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Contraloría colegiadano pasó la prueba
La Contraloría colegiada defraudó a los nicaragüenses y a los representantes de la comunidad internacional, que tenían la esperanza de que la ética profesional y la responsabilidad institucional podría sobreponerse a las lealtades políticas y los compromisos partidistas.
En realidad, quienes esperaban que la Contraloría colegiada dictaría en el caso del escándalo por los llamados “checazos” y otras irregularidades de la Dirección General de Ingresos (DGI), una resolución fundada en los principios de justicia y derecho, y por lo consiguiente orientada a promover un castigo ejemplar de la corrupción en el gobierno, sufrieron una amarga desilusión.
Lo que ocurrió finalmente fue que la tan esperada resolución que la Contraloría colegiada dictó con el respaldo absoluto de tres de sus cinco miembros y dio a conocer ayer en conferencia de prensa, desestimó la abrumadora cantidad de documentos y evidencias aportadas por los medios de comunicación independientes, en primer lugar por LA PRENSA, las cuales fueron comprobadas por el trabajo de auditoría del mismo ente fiscalizador, y se limitó a señalar tibias responsabilidades administrativas para los funcionarios involucrados en ese escándalo de corrupción gubernamental, que significa la imposición de una multa que no puede ser menor “de un monto equivalente a un mes de salario, ni mayor de un monto equivalente a seis veces su salario mensual” de los funcionarios sancionados, según el artículo 171 de la Ley Orgánica de la Contraloría.
Tal vez lo único sorprendente que hubo en la mencionada resolución de la Contraloría colegiada sobre el escándalo de la DGI, fue que los contralores colocados por la mayoría liberal del gobierno se atrevieron a sugerirle al Poder Ejecutivo que destituyera a los funcionarios involucrados en el caso, entre ellos el Director General de Ingresos, Byron Jerez Solís, y el Presidente de la Empresa Nicaragüense de Teléfonos (ENITEL), Jorge Solís Faria.
El argumento de los contralores oficialistas para justificar esta vergonzosa resolución, es que no se pudo encontrar pruebas o evidencias para determinar responsabilidades penales, porque los funcionarios públicos y privados que podían aportarlas no las quisieron dar, y ellos, los contralores, no podían obligarlos a que las entregaran. Sin embargo, el presidente de la Contraloría no pudo explicar a los periodistas por qué no recurrieron al auxilio judicial que la ley prevé para estos casos, y, por el contrario, dicho funcionario se enredó lastimosamente en sus confusiones abogadiles y en un afán manifiesto de actuar como defensor oficioso de Byron Jerez Solís
Ahora bien, decimos que era de esperarse esa vergonzosa resolución de la Contraloría colegiada, ante todo porque el informe que elaboraron los auditores y asesores legales del ente fiscalizador ya era del conocimiento público, después que LA PRENSA dio a conocer sus aspectos más importantes y sus conclusiones, a fines de la semana pasada y comienzos de la presente.
Pero, además, es por simple lógica que se esperaba que la resolución de la Contraloría sobre el escándalo de la DGI, sería de esa minúscula magnitud. En realidad, no tendría sentido que la Contraloría colegiada actuara de otra manera en este caso –que es trascendental, porque los personajes involucrados en el escándalo pertenecen al círculo más cercano de allegados al Presidente Alemán–, después de los costos políticos nacionales e internacionales que ha tenido que pagar el actual gobierno por haber sometido al ente fiscalizador del Estado al control partidista, precisamente para que no investigue la corrupción gubernamental.
Por otra parte, todas las acciones del gobierno en defensa de los involucrados en el escándalo de los checazos: represalias fiscales contra LA PRENSA; burdas difamaciones de los medios de comunicación y agentes oficialistas en contra de los dueños, funcionarios y periodistas de este Diario; la colocación de una hija del presidente de la Contraloría en un viceministerio de Estado, precisamente en vísperas que se dictara la resolución; las “visitas” prolongadas de asesores legales de la Presidencia y la DGI a la sede de la Contraloría; etc., indicaban que la “investigación” del ente fiscalizador desembocaría en esa ridícula resolución de responsabilidades administrativas.
Sin embargo, en medio de todo ese bochorno hay que reconocer la honrosa conducta del ex contralor general y actual miembro del Consejo Superior de la Contraloría, Agustín Jarquín Anaya, quien con su voto razonado y sus explicaciones públicas ante los medios de comunicación, demostró irrefutablemente que había y hay evidencias para establecer responsabilidades civiles y penales en el caso del escándalo de la DGI. Y también el mérito del otro miembro no liberal del Consejo de la Contraloría colegiada, José Pasos Marciaq, del FSLN, quien al menos pidió con su voto razonado que el caso quedara abierto para profundizar en las investigaciones sobre este bochornoso caso de corrupción.
En cuanto a las expresiones difamatorias, injuriosas y calumniosas del señor Byron Jerez Solís en contra de LA PRENSA, simplemente las tomamos de donde vienen. El no tiene la más mínima calidad para hacer ninguna mella en la inmensa superioridad moral de LA PRENSA.