- A Byron Jerez y a Jorge Solís los acusan por causar daños al Estado
- Auditores descubrieron indicios y evidencias de responsabilidades penales, afirma Rafael Córdoba Alvarez
JANELYS CARRILLO BARRIOS
La Jueza Primero de Distrito del Crimen de Managua, Martha Quezada, abrió juicio ayer contra el ex Director General de Ingresos, Byron Jerez, y el titular de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL), Jorge Solís Farias, por el delito de “Daños al Estado”.
Jerez y Solís, así como Guillermo Argüello Poessy, Francisco Ramírez y Juan Gutiérrez, presidente, vicepresidente y miembro del Consejo Superior de la Contraloría General de la República (CGR), respectivamente, fueron denunciados del delito de “daños al Estado” por el doctor Rafael Córdoba Alvarez, ex funcionario de la institución fiscalizadora.
A las once de la mañana de ayer, Jerez se presentó ante el Juzgado en compañía de Mauricio Martínez Espinosa, a quien nombró como su abogado defensor. No obstante, después de dar los buenos días en cuatro o cinco ocasiones, el titular de la DGI guardó silencio absoluto hasta que a toda prisa abandonó el complejo judicial.
Poco después, la procuradora auxiliar penal, Carolina Vásquez, se personó en la causa, pero no ofreció mayores elementos ante las preguntas de los periodistas, pero sí refirió que los tipos penales que existen en nuestra legislación son malversación, fraude o peculado y no “daños al Estado”.
Cuando se habla de daños al Estado se alude más bien a destrucción de edificios, de infraestructura, expresó la procuradora.
La Jueza Quezada manifestó que procederá a realizar los trámites ordinarios de un juicio normal, en un término de 20 días, dado que no hay reos detenidos.
En su calidad de ciudadano y ex funcionario del ente fiscalizador, Córdoba Alvarez se constituyó en la primera persona que insatisfecho por los resultados de la auditoría que la CGR dio a conocer el miércoles, donde sólo determinó responsabilidades administrativas contra Jerez y Solís, decidió interponer la denuncia por “daños al Estado”.
En su denuncia rendida la tarde del 7 de junio ante el citado tribunal, Córdoba Alvarez alega que los denunciados cometieron “hechos ilícitos contra los intereses del Estado”, en el archiconocido caso de los checazos.
Al abrir el autocabeza de proceso, escrito que formalmente da por iniciado un juicio, la Jueza Quezada ordena seguir la investigación “en lo que respecta a los señores Byron Jerez Solís y Jorge Solís”.
Sin embargo, en el caso de los contralores, la judicial determinó que la denuncia no procede por cuanto son miembros de la Contraloría y gozan de inmunidad.
El escrito que Jerez presentó al Juzgado a través de su abogado, consigna que está dispuesto a rendir declaración indagatoria por lo cual pide audiencia para defenderse. “Pido que me conceda intervención que en derecho corresponde en forma inmediata y sin mayores trámites”, precisa el escrito.
JEREZ INICIA ESTRATEGIA DE DEFENSA
No obstante, en otra parte del texto, Jerez alega que con base en el Artículo 2509 del Código Civil, la Jueza Quezada no es competente para procesarlo porque “no es juez civil”.
Ese artículo dice: “Todo aquél que por dolo, falta, negligencia o imprudencia o por un hecho malicioso causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios”.
Una experta en jurisprudencia valoró que el alegato de Jerez sobre la competencia o no de la Jueza Quezada es una “estrategia de defensa que está tramando”, porque según su interpretación los hechos que le imputan no son constitutivos de la materia sino de lo civil.
“Es como plantear, aquí estoy, no me oculto de la justicia, pero sepa que usted no es la autoridad competente para juzgarme”, graficó una fuente del Poder Judicial que pidió no ser identificada.
Por su parte, el denunciante manifestó en su declaración que siendo funcionario de la CGR, fue delegado para auditoriar sobre notas de crédito emitidas por la DGI y pagadas con cheques de la empresa estatal PETRONIC.
Agrega que durante la auditoría descubrieron indicios y evidencias que llevaron a los auditores a presumir responsabilidades penales en la auditoría que realizaban, entre otras cosas porque los cheques se libraron sin todos los soportes que la ley regula.
Añadió que los cheques no fueron recibidos por las personas a las que se les habían emitido, sino que fueron recibidos por funcionarios de la DGI cercanos a su director, como su secretaria Esmelda Orozco, su asistente Ligia Segovia y otros como Jesús Martínez Alemán.
Otro indicio es que los cheques fueron librados a nombre de empresas y/o personas naturales, que los endosos de los cheques no tenían la identificación del endosante y además fueron cambiados en Multicambios para comprar dólares.
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