZA DE JARQUIN
Aunque no existe una posición oficial de la directiva al respecto, el primer secretario, Pedro Joaquín Ríos, respondió a los posibles cargos contra Jerez, anunciando que “desempolvarán” los resultados de la auditoría operacional que la Asamblea Nacional hizo a inicios del año sobre la gestión del ex contralor Agustín Jarquín.
“La Asamblea no ha querido dar su opinión sobre los resultados de esa auditoría, porque todavía no conocemos lo que puedan decirnos los contralores. Tenemos prevista una reunión con ellos para el próximo 16 de junio y abordar el tema, pero yo sigo insistiendo en que si este señor (Jarquín) cometió irregularidades con múltiples planillas y le mintió a la Asamblea, debe ser destituido”, apuntó.
Para conseguirlo, la Dirección de Asesoría Legal del Parlamento presentó a mediados de la semana pasada una evaluación jurídica de la auditoría, recomendando la separación del cargo, debido a una serie de irregularidades, como mantener tres planillas en la CGR y ocultar información a la Asamblea Nacional.
