“Ser inmigrante no es fácil, pero es peor vivir bajo la bota dictatorial”

"Ser inmigrante no es fácil, pero es peor vivir bajo la bota dictatorial"

Protestó en contra de Daniel Ortega, fue una de las estudiantes que se atrincheró en la UNAN. Eso, dice, le costó el exilio. Cuenta su historia desde Guatemala

Solange Saballos no podía dejar de llorar. Iba en un autobús, con su novio y con 100 dólares en la mano. Iba para Guatemala y no tenía ni idea qué haría al llegar al país vecino. Huía de la represión del régimen de Daniel Ortega.

Saballos, de 26 años, jamás había salido de Nicaragua. “Ni quería hacerlo mientras no tuviera mis títulos”, dice. Antes de irse del país, estudiaba dos carreras: cuarto año de la Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y tercer año de periodismo en la Universidad de Managua (UdeM). Lo único que había logrado terminar era un profesorado en Educación Media en Lengua y Literatura.

A Saballos la amenazaron y la persiguieron simpatizantes orteguistas, entre ellos, vecinos y familiares de su novio que trabajaba para el Estado. La persecución, dice, comenzó cuando ella y su pareja decidieron documentar las protestas ciudadanas en contra de Daniel Ortega que estallaron el pasado abril.

Solange Saballos desde Guatemala. LAPRENSA/CORTESÍA

“Salí de la casa junto a la gran marcha que llegó a la Upoli y me quedé unos 4 días reportando”, afirma. Habla de la manifestación multitudinariarealizada el 23 de abril de 2018en rechazo a la represión del régimen en contra de los manifestantes.

Para entonces, Saballos vivía en la casa de los padres de su novio, ubicada en el barrio Altagracia, en Managua, pero ya en mayo, después de participar en múltiples protestas y documentar lo ocurrido, comenzaron a esconderse. “Nos seguían la pista constantemente y nos hacían saber que conocían nuestros movimientos. Cambiamos de casa en dos ocasiones, pero terminaban por descubrirnos”, relata la joven refiriéndose a los familiares de su pareja y sus vecinos, todos afines al orteguismo.

Se resguardaron en varias ocasiones en casas de amigos, pero los familiares de su novio siempre los localizaban. Luego, alquilaron una casa en la colonia Miguel Bonilla, en Managua, pero pasó lo mismo. “Pasamos, a partir de junio, encerrados”, recuerda. Salieron en agosto para hacer los trámites de la documentación para poder huir del país. “Salimos con unos 100 dólares, con un rumbo incierto pero teníamos contactos que nos ayudaron”, cuenta.

Expulsada de la UNAN-Managua

Fue expulsada de la UNAN-Managua por su participación en las protestas, por atrincherarse durante dos semanas en ese recinto y además, por promover, desde las redes sociales, la desobediencia estudiantil.

Lo supo, como muchos otros estudiantes, cuando entró a su perfil en el sitio web de la universidad. Leyó que decía que había sido expulsada por “faltas graves”. “Jamás me notificaron nada”, dice.

Saballos en la UNAN-Managua. LAPRENSA/CORTESÍA

En Guatemala, dice, continúa participando en las marchas y plantones contra el régimen orteguista convocadas por otros nicaragüenses exiliados.Lo hace para que “el mundo sepa sobre la crueldad e injusticia de la dictadura”.

En Guatemala imparte clases de español y hace de traductora. No es un trabajo fijo, sino más bien “cuando consigo clientes”. Ofrece sus servicios a través de redes sociales, a veces de boca en boca y por recomendaciones de amigos.

Su pareja, quien es fotógrafo, trabaja como chofer y elabora joyería artesanal, aretes, pulseras y cadenas que vende a través de las redes. Con eso logran pagar el cuarto donde viven que les cuesta poco 800 quetzales (3,412 córdobas).

“Así le hemos hecho durante 5 meses mientras apoyamos la lucha protestando y creando lazos con otros nicas”, dice Solange, quien asegura que “ser inmigrante no es fácil, pero es peor vivir bajo la bota dictatorial”.


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Jenderlym Zeas era estudiante de Medicina y atendió heridos en el puesto médico de Jinotega. Ahora vive en Estocolmo, donde limpia casas y aprende sueco

El 8 de junio del 2018, a sus 23 años, Jenderlym Zeas vivió el día más terrible de su vida. Las balas pegaban a unos cuantos metros de donde ella se encontraba, mientras veía entrar a un herido tras otro en el puesto médico que se improvisó en el barrio Sandino, en Jinotega.

Su primera vez en ese puesto médico había sido el 18 de mayo. La ciudad estaba llena de barricadas y el alcalde orteguista, Leónidas Centeno, había desplegado a la Policía y a paramilitares a la casa del Frente Sandinista en la ciudad.

Ese día hubo un enfrentamiento cerca de su casa, entre la policía del régimen y los manifestantes azul y blanco. “Logré observar a un muchacho que lo llevaban desmayado (hacia el puesto médico). Yo corrí tras él. Yo no conocía dónde era el puesto médico. Me encontré con tres estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería y otras personas”, relata. Permaneció ahí desde la mañana hasta eso de las 7:00 de la noche.

Abraham Antonio Castro Jarquín, de 17 años, se encontraba en la zona de enfrentamientos donde los paramilitares simpatizantes del FSLN disparaban con armas de fuego. LA PRENSA/Sara Ruiz

Cuando la dictadura bañó de sangre el Día de las Madres

Regresó nuevamente al puesto médico el 30 de mayo, día en que se realizó la Marcha de las Madres en Managua, la que fue atacada por paramilitares del régimen y la policía orteguista, con un saldo de once muertos y decenas de heridos.

Ese día también hubo un ataque en Jinotega. El resultado fue al menos cinco heridos. “Habían heridos menores, por intoxicación por las bombas lacrimógenas, pero también habían personas heridas por arma de fuego. Ese día me quedé en el puesto hasta el 31 de mayo”, dice. Después volvió a su casa.

Zeas estaba en su ciudad desde suspendieron las clases en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN – León), debido a las protestas. Ella cursaba la carrera de Medicina.

Meses antes de reprimir la protesta, la Policía Orteguista acompañaba las marchas en Jinotega. LA PRENSA/CORTESÍA/RADIO ABC ESTELÍ

“Bajábamos a un herido de la camilla y subíamos al más grave”

En el puesto médico improvisado, según Zeas, estaba a cargo de un médico general. Tenían dos camillas, una cama y varias sillas. Los medicamentos eran donados por la población y los movimientos sociales que se organizaron en Jinotega.

Tenían solución salina, antiinflamatorios, pinzas, hilos de sutura, yodo, guantes y gasas. El personal del puesto médico rotaba los horarios para curar a los manifestantes heridos, que preferían ser atendidos en el puesto, que en el hospital de ciudad, Victoria Motta, por temor a ser detenidos. Cuando el responsable del puesto no estaba, era Zeas, a quien le faltaban dos años para graduarse como médico, quien se quedaba a cargo.

El día de más trabajo para Zeas fue la noche del 8 de junio. Fue cuando llegaron la mayor cantidad de heridos. Las fuerzas policiales y paramilitares en Jinotega atacaron a los manifestantes que resguardaban el tranque en la salida norte de la ciudad. Fueron alrededor de treinta heridos; y los médicos y estudiantes trataban de atenderlos con los pocos medios médicos disponibles.

“Ese día fue el más terrible, yo jamás había visto tantas personas heridas (Respira profundo). Fue una masacre la que hicieron esa noche contra el pueblo jinotegano”, asegura.

“El ataque ocurrió aproximadamente a eso las nueve de la noche. Ese día empezaron a llegar muchos heridos, entraba uno, entraba el otro y así sucesivamente. Bajábamos a un herido de la camilla y subíamos al más grave”, relata.

Pasada la medianoche del 9 de junio, tuvieron que apagar las luces de la casa donde estaban porque las balas llegaban cerca del lugar y les pidieron a los heridos que no se quejaran para que los paramilitares del régimen no los encontraran. A pesar de ello, continuaron suturando las heridas de los manifestantes, apoyándose con la luz de un teléfono celular.

Policías desmontaron una de las barricadas del barrio Sandino en Jinotega en julio de 2018. LAPRENSA/Cortesía

La Operación Limpieza en el barrio Sandino

Zeas se atrincheró 15 días más en el puesto médico sin poder ver a sus familiares y amigos. Cuando logró salir, regresaba todas las mañanas para seguir apoyando. Su último día en el puesto médico fue el 23 de julio, cuando la policía orteguista junto con los paramilitares ejecutó la “Operación Limpieza” en el barrio Sandino de Jinotega. Quiso regresar a su casa, pero no pudo.

Tras la operación que dejó tres muertos y varios heridos, Zeas tuvo que buscar refugio fuera de la ciudad, ya que el orteguismo empezó a levantar listas y secuestrar a todos los que apoyaron las protestas sociales en Jinotega.

Mientras estaba en una casa de seguridad, Zeas vislumbró que su única alternativa era el exilio forzado. “Fue complicado, difícil de tomar una decisión así tan grande. Yo no quería dejar lo que habíamos comenzado (la lucha cívica). Mi mamá estaba muy mal, no dormía, me dijo que yo me tenía que ir”.

Pese a estar fuera del país, el asedio contra Zeas ha continuado. Lo último que supo es que en el mes de febrero, los orteguistas llegaron al último refugio donde estuvo a preguntar por ella.

La casa comunal del barrio Sandino se ha convirtió en un comando policial.
LAPRENSA/O.Navarrete

Su salida del país

Como si hubiera cometido un crimen, Zeas salió del país la madrugada del 4 octubre para evitar que la policía la arrestará. Tuvo que atravesar tres países: El Salvador, Colombia e Inglaterra hasta que finalmente pudo llegar al sitio que le pudo brindar esa seguridad que tanto anhelaba: Estocolmo, Suecia.

Tras llegar a su destino acudió a las autoridades en busca de asilo. Esperó cuatro días para que le realizarán una entrevista que duró una hora, para solicitar formalmente el estatus migratorio. Las autoridades suecas le asignaron una abogada para que diera trámite a su solicitud.

Dos meses después de la primera entrevista, finalmente le fue aprobada otra entrevista, que sería decisiva. Esta duró tres horas. Ahí presentó las pruebas de que su vida corría peligro en Nicaragua.

Sueños de libertad

Su asilo por tres años finalmente lo obtuvo en febrero de este año. A pesar de la seguridad que tiene Suecia, para ella sigue siendo difícil estar lejos de Nicaragua . “Tu familia está allá, aunque estés seguro aquí”, sostiene.

Zeas trabaja en una empresa de limpieza de casas y apartamentos. Estudia el idioma sueco tres veces a la semana para encontrar mejores oportunidades laborales y vive con una tía. Siempre que puede participa en las manifestaciones que realizan los residentes y exiliados en Suecia demandando justicia y democracia en Nicaragua. En una de esas actividades, relató a lo que se había enfrentado por apoyar a los azul y blanco desde un puesto médico.

“Lo que siempre hemos querido y lo que queremos es que haya diálogo, que haya elecciones libres y transparentes. Es lo que soñamos y por lo que hemos luchado”, asegura.


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Jorge Pastora, de 27 años, siente que perdió todo: una familia, un trabajo y ver crecer a su hija. Lleva ya varios meses exiliado en Costa Rica  

“Te vamos a quemar a vos, a tu familia y a tu hija”, le gritaron las turbas sandinistas a Jorge Pastora mientras le mecían el carro en el que viajaba junto a su esposa. Era abril de 2018 y pasaban por el Reparto Shick en Managua. Un grupo los había reconocido como autoconvocados y comenzaron a hostigarlos. “Dios nos sacó vivos”, cuenta desde San José donde se exilió.

 Desde que iniciaron las protestas el pasado 18 de abril, Pastora se unió a cada plantón, a cada marcha, a cada vigilia. Lo hizo junto a su esposa, Odalhya Fernández, expresentadora de la revista Primera Hora. Ella también expresó públicamente su repudio ante el régimen orteguista. De hecho, renunció de su puesto de trabajo “porque no estaba dispuesta a ser parte de ese circo mediático”, dice.

“Junto a mi familia recibimos amenazas en redes sociales, llamadas telefónicas y mensajes de textos. Nos amenazaban de muerte y encarcelamiento”, cuenta Pastora. La represión los obligó a separarse. Él estaba en una casa de seguridad y su familia en otra. Algunos días se veían, otros no. Pero tenían la certeza que podían coincidir en algún momento.

Sin embargo, en junio, a Pastora le tocó decirle adiós a su esposa, y a su hija, -quien tenía cuatro meses de nacida- desde un teléfono. Su familia se exilió en Estados Unidos. “Sentí impotencia, nostalgia, angustia, rabia, me sentía que no podía hacer nada para cambiar las cosas”, dice.

Pastora, de 27 años, siente que perdió todo. Una familia. Un trabajo. Y ver crecer a su hija. “Trabajaba en la gerencia comercial de una compañía de telecomunicaciones. Tenía una agencia de Marketing Digital con unos amigos. Tenía mi carro. Llevaba una vida cómoda”, relata.  

“Me quedé hasta donde más pude. Sentí que tenía una responsabilidad moral con Nicaragua y con mi hija. Quiero que ella pueda regresar a su país a vivir una infancia tranquila como la que tuve. No tengo miedo a morir por Nicaragua, tengo miedo a que esto tarde más”, dice, convencido de que fue la mejor decisión.  

Pastora continuó en el país, escondido, perseguido y amenazado. El 10 de agosto, la Policía Orteguista (PO) lo localizó en una casa de seguridad. “Yo estaba en en el residencial Montecielo, en Carretera a Masaya. De pronto me doy cuenta que estamos rodeados de policías. Tuve que salir corriendo con rumbo desconocido”, asegura.  Dejó su teléfono, también su computadora. No le dio tiempo de agarrar nada. “En lo primero que pensé era en no ser capturado”, recuerda.

Junto a él estaban dos mujeres y cinco hombres refugiados. A tres de ellos la policía los había esposado, pero a pesar de que eran seis patrullas llenas de agentes, los habitantes del residencial  con palas y escobas lograron replegarlos e impidieron que se los llevaron.

De Pastora no se sabía nada. Estaba incomunicado. Recuerda que caminó durante seis horas por unos campos de maní. Logró llegar a otra casa de seguridad ubicada a unos 12 kilómetros del residencial y permaneció allí durante unos 45 minutos. Pero aún no estaba seguro. Fue entonces que una persona lo trasladó en vehículo hacia otra casa de seguridad en Managua. Aún no se comunicaba con sus familiares por seguridad.  

En la casa en la que estaba había cuatro personas.  Ahí permaneció encerrado. A diario esperaba que unos amigos llegaran una vez al día a dejarle comida. A veces comían los tres tiempos, otras, solo hacían uno. Un día, decidió llamar a su familia  y solo les dijo “estoy bien”. Luego cortó.

Seis días después de estar encerrado decidió irse a Jinotega. Estando allí recibió una llamada de un sandinista, -amigo de la familia-, para informarle que su ubicación había sido identificada y debía moverse inmediatamente. Un grupo de paramilitares tenían orden de matarlo. “Fue difícil salir sin saber hasta cuándo podré volver”, afirma.  

Nuevamente huyó. Ahora con destino hacia Honduras. Pastora recuerda que se fue con 3,300 córdobas en la bolsa. “Me enmontañé durante nueve días, tuve que dormir en el suelo, a veces en un cama, en una hamaca. Gente muy humilde me dio de comer, me prestaron ropa para cambiarme”, relata.

En Honduras estuvo hasta finales de octubre. En ese país sobrevivió de la caridad de otros refugiados nicaragüenses. También colaboraron hondureños. “Sobreviví de lo que me regalaron”. Ya no tenía dinero. A eso se le sumó las amenazas en redes sociales que recibía: “Ya sabemos dónde estás”, “Tenemos tu ubicación”…  

Se fue a Costa Rica, ilegal, pero luego solicitó refugio. Lleva ya cinco meses en San José. En un pequeño apartamento con dos cuartos vive con seis nicaragüenses más. Hay días que duerme en una cama, otros sobre un colchón en el suelo. Todos los días anhela estar con su familia. En el exilio “estás luchando contra tu hambre, contra tus problemas psicológicos y contra vos mismo”, dice.

Ya no cocina con su esposa, como solía hacerlo en Nicaragua. Ahora lo hace con los refugiados. Unos días comen, otros se van a la cama sin nada en el estómago. Sus padres, desde Nicaragua, a veces, le envían con dificultad dinero para ayudarle a sobrellevar la crisis económica. Además, agrupó a unos artesanos nicaragüenses que fabrican -zapatos, hamacas, carteras, entre otros- en las calles de San José. Jorge los vende en las redes sociales. Poco a poco, entre todos, ajustan para pagar la renta donde viven: 300 dólares. “Aquí los cuartos son bien caros, ni comparado con Nicaragua”, dice.

Quiere volver a Nicaragua, pero a una Nicaragua libre. No sabe si hoy o mañana, o en unos meses, pero está seguro que volverá. Tiene la esperanza de ver los primeros pasos de su hija, pasos que no pudo ver al ser forzado al exilio. 


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Un día de julio, un grupo de paramilitares llegaron a la casa de Julio Vannini para secuestrarlo. Él logró huir con toda su familia. Se exilió en Perú

El régimen orteguista obligó a Julio Vannini a huir junto a su familia a Lima, Perú. El exilio, dice, “no es un viaje de placer”, pero al menos tiene la garantía de que él y su familia están a salvo de los paramilitares que llegaron a buscarlo a su vivienda en Granada para secuestrarlo.

Como miles de nicaragüenses, Vannini, expresidente de la Asociación de Nicaragüense de Astrónomos Aficionados, se unió a las protestas contra el régimen de Daniel Ortega en abril de 2018. Salió a las calles de su ciudad natal a documentar con fotografías y videos las manifestaciones autoconvocadas que primero rechazaban las reformas a la Seguridad Social y luego demandaban la salida del poder del dictador Daniel Ortega y exigían justicia por los manifestantes asesinados por el régimen.

“En cierto modo me frustraba la aparente apatía de las nuevas generaciones, claro se miraba las protestas de #SOSINSS y de los ambientalistas, pero no se miraba aquel empuje, hasta el momento que reventó todo el 18 de abril y nos lanzamos a la calle el 19”, asegura Vannini, quien siempre ha sido crítico del actuar del orteguismo desde los años 80. “Me tocó vivir la década de los 80, así que supe de primera mano lo que son capaces, quiénes son en realidad”, dice. “Una vez que ellos quedaron como oposición en los 90 y mostraron la cara, prácticamente, de terroristas tratando de sabotear cada una de las actividades del gobierno que estaba en ese momento, mi actitud crítica fue subiendo”, recuerda.

El 18 de abril de 2018 cientos de universitarios y pobladores de todo el país se unieron a protestar en contra de las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Fueron reprimidos. Al día siguiente, los estudiantes se levantaron, hubo más manifestaciones y se empezaron a contar los primeros asesinados de la represión orteguista. El 19 de abril hubo tres muertos decenas de heridos y detenidos. El descontento solo crecía.

Esta fue la manifestación que realizaron los granadinos el 20 de abril de 2018. LA PRENSA/Cortesía/Julio Vannini

El material que Vanni producía era publicado en las redes sociales. “Muchas de ellas (las fotografías) fueron tomadas por algunas agencias noticiosas y fueron publicadas en el exterior”, dice. “La idea mía no era que tomo fotos para que todo el mundo las vea, (y diga) que bonitas que son. Simplemente es registrar la voluntad ciudadana, la voluntad cívica del pueblo que lucha por sus derechos”, afirma. Vannini también hacía transmisiones en vivo en Facebook de las marchas y tranques que se realizaron en la ciudad para denunciar la represión que ejerció el régimen, a través de las fuerzas policiales y paramilitares.

Su participación en la lucha cívica fue motivo para que los simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) iniciaran una campaña de desprestigio en su contra y lo acusaran de vender terrenos ilegalmente. Los señalamientos, asegura, fueron de de forma verbal y anónimos en las redes sociales y, aunque “uno reconoce a las personas del barrio, pero la idea no es decir ah sos vos, te tengo en la lista”, sostiene.

Julio Vannini documentó las manifestaciones que se realizaron en la ciudad. Esta fue la movilización que realizaron los autoconvocados el 28 de abril de 2018. LA PRENSA/Cortesía/Julio Vannini

“Duele mucho el darte cuenta que tus propios hermanos nicaragüenses ponen más en alto un ideal político, un estandarte político que no es para nada nacional, que no es para nada relacionado con nuestra Constitución y ponen al caudillismo como su más alta bandera”, dice. Vannini denunció el asedio ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) del que era víctima él y su esposa, que también participaba en las manifestaciones azul y blanco.

Pretendían secuestrarlo

El 15 de julio, paramilitares y agentes policiales ejecutaron la llamada “Operación Limpieza” en Granada para desmontar los tranques que se levantaron como una forma de presionar al régimen. La operación dejó, además de varios secuestrados, al menos nueve muertos entre Granada y Masaya, según reportó la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH).

Vannini estaba en la lista de los paramilitares por haber sido uno de los rostros visibles de las manifestaciones en la ciudad. Llegaron a su vivienda, donde se encontraba junto a su familia. Querían secuestrarlo. “Esa noche cortaron el servicio eléctrico en el barrio donde estábamos nosotros. Los paramilitares se metieron a la casa. Se saltaron el porche y trataron de buscarnos con lámparas en mano, logramos tener a toda la familia en silencio, hasta la perrita se mantuvo en silencio, por suerte”, relata. La persecución, cuenta, duró entre dos y tres horas. “Nosotros nos mantuvimos en silencio y, obviamente, estábamos con miedo en qué momento iban a entrar, pero también estábamos con la disposición de defender a la familia, cueste lo que cueste”, agrega.

La última manifestación que Vanni cubrió fue el 13 de julio de 2018. LA PRENSA/Cortesía/Julio Vannini

Vannini dice que los paramilitares desistieron de la búsqueda y se retiraron a eso de la 1:00 de la madrugada, ya que ellos no dieron señales de que estaban en la vivienda. Aprovechó ese momento para salir y se refugió en una casa de seguridad ubicada en otra ciudad.

Tras refugiarse, el asedio incrementó contra su esposa. “A ella la amenazaban en la calle cuando iba a la escuela de los muchachos”. Le decían, cuenta Vannini, “que se preparara, que ella iba para la cárcel”. Incluso la llegaron a buscar en varias ocasiones a su trabajo, sin saber que ya había abandonado el país.

Vannini salió del país en julio y el resto de su familia lo hizo en septiembre. Su destino era Lima, en Perú, donde las autoridades ya les concedieron el estatus de refugiados.

“Con todos nosotros han sido cordiales. Nos han brindado su apoyo, mientras el trámite de refugio estaba en su proceso nos brindaron información de las cosas que podíamos hacer, como podíamos registrar a los chicos en la escuela, inclusive en la parte laboral se extienden permisos temporales de trabajo y otras documentaciones que le permiten a uno empezar a buscar trabajo”, asegura.

Tras llegar a Lima, Vannini supo a través de sus amigos, que él y su esposa son acusados de liderar tranques en Granada y la Policía los tiene como prófugos de la justicia.

“No es un viaje de placer”

Vannini trabaja como maestro de ciencias en una escuela privada y en una universidad, misma actividad que desarrollaba en Nicaragua. Sus hijos están estudiando y se están adaptando a su nueva vida; y su esposa cuida de ellos y realiza trabajos temporales.

“El exilio no es un viaje de placer, un viaje programado, no es algo que uno se espera, que de la noche a la mañana el Gobierno de tu país va a tratar de arruinarte la vida, a vos y junto con todos los demás. Tantos que hay, tantos que han tenido que salir del país forzosamente”.

“No ha sido fácil, hemos tenido nuestras crisis económicas, nuestras crisis emocionales, crisis psicológicas”, afirma. A pesar de ello reconoce el apoyo que han recibido de amigos y familiares durante todo el proceso.

Evidencia para solicitudes migratorias

Vannini dice sentirse satisfecho ya que las fotografías que tomó durante las manifestaciones les han servido a los granadinos que solicitan protección migratoria en otro país. “La voluntad popular simple y sencillamente está reflejada, está registrada; y ha servido como evidencia, junto con la de otros fotógrafos, para demostrar pues la voluntad popular y lo malo que es el Gobierno de Ortega”.

Él sigue manifestándose contra el régimen de Ortega en Perú y ha participado en actividades frente a la embajada de Nicaragua en ese país. “No nos hemos quedado callado, no lo vamos a hacer”, dice.


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La represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo además de provocar muertes, heridos, presos políticos, destrucción y dolor, forzó a miles de nicaragüenses a salir del país. Dejaron familias, trabajos, estudios… Ahora, en un país desconocido, buscan oportunidades para sobrevivir.

La cifra más reciente de la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR) es de 62,000. Esa es la cantidad de nicaragüenses que huyeron del país en el contexto de las protestas contra el régimen orteguista.

Se han ido donde han podido. La mayoría lo ha hecho a Costa Rica. Sin embargo hay exiliados en Suecia, Alemania, Perú y muchos otros países. Este reportaje cuenta la historia de ocho nicaragüenses que se encuentran en diferentes países y que, por asedio, persecución y miedo, tuvieron que irse del país. Desde donde están cuentan lo que les ha tocado vivir. Y sufrir.

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Equipo de Trabajo:

Editores: Dora Luz Romero, Yubelka Mendoza y Moisés Martínez
Periodistas: Isela Baltodano, Cindy Fuller y Julio Estrada
Diseño y Desarrollo: River Martínez

© Grupo Editorial La Prensa, 2019.

“Si yo vuelvo a Nicaragua, sería apresada”

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Cantó contra la dictadura y eso le costó el exilio. La historia de la cantautora nicaragüense Gabriela Baca que ahora vive en Alemania

La cantautora nicaragüense Gabriela Baca Vaughan, conocida como “la Baca Loca” experimentó el terror en julio de 2018 cuando dos sujetos encapuchados en motocicleta intentaron secuestrar a su amiga, Mafe Carrero – también cantautora – por el sector de la Centroamérica, en Managua. Tras esa amenaza, ambas decidieron abandonar el país.

Gabriela tiene 17 años de manifestarse en contra de los gobiernos de Nicaragua a través de la música, sin importar si fuesen liberales o sandinistas.

“Nos sentimos amenazadas y decidimos salir. Yo tengo muchos años de estar haciendo denuncias en contra del gobierno. Pero con lo que le pasó a Mafe, decidimos salir más rápido”, relata Gabriela desde Alemania.

Ambas a través de la música, apoyaron a los autoconvocados en los plantones que realizaron en 2018.

“Yo participé en casi todas las marchas, anduve en Monimbó, en Matagalpa, anduve en las protestas anticanal apoyando a doña Francisca -líder anticanal-”, relata la cantautora.

El 31 de julio, Gabriela y Mafe se fueron hacia Guatemala. Denunciaban siempre con su música al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. “En los bares, en los restaurantes, donde fuera, alzamos la voz por nuestros hermanos”, asegura.

Estando en Guatemala crearon el tema musical “Sin misericordia”. Gabriela cuenta que “está dedicado a los presos políticos del régimen orteguista y el video ilustra las protestas iniciadas desde el pasado 18 de abril”. “Este rap tiene como objetivo denunciar lo que está ocurriendo en nuestro país y las injusticias por las que hemos pasado”, agrega.

“Gaby Baca” durante la grabación de un video en Guatemala. LA PRENSA/CORTESÍA

En ese país, Gabriela y Mafe, “siempre inseparables”, dice, tuvieron la oportunidad de salir hacia Europa en la gira “Déjanos volar”. Cantaron en Italia, en Alemania, en Praga y en República Checa. “He sobrevivido gracias a la solidaridad de los lugares donde he visitado. Nos han dado la oportunidad en lugares para cantar y subsistir”, cuenta.

Ni Gabriela, ni Mafe han solicitado refugio en algún país. “Quiero estar libre de poder moverme a todas las partes del mundo tratando de aportar a la distancia para que volteen la mirada hacia Nicaragua”, relata la artista.

Antes de las protestas, Gabriela se dedicaba a su música y estaba preparando un disco. “Era una recopilación de músicas de amor y de rock”, dice desde el exilio. “Todo esto se vio truncado desde el 9 de abril cuando producto del visible atentado que sufrió nuestra reserva Indio Maíz y salimos a las calles para exigir que el gobierno hiciera algo. Esto encendió las primeras mechas”, relata.

De Nicaragua, Gaby extraña todo: “Mi casa, mis conciertos, mis amigos”. La cantautora sueña con volver y seguir manifestándose con la única herramienta que tiene: la  música. Pero está clara de algo: “Si yo vuelvo a Nicaragua, sería apresada”, dice.

“Es muy difícil no poder entrar a Nicaragua y ver las noticias desde lejos, estar preocupado por quien cayó preso, quien está y no está. Es una situación bien difícil, pero hay algo que me da esperanza y es que hay personas que nos han atendido con cariño. Dormimos en las casas, en las salas, en las condiciones que nos den. Es una cadena humana que nos ha acogido, y no solo son nicaragüenses. Son de todas las nacionalidades y nos han apoyado cuando más lejos hemos estado de nuestro país, pero el azul y blanco nos acompaña a cada paso”, agrega.


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“Es doloroso porque dejé todos mis proyectos de vida”

Vive en Valencia. No tiene trabajo, tampoco papeles, y dice está en un proceso de solicitud de refugio. Para sobrevivir, Fidel Espinales vende máscaras monimboseñas  

Era de noche. Era 19 de abril de 2018. Fidel Espinales, profesor horario de la Universidad Politécnica estaba entre los estudiantes de esa universidad que esa noche eran reprimidos por la Policía Orteguista. Había sido un día agitado en Nicaragua: universitarios protestando, antimotines y turbas orteguistas agrediendo a los manifestantes.

Ese día, Espinales se había unido a un grupo de estudiantes que protestaban en contra de las reformas a la Seguridad Social. Las imágenes de ese día van y viene en su cabeza; policías lanzando bombas, el sonido de los disparos, estudiantes corriendo aterrados. Pero hay una escena que no olvidará jamás, cuando vio morir a Darwin Urbina, el primer asesinado de la masacre de abril.

“Yo lo vi. Él agarró una lámina de zinc para cubrirse la cara y el pecho, pero el disparo lo traspasó. Darwin dio una vuelta de 360 grados del disparo. Veo que él estaba tirando sangre por la boca, pero no le veo ninguna herida y fue cuando le levanté una pañoleta negra que andaba y la herida era profunda. El disparo le había destruido la garganta”, relata desde Valencia, España.

Espinales calcula que estaba a unos cinco metros de Urbina. Lo cargaron, lo arrastaron por unos 30 metros y ahí, tirado en el pavimiento intentaron revivirlo. Espinales salió corriendo a buscar ayuda, pero cuando regresó a Urbina ya se lo habían llevado al hospital.

Las máscaras que Espinales fábrica las vende a través de las redes sociales. LA PRENSA/CORTESÍA

Espinales regresó a su casa de madrugada. “Fue horrible llegar lleno de sangre y escuchar a mi mamá pidiéndome que me saliera de todo”, cuenta. Pero sabía que tenía que seguir luchando. “La represión aumentaría y los tres próximos días busqué alimentos, medicamentos, máscaras antigás y los repartimos entre el estudiantado”, asegura.

Antes de abril, los días de Espinales transcurrían entre ser profesor horario de Derecho Constitucional en la Upoli y en la Universidad Humanista (UNEH) y vender libros. En los tiempos libres atendía una librería que tenía en su casa en Managua.

Tres días después de la muerte de Urbina, Espinales recibió una llamada de su novia. Tenía un tono desesperado. “Tenés que salir, tu foto está en redes sociales y dicen que sos un infiltrado en la Upoli”.

Si se quedaba ahí dentro, pensó, lo matarían, pero si salía también. “No voy a dejar que me maten”, pensó en ese instante.

Ese día, salió del recinto universitario en la ambulancia en la que iba Telémaco Talavera, en ese entonces el presidente del Consejo Nacional de Universidad (CNU). “El gobierno quería que algo le pasara a Telémaco para empañar la lucha universitaria. Logré una mediación para salir con Telémaco, un doctor, los sacerdotes, y otros compañeros”, cuenta.

Lo dejaron en las Sierras de Santo Domingo, en Managua y luego logró irse a Grande, donde se ocultó durante cinco días. “Quería salir a luchar, pero mi nombre fue vilipendiado. Tuve que salir y seguir la lucha desde el exilio”, asegura.

El 28 de abril Espinales salió del país rumbo a Costa Rica. Iba con su novia, por veredas. Allá, para sobrevivir limpiaba lavadoras. Con lo que ganaba solo para pagar el alquiler y a veces ajustaba para comer. Lo vio tan difícil, que dos meses después, el 22 de junio decidió irse a España, donde vive ahora.

Este es el pequeño taller que creó Espinales para elaborar sus máscaras. LA PRENSA/CORTESÍA

Vive en Valencia. No tiene trabajo, tampoco papeles, y dice está en un proceso de solicitud de refugio. Ambos sobreviven de los pocos ingresos que consiguen. Su novia trabaja en una panadería. Y él, creó un taller en una pequeña habitación donde viven, donde elabora máscaras monimboseñas y luego las vende a través de redes sociales. “Compré pinturas y comencé hacer máscaras para venderlas y sobrevivir de eso. Las máscaras también se convirtieron en un símbolo de resistencia”, dice.

Vivir fuera no ha sido fácil, reconoce. “Es doloroso porque dejé todos mis proyectos de vida, también quería dedicarme a mis libros”. Sin embargo, está agradecido porque al fin y al cabo, está vivo.


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“Me decían que por mis ojos podían dar dos mil dólares”

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Leo Munguía, de 22 años,  huyó de Nicaragua por la violencia y encontró más amenazas en México

Leo Emmanuel Munguía Rivas conoció las amenazas de los simpatizantes del régimen de Daniel Ortega desde el 2017. Un día de diciembre de ese año, tras participar en una manifestación por el alza al combustible, varios hombres llegaron hasta su casa a decirle a su mamá que le advirtiera que dejara de “andar jodiendo”, un accidente podía ocurrirle. En 2018 se sumó a las masivas protestas contra la dictadura, pero esa vez supo que las amenazas tenían más posibilidades de convertirse en realidad. Huyó del país el 12 de septiembre.

Cuenta, desde el exilio forzado en el que se encuentra, que se unió a las protestas desde que iniciaron el 18 de abril y la última a la que asistió fue la “marcha de los globos”. Tras finalizar la manifestación, se fue en su motocicleta hacia la Upoli pero en el camino una camioneta Hilux -los vehículos que el régimen utilizó para trasladar a los paramilitares que reprimieron, quemaron y mataron- trató de embestirlo. Como pudo evitó el golpe, aceleró y logró escapar.

Leo durante una manifestación en Managua. LAPRENSA/CORTESÍA

Ese mismo día, Leo se refugió en la casa de su novia. “Hablé con unos amigos y me recomendaron salir del país”, afirma. Así fue. Primero se fue a Guatemala pero asegura que hasta ese país lo alcanzaron simpatizantes orteguistas, por lo que tuvo que moverse hasta un albergue en Tapachula, México y se encontró con un problema igual de grave: narcotraficantes querían que les transportara droga. Así que decidió moverse hacia Ciudad de México.

Con 22 años, Leo dice no tener miedo de las amenazas. En México, donde se encuentra en condición de refugiado, también ha visto a paramilitares, asegura.

Cuenta que mientras estuvo en Guatemala orteguistas llegaron hasta la casa de su tía amenazarla. Le decían que le iba a pasar algo”. “Hasta le dieron la dirección donde estábamos rentando con mis amigos”, asegura.

Leo Munguía en las inmediaciones de la Universidad Centroamericana (UCA). LAPRENSA/CORTESÍA

Al sentirse descubierto, Leo huyó con cuatro amigos el 18 de octubre con dirección a Tapachula, México, donde fueron transferidos por la municipalidad a un albergue llamado Jesús el Buen Pastor. Ahí los recibió “de mala gana” otro nicaragüense del que después supieron que tenía familiares en Nicaragua que son miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC).

En ese albergue, cuenta Leo, el nica les preguntó que si habían protestado contra Daniel Ortega. “Por seguridad dijimos que nosotros no nos metimos en nada de eso, que solo veníamos a probar suerte a Mexico”, relata el joven. Agrega que el mismo nica le propuso a él y al grupo de amigos con el que se encontró en ese país que él podía pasarlos a Estados Unidos con una mochila cargada.Nos iban a pagar 1000 dólares y dijo que era seguro”, narra. Él rechazó la propuesta.

“Nos negamos rotundamente y ahí comenzó a decir que por mis ojos podían dar 2,000 dólares y que los carteles igual pagaban 2,000 dólares por una muchacha que andaba con nosotros”, afirma Leo. A las cinco de la mañana del día siguiente se fueron del albergue y denunciaron el caso ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) quienes después de revisar su caso, “tomaron la decisión de trasladarnos a Ciudad de México”.

Antes de llegar a México, Leo estuvo en Guatemala, conde participó de varios plantones. LAPRENSA/CORTESÍA

Actualmente Leo se encuentra en condición de refugiado porque “posee un temor fundado de persecución” y asegura que será trasladado de Ciudad de México hacia el estado de Coahuila ya que la persecución no cesa.

En la caravana de migrantes vinieron muchos infiltrados del Frente Sandinista y revelaron nuevamente nuestra ubicación”, dice sobre la caravana de centroamericanos que planea llegar a Estados Unidos pero quedaron varados en México.

Sobre su regreso a Nicaragua, Leo dice que solo pasará cuando “ya Ortega se vaya del gobierno con todos sus socios y cuando de verdad haya justicia”.

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“Consideré que el exilio era lo más prudente”

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Analaura Sequeira era presentadora de 100% Noticias. Huyó a Estados Unidos seis días después de que el régimen orteguista se tomó el Canal

Ese día, Analaura salió a las 8:30 de la noche de su trabajo con la satisfacción de que tendría el fin de semana libre tras una jornada de más de 12 horas. El lunes, pensó, iniciaría una semana más de “primicias a toda hora”. Ese día fue el viernes 21 de diciembre. Analaura es Analaura Sequeira. Su trabajo era en 100% Noticias. El lunes nunca llegó.

“Hagamos una oración para que lleguen con bien a su casa”, les dijo su jefa Lucía Pineda Ubau, antes de despedir a los trabajadores la noche del viernes. Todos hicieron un círculo y exclamaron al unísono: ¡amén!

Entre media y una hora después, todos los nicaragüenses escucharon en vilo a Lucía gritar “urgente, urgente, antimotines en 100 % Noticias”.

Sequeira ya estaba en su casa. Una parte de ella ya sabía que en algún momento esa noche iba a llegar. A eso de las nueve, patrullas llenas de antimotines y paramilitares —según la narración en vivo de Lucía Pineda, jefa de prensa del canal— invadieron las instalaciones del medio de comunicación, secuestraron a Miguel Mora, el director; a Verónica Chávez; codirectora; y a Lucía Pineda. De los tres, solo Chávez fue liberada horas después.

***

Quien no conoce su rostro, nunca vio 100 % Noticias. Era la presentadora principal. La cara del canal, dirían. Sonriente, con la capacidad para improvisar que solo la televisión provee, de voz grave y firme. Parecía siempre lista para iniciar su presentación frente a las cámaras. Y fue así, con esa firmeza, que decidió irse de Nicaragua seis días después del cierre del canal. El régimen la dejó sin trabajo y sin país.

Huyó hacia Estados Unidos cuando vio que el peligro crecía. Sus jefes se encontraban presos y acusados de incitar y provocar actos terroristas. Tres de sus compañeros de trabajo enfrentaban órdenes de captura. Temía por su seguridad, dice.

“Yo era uno de los rostros más visibles. Consideré que era lo más prudente porque no me sentía segura en Nicaragua, sentencia desde el exilio cuatro meses después de la noche triste.

Ella, al igual que 62 mil personas, huyó de la crisis iniciada en abril de 2018, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). Según este organismo, los nicaragüenses seguirán abandonando el país ya que no existe una solución política al conflicto.

***

El periodismo en Nicaragua se convirtió en una profesión de alto riesgo. Con un periodista asesinado, dos encarcelados y varias decenas en el exilio, las agresiones al gremio solo incrementan cada día. La dictadura mantiene papel y tinta secuestrados a LA PRENSA y El Nuevo Diario; y confiscó las instalaciones de 100 % Noticias, Confidencial y Esta Semana.

De acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, la libertad de expresión en Nicaragua retrocedió 24 puestos en 2018. El gremio periodístico de Nicaragua “está muy estigmatizado” y los periodistas “suelen ser víctimas de campañas de acoso, de detenciones arbitrarias y de amenazas de muerte”, de acuerdo a esta organización.

Para Sequeira, la represión no inició con el cierre y la toma del canal. Desde hacía meses, la Policía Orteguista había colocado un retén a las afueras del medio de comunicación. Detenía a todos los carros que entraban y salían del canal y les pedían a las personas identificarse.

Para los trabajadores del canal, llevar sus cédulas en mano cuando salían o entraban era parte de la rutina, así como responder qué cargo desempeñaban y las funciones que realizaban en 100 % Noticias.

“A ver, a ver, pasen sus cédulas”, les repitió un policía esa noche de viernes. Nadie se opuso, para ellos era lo normal.

Sequeira, como todos los días, no se negó. “Como periodista, uno con el tiempo se acostumbra a muchas cosas, largas jornadas laborales, trabajo bajo presión, estrés, sacrificar tiempo con tu familia y seres queridos, trabajar en feriados, acoso, amenazas, difamación, persecución, hasta ceder a molestos retenes policiales cuya única función real era desestabilizar tus emociones, algo que orgullosamente puedo decir nunca lograron”, asegura.

***

En el exilio, ella ahora colabora con una radio, no quiere entrar en detalles, por seguridad, asegura. “Debo reconocer que hasta el día de hoy me cuesta ver una fotografía o video de don Miguel y Lucía en pijamas azul”, dice respecto a las ocasiones en que se les ha visto a los dos presos políticos con el uniforme del Sistema Penitenciario.

El sábado luego de la toma del canal, ella participó junto a otros trabajadores del canal en una conferencia de prensa que brindó Verónica Chávez para denunciar los atropellos de la noche anterior. Con lágrimas, a Sequeira se le vio sostener el hombro de Chávez mientras esta se derrumbaba al contar por lo que había pasado.

“La conferencia fue para ratificar la unión y los lazos más allá laborales que unen a los trabajadores de 100 % Noticias con el medio de comunicación. Estábamos ahí para respaldar a las familias y para decir aquí estamos, aquí están los trabajadores pese a que el canal y la empresa fue confiscada”, narra.

Los días que siguieron fueron de reflexión para ella, hasta que llegó a la decisión de abandonar el país. “Debo de ser muy honesta, nunca recibí amenazas directas de ningún tipo, solo a través de las redes sociales, como todos los trabajadores de 100 % Noticias”, afirma. Pero sí reconoce que recibió mensajes de odio por las redes sociales.

Desde ese viernes ella no volvió a pasar por el canal, pero no pierde la esperanza de que el lunes llegue para ella, regresar a su escritorio en el canal, junto a un ventanal, y encontrar sobre él algunos libros que el reconocido cronista deportivo Edgard Tijerino, también exiliado, le dedicó.


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Equipo de trabajo
Editores: Dora Luz Romero, Octavio Enríquez y Yubelka Mendoza
Periodistas: Roy Moncada e Ivette Munguía
Fotógrafo: Jader Flores

Fabián Medina: “Nadie debió morir”

DEL DIRECTOR, NADIE DEBIÓ MORIR

Magazine ha querido hacer de su última edición del 2018 una edición especial que muestre los rostros y, brevemente, las historias de todos los muertos. De todos. Para no olvidar. Porque lo tenemos prohibido. Este es un intento de establecer un registro para la historia de estos meses duros. Darles rostros a las estadísticas.

Los muertos de la crisis

Fabián Medina, Director de Magazine

Estos son los rostros. Sus historias. Contadas con todas las limitaciones que el espacio, el secretismo, la falta de recursos, el tiempo, y hasta el miedo imponen. No son estadísticas. No son solo números en una lista. Aquí está la historia de Alvarito Conrado, que lo mataron pocos días antes de viajar a Panamá a una competencia de atletismo. O la del monaguillo Sandor Domus cuyo sueño era conocer a monseñor Silvio Báez. O la de Franco Valdivia que estaría, tal vez, jugando con su hija de cuatro años, o arbitrando algún partido del softbol o escribiendo alguna canción como le gustaba hacer.

La historia del joven zapatero Donald López, que le gritó a la policía que lo encañonaba: “¡Si lo vas a pegar, pégalo!” Y ella le pegó el balazo en el corazón. O la historia de Marcelo Mayorga, cuya muerte quedó imortalizada en una foto, tirado en una calle de Masaya, con su tiradora al lado, muerto, enfrentando a militares y paramilitares con armas de guerra de alto calibre.

Hay policías. Hay niños. ¡Bebés! Hay personas que murieron por reclamar sus derechos, otros que murieron reprimiendo, otros por estar en el lugar y el momento equivocado. Sea como sea, ninguno de ellos debió morir.

Las listas no se ponen de acuerdo en una sola cifra. Las hay desde los 198 muertos que reconoce el régimen, hasta los 545 que registra la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH). En el intermedio están, con otras cifras, la progubernamental Comisión Porras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Sea cual sea la cifra más cercana a la realidad, ninguna de estas personas de las listas debió morir.

El 18 de abril de 2018 una protesta pacífica fue reprimida a garrotazos por policías y simpatizantes del gobierno. En vez de desmontarse como sucedió en otras ocasiones, la protesta se incrementó, y en vez de recapacitar, la represión se radicalizó. Si de un lado se pasó de las pancartas y las consignas a las tomas de edificios, marchas y tranques; del otro lado se pasó del garrote, a las balas de goma, y de estas al uso ocasional de balas vivas para finalmente terminar usando, de manera masiva y desproporcionada, armamento de guerra. Fue una masacre. Eso explica la cantidad de muertos.

Bastaba que el gobierno respetara los derechos de quienes reclamaban para que no muriera nadie.

Magazine ha querido hacer de su última edición del 2018 una edición especial que muestre los rostros y, brevemente, las historias de todos los muertos. De todos. Para no olvidar. Porque lo tenemos prohibido. Este es un intento de establecer un registro para la historia de estos meses duros. Darles rostros a las estadísticas.

Puede que no estén todos los que son y hasta es probable que no sean todos los que están. Hay mucho miedo y cifra confusa aún. Los nombres que están aquí son, eso sí lo aseguramos, los nombres que aparecen en las diferentes listas, y la información que exponemos es la que pudimos conseguir por diferentes vías: organismos de derechos humanos, familiares y amigos, noticias de medios de comunicación y redes sociales.

Usamos como base la lista del Cenidh que establece 320 personas muertas. A nuestro criterio, los agrupamos en diferentes categorías: 1) Menores, 2) Muertos en protesta, 3) Policías, 4) Muertos en el contexto de la protesta, y 5) Muertos en contexto confuso. En esta última categoría agrupamos a aquellas personas cuya muerte no queda clara si fue un delito común o como resultado del contexto de violencia que generó la crisis. Falta mucho que investigar, y es responsabilidad de todos llegar a la verdad de los hechos.

Pero los primeros responsables de hacer una investigación transparente, justa e imparcial son las autoridades que por ley tienen esa tarea a su cargo: Policía, Fiscalía, y si es posible con el apoyo de organismos internacionales especializados. No solo para saber en qué circunstancia murió cada quien, sino también para establecer las responsabilidades correspondientes, y evitar en lo posible que episodios tan dolorosos como estos vuelvan a ocurrir en nuestra patria.

Estas muertes no ocurrieron por casualidad ni por mala suerte. Aquí hay responsables que deben responder por todas ellas. Eso no está ocurriendo por ahora. Porque los primeros responsables de toda esta tragedia son quienes dieron las órdenes de matar. Los que ordenaron “vamos con todo”.

Ni el tamaño de la foto, ni los datos de cada historia, ni el orden en que van colocadas tienen que ver con la importancia que tenga una u otra víctima. Todos son nuestros muertos. Ninguno debió morir.
Para nosotros, el equipo que trabajó en esta edición especial, Amalia del Cid, Eduardo Cruz, Raquel Acosta, Julián Navarrete, Oscar Navarrete y Elías Lezama, fue un volver al origen de la tragedia, y revivir paso a paso el dolor que para todos significó.

No olvidemos los muertos. Nuestros muertos. Todos, independientemente de su simpatía política y las razones que los llevaron a estas listas. Hay que luchar por la liberación de los presos políticos, hay que luchar porque se resuelva la crisis dialogando y no matándonos, hay que luchar porque haya elecciones libres y seamos los nicaragüenses quienes decidamos qué gobierno queremos. Pero nunca olvidemos los muertos. Estas personas que no debieron morir. Ni una.

Muertos en contexto dudoso durante la crisis en Nicaragua

CONTEXTO DUDOSO

Aquí se muestran las personas que aparecen en las listas de muertos durante la crisis, cuyo contexto no deja claro si se trató de un delito común o uno relacionado con la crisis

Este trabajo estuvo a cargo del equipo de Magazine: Fabián Medina, Amalia del Cid, Eduardo Cruz, Raquel Acosta, Julián Navarrete y Óscar Navarrete. Diseño por River Martínez.

Policías muertos durante la crisis en Nicaragua

POLICÍAS MUERTOS

La Policía reporta la muerte de 22 de sus agentes en la jornada de protestas y represión que comenzó el 18 de abril.  Los poblados de Morrito y Mulukukú resultaron escenarios sangrientos para los uniformados.

Este trabajo estuvo a cargo del equipo de Magazine: Fabián Medina, Amalia del Cid, Eduardo Cruz, Raquel Acosta, Julián Navarrete y Óscar Navarrete. Diseño por River Martínez.

Galería: La crisis de Nicaragua en fotos

Galería - Instantáneas de una insurrección

A partir de abril cobraron más notoriedad los estudiantes, la Iglesia y los campesinos. También las barricadas, los paramilitares y las banderas. Estas son imágenes de los momentos clave y los personajes de la insurrección de abril.

Este trabajo estuvo a cargo del equipo de Magazine: Fabián Medina, Amalia del Cid, Eduardo Cruz, Raquel Acosta, Julián Navarrete y Óscar Navarrete. Diseño por River Martínez.

El rostro de los muertos en las protestas de Nicaragua

MUERTOS EN LAS PROTESTAS

Estos son los rostros de quienes murieron reclamando sus derechos y fueron salvajemente reprimidos por ello

Muertos en el contexto de las protestas de Nicaragua

MUERTOS EN EL CONTEXTO DE LAS PROTESTAS

Estos son los rostros e historias de quienes murieron en el contexto de violencia que se generó tras la represión a las protestas ciudadanas.

Los muertos de la crisis en Nicaragua

Bebés, niños y adolescentes muertos en la crisis de Nicaragua

BEBÉS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MUERTOS

Según datos de la Coordinadora de la Niñez y Adolescencia (Codeni), al menos 28 menores murieron durante esta crisis como resultado de la represión del régimen contra las protestas

Este trabajo estuvo a cargo del equipo de Magazine: Fabián Medina, Amalia del Cid, Eduardo Cruz, Raquel Acosta, Julián Navarrete y Óscar Navarrete. Diseño por River Martínez.

Los perseguidos del orteguismo

LOS PERSEGUIDOS DEL ORTEGUISMO

Los acusan de terroristas, asesinos, secuestradores, traficantes de armas… El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha detenido y acusado a más de 200 nicaragüenses. En la lista hay líderes comunitarios, periodistas, estudiantes y civiles. ¿La razón? Simplemente por haber salido a manifestarse en contra del gobierno orteguista o apoyar a los autoconvocados.

Desde el pasado 18 de abril, cuando la ciudadanía se manifestó en contra de las reformas a la Seguridad Social, el régimen reprimió a punta de balas. Más de 400 muertos reportan los organismos de derechos humanos. Por más de 100 días, el gobierno ha reprimido, asesinado, violado los derechos de los nicaragüenses… Hoy, pretende endilgar sus crímenes a los ciudadanos que protestaron.

Estos son los nicaragüenses que enfrentan un proceso judicial por participar en las protestas, los perseguidos del orteguismo.

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Medardo Mairena, el campesino acusado de terrorista

El campesino Medardo Mairena es el coordinador del Consejo Nacional para la defensa de la Tierra, Lago y Soberanía y líder en Punta Gorda, en el Caribe Sur. Participó en la mesa del Diálogo Nacional como miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

A Mairena lo acusan de siete delitos: terrorismo, crimen organizado, asesinato, secuestro simple, robo agravado, entorpecimiento de servicios públicos, lesiones y daños en perjuicio de 23 víctimas, entre estas el Estado de Nicaragua. Fue capturado el pasado 13 de julio en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino, en Managua. La Policía lo señala de ser el líder de un “grupo criminal”.

Fue llevado a los juzgados en absoluto sigilo. La audiencia fue privada. Tiene audiencia programada para el 15 de agosto.

Junto a Mairena fue detenido Pedro Mena, quien ha trabajado durante años por los derechos de los campesinos y ha luchado en contra de la construcción del Canal Interoceánico.

Es señalado de los mismos delitos. Su función, según la Policía Nacional, era captar fondos de personas que se encuentran dentro y fuera del país para la compra de alimentos, armas, municiones, combustible y pago a personal que integraban los tranques en Boaco, Nueva Guinea, Río San Juan y Chontales.

Junto a Mairena y Mena además fueron acusados Juan Calderón Escobar, Carlos Zamora Salazar, Luis Marenco González, Silvio Pineda Bonilla, Mario Adolfo Jiménez Góngora, Danilo García Medina, Arlen Alcides Lanuza Rayos y José Jesús Hernández Blandón. Estos últimos no han sido detenidos, sin embargo el juez Henry Morales giró orden de captura contra todos ellos en audiencia preliminar.

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La líder de los comerciantes del Mercado Oriental

Irlanda Jerez es la dirigente de los comerciantes autoconvocados del mercado Oriental, en Managua. El pasado 18 de julio, un grupo de encapuchados y policías la detuvieron en el sector de Cristo Rey. Ese día había participado en una conferencia sobre la jornada de protestas en contra del régimen.

Según la Corte Suprema de Justicia, la detención de Jerez fue por un caso que ocurrió en 2016 donde fue declarada culpable “los delitos de usurpación del dominio privado, fraude por simulación, estelionato en concurso medial con uso de falso documento y falsedad ideológica”. Jerez permanece en la cárcel La Esperanza.

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Un periodista señalado de secuestro y tortura

Paco Daniel Espinoza Rivera, de 25 años, fue corresponsal del oficialista canal 8 y renunció a ese medio por el “desacuerdo con las políticas impuestas”. Luego empezó a laborar para el noticiero Acción 10.

El periodista tiene una orden de captura en su contra. La Policía Nacional lo vincula al supuesto secuestro, asalto, tortura, asesinato frustrado y lesiones en perjuicio de Clara López Dalmasio, delitos que, supuestamente, cometió el 16 de junio en el tranque ubicado cerca del barrio Sandino, en Jinotega.

Por esos mismos delitos están señalados Denis Manuel Hernández Gutiérrez, de 31 años, quien fue detenido y presentado por la Policía Nacional el pasado 25 de julio en Managua; así como Álvaro Jesús Palacio Ortiz, de 34 años; Jeysi Junieth Lagos, de 25 años y José Alcides Zeledón Úbeda, de 54 años. Los tres últimos no han sido detenidos aún.

Los tres dirigentes de Masaya que acusan de financiar el terrorismo

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Christian Fajardo Caballero, María Adilia Peralta y Chester Membreño son procesados por los delitos de financiamiento al terrorismo, crimen organizado y entorpecimiento de servicios públicos en contra del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. Todos ellos están a la espera de juicio.

Fajardo, de 37 años, es administrador de empresas y es el vicecoordinador del Movimiento 19 de abril en Masaya. El pasado junio, el orteguismo ofrecía 50 mil córdobas para quien lo capturara. Ese mismo mes, las turbas quemaron un hotel de su propiedad.

Fue detenido el pasado 22 de julio por miembros del Ejército en el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Con él también fue detenida su esposa María Adilia Peralta, de 30 años, abogada. A Membreño, abogado y miembro de los autoconvocados en Masaya, lo detuvieron un día después.

Señalados de secuestrar a tres policías

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Cinco dirigentes del Movimiento 19 de Abril en Matagalpa que participaron en los tranques que fueron instalados en la salida suroeste de la ciudad son procesados por los delitos de robo agravado en la modalidad de intimidación en las personas, secuestro extorsivo, portación y tenencia ilegal de armas de fuego y crimen organizado.

Fueron detenidos el pasado 26 de junio en Matagalpa por policías y sujetos encapuchados. Los detenidos son Francisco Antonio Castro Jarquín, de 24 años, obrero; Roberto José Cruz Altamirano, de 34 años, comerciante; Nelly Roque Ordóñez, de 27 años, ingeniera agrónoma; Solange Centeno Peña, de 20 años, estudiante universitaria y Eduardo Manuel Tijerino, de 21 años. Fueron capturados el pasado 26 de junio en Matagalpa por policías y sujetos encapuchados. Según la Policía Nacional, participaron en el robo de una camioneta propiedad de la Fiscalía en Tipitapa y en el secuestro de tres policías en El Jicaral, en León. El juicio contra los matagalpinos se realizará el próximo 18 de septiembre en Managua.

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El psicólogo al que acusan de traficar armas

Al psicólogo Róger Martínez lo sacaron a golpes de una casa cerca de la Plaza Xalteva en Granada donde funcionaba una clínica para ayudar y atender a los heridos tras ataques de policías y paramilitares en la ciudad. Martínez participó en varias protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega. Es acusado de fabricar, traficar, poseer y usar armas restringidas; además de uso de sustancias o artefactos explosivos. Sus familiares aseguran que ha sido golpeado en la cárcel. Su juicio está programado para septiembre.

“Estamos consternados porque muchos defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras voces disconformes están siendo criminalizados y acusados de cargos infundados y desproporcionados, tales como ‘terrorismo'”.

– Informe de la ONU, 9 de agosto de 2018 –

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Detenido por participar en una marcha azul y blanco

La familia de Carlos Hernández Bustos cree que su único “delito” fue aparecer en un video en un canal de televisión donde participaba en una marcha azul y blanco. Hernández, de 31 años, albañil, fue detenido por paramilitares en su casa la mañana del 3 de julio. Durante su captura recibió dos balazos en una de sus piernas, asegura su esposa Mariela García. A Hernández lo operaron y permanece esposado a una cama de un hospital.

Primero fue señalado de participar en la quema de la alcaldía de Granada y de una rastra, propiedad de la Policía Nacional, ahora se le acusa de robo agravado, en perjuicio de Vladimir Elí Jarquín Rojas y de portación ilegal de armas de fuego y municiones, en perjuicio del Estado de Nicaragua.
Su juicio será el 20 de agosto.

Brindaban servicio médico y ahora los acusan de traficantes

Se dedicaban a prestar auxilio médico a los muchachos que cuidaban las barricadas universitarias en protesta contra el gobierno de Daniel Ortega. Irvin Escobar Ortiz, 29 años, Crisffer Steven Busto Molina, 21 años, David Salvador López Artola, 19 años y un menor de edad estuvieron atrincherados en el recinto universitario Rubén Darío de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan-Managua).
Los cuatro fueron capturados el 14 de julio cerca de Metrocentro, un día después de que policías y paramilitares atacaran y desalojaran a los estudiantes atrincherados en la UNAN.

La Fiscalía los acusa de tráfico ilegal de armas de fuego. Según acusación a los cuatro procesados se les ocupó una pistola con un cargador y 11 cartuchos, un fusil Remington con mira telescópica, un fusil calibre 22, una escopeta calibre 12 con tres cartuchos y dos armas artesanales. Tienen juicio programado para el próximo 25 de agosto.

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Detenidos dos días antes de cometer el supuesto delito

A Albert Bernard Monroe, de 25 años, Guillermo Sobalvarro Oporta, de 22 años, R. F. Z., de 17 años, y Juan Ramón Mena, se los llevaron los paramilitares el 15 de junio. Ellos habían participado en las manifestaciones en contra de Ortega. Ahora, la Fiscalía los acusa de supuestamente haber entrado a la fuerza a la casa del comisionado de la Policía Nacional, Juan Antonio Valle Valle, jefe de seguridad pública de Managua.

Según la acusación, los hechos ocurrieron el 17 de junio a las tres de la madrugada, pero los jóvenes fueron capturados el 15 de junio en el sector del mercado Iván Montenegro. Desde ese día sus madres los reclamaban en Auxilio Judicial mejor conocido como El Chipote.

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Lo acusan de terrorista por dar a hacer unos chalecos antibalas

El ingeniero Héctor Arellano Pérez es acusado de financiamiento al terrorismo. Según el Ministerio Público Arellano dio a confeccionar chalecos antibalas artesanales y se los entregó a los estudiantes atrincherados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua). Fue remitido a juicio, pero aún no tiene fecha ni juzgado determinado.

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Los tres hermanos que apoyaron con su música las marchas

Los hermanos Esteban Lesage, originarios de Jinotepe, además de participar en las manifestaciones en contra del gobierno en su ciudad, apoyaron las protestas con su talento: la música. Luis Miguel, de 28 años, Jean Carlos, de 25 años, y Harvin Roberto, fueron detenidos por policías encapuchados el pasado 10 de julio.

Están siendo acusados de terrorismo, crimen organizado y secuestro simple. Guardan prisión preventiva en el Sistema Penitenciario de Tipitapa, conocido como La Modelo.

“Estamos ahora en un tercer momento de la represión en el país. Un proceso de criminalización de los manifestantes”

– Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –

Detenidos mientras llevaban víveres a Masaya

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Hansel Vásquez Ruiz, de 25 años, es periodista; Marlon Fonseca Ramón, de 26 años, también es periodista y Kevin Espinoza Rodríguez, de 21 años, es estudiante de Ingeniería Agrícola. Los tres, miembros del Movimiento Universitario 19 de Abril de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), fueron detenidos por encapuchados el 11 de julio de Nindirí cuando trasladaban víveres a Masaya.

Según la versión de la policía, los detuvieron en un retén de carretera y les ocuparon varias armas de fuego. Son acusados de terrorismo, crimen organizado y posesión ilegal de armas de fuego. Además, se les acusa de haber quemado las instalaciones de La Nueva Radio Ya y la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional (Caruna) el pasado el 30 de mayo, después del ataque de paramilitares a la marcha de las madres donde fueron asesinados al menos 10 autoconvocados. El juicio por esta causa se realizará el 25 de septiembre en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua.

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Detenido por paramilitares en Granada

A Samuel Geovanny Martínez Duarte, conocido como Sammy, lo detuvieron un grupo de paramilitares el pasado 15 de julio durante la llamada “Operación Limpieza” en Granada. Martínez había participado en las marchas en contra del gobierno en esa ciudad.

Lo acusan de supuestamente amenazar a la delegada del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), en Granada, Yaroslava Muñoz Maltez. Una fuente del complejo judicial, dijo bajo anonimato que, aunque la juez Janet Calderón haya dado libertad para Martínez, el caso debe ser valorado por la magistrada Ileana Pérez, quien está a cargo de esta circunscripción, violentando la independencia judicial y la ley.

Junto a Martínez fue detenida una joven, identificada únicamente como Xochilt, y procesada por el mismo delito, pero se desconoce si aún permanece detenida.

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Dos jóvenes señalados de asesinar a periodista

Brandon Cristofer Lovo, de 18 años, fue detenido el 5 de mayo en su casa en Bluefields. Es acusado de asesinato en perjuicio del periodista Ángel Gahona, que murió de un disparo en la cabeza el pasado 21 de abril mientras cubría las protestas en contra del régimen orteguista en esa ciudad.

Según el Ministerio Público, Lovo fue quien disparó contra Gahona a una distancia de 69 metros, utilizando un arma hechiza que le habría proporcionado Glen Abraham Slate, de 20 años. Slate es señalado como el cooperador necesario de los delitos antes mencionados.

La familia del periodista asesinado no reconoce a Lovo y Slate como los responsables de la muerte de Gahona. Ambos están a la espera del juicio en su contra.

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Seis universitarios procesados

Un grupo de seis estudiantes universitarios que permanecieron atrincherados en la UNAN-Managua están siendo procesados por portación y uso ilegal de armas de fuego en perjuicio de “la tranquilidad pública del Estado”.

Erwin Ramos Alemán, Elba Valle Mondragón, Irma Centeno Rivera, Eldric Alexander Gaitán, Yuri Valerio Rivera y German Martínez García fueron detenidos … a Martínez lo acusan de posesión de armas restringidas porque supuestamente andaba una bomba lacrimógena, de uso policial, dentro de una mochila.

Según la Fiscalía les ocuparon un rifle calibre 22, una escopeta calibre 12, y una escopeta calibre 20. Estos señalamientos son negados por los jóvenes, quienes fueron enviado a juicio el 3 de septiembre.

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Acusado de asesinar a un paramilitar

Jaime Enrique Navarrete Blandón, alias “El deportado”, colaboró con los universitarios atrincherados en la Upoli entre abril y mayo. Les llevó agua y alimentos. Luego colaboró en las barricadas en su barrio Nueva Libia, ubicado en la zona de arriba de Managua.

El 15 de junio mientras caminaba con su perro en el barrio Nueva Libia fue secuestrado por paramilitares. La Fiscalía lo acusa de supuestamente asesinar al presunto paramilitar Ariel Ignacio Vivas, quien participaba en la “Operación LImpieza” realizada el 12 de junio en su barrio. Previo a su secuestro, había sido amenazado por miembros de la estructura de barrio del Frente Sandinista, quienes a través de redes sociales le advirtieron que lo iban a meter preso.
El único testigo que acusa a Navarrete es un policía encubierto. Ya fue remitido a juicio el 13 septiembre.

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Los primeros reos políticos del orteguismo

Juan José López Oporta, Michael Enrique Peña Gutiérrez, Fernando José Ortega Alonso, Rommel Fabián Guillén y K.A.M, de 17 años fueron los primeros manifestantes acusados por el régimen de Daniel Ortega. Los detenidos fueron llevados a audiencia preliminar el 23 de abril.

Los jóvenes habían levantado barricadas en el barrio El Paraisito y evitaron que miembros de la Juventud Sandinista saquearan un supermercado en el mismo barrio.

Son procesados por el asesinato de Roberto Carlos García. Vecinos y familiares de la víctima y de los acusados fueron testigos que quienes pasaron disparando desde una camioneta Hilux contra los pobladores fueron los de la Juventud Sandinista (JS), quienes llevaban puestas camisetas JS. Los procesados fueron remitidos a juicio en el Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua, aún no hay fecha programada.

“Denunciamos las continuas detenciones arbitrarias y pedimos la liberación de todos los individuos arrestados por manifestar pacíficamente su oposición al gobierno de Ortega”

– Francisco Palmieri, subsecretario de EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental. 7 de agosto de 2018 –

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Levantaron barricadas y los acusan por homicidio frustrado

Kevin Antonio Osorio, Alexander Téllez Castro, Moisés Javier Chávez Cárcamo, José Larios Reyes y Jonathan Lira, participaron de las protestas en contra de Ortega levantando barricada en los barrios capitalinos. Todos ellos ahora son procesados por homicidio frustrado y robo agravado en perjuicio del oficial de policía Delvin José Martínez. Según la Fiscalía, el 01 de junio, los acusados interceptaron al oficial, le apuntaron con un arma y le robaron la moto.

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Dos autoconvocados procesados en Chontales

Benjamín Siles Aguilar y Nardo Sequeira fueron detenidos de forma arbitraria el pasado 25 de julio en Acoyapa, Chontales. Cuatro días después fueron llevados a los tribunales de Juigalpa donde se les realizó una audiencia a puerta cerrada. Lilliam Bravo Borge, esposa de Siles, denunció la detención y proceso arbitrario al que este es sometido, por el solo hecho de haber participado en las marchas pacíficas promovidas por la población autoconvocada.

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La detención de María Baldizón

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) reportó la detención de María Baldizón Brenes el pasado 6 de agosto, quien había participado en las manifestaciones en la ciudad universitaria. Baldizón, reconocida por su labor como docente trabajó en el Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN). Actualmente trabajaba en una empresa camaronera. Es acusada de terrorismo y otros delitos.

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Tres acusados de financiar a “antisociales” en Diriamba

Harry Jonathan, de 20 años, Orlando Valverde Ortiz, de 31 años, Eddy González Padilla, de 26 años y Richard Sebastián López, de 28 años, todos originarios de Diriamba, fueron detenidos el pasado 9 de julio. Son acusados de los delitos terrorismo, robo agravado, daño agravado, incendio, entre otros.

La Fiscalía señala que los acusados financiaban a varios “antisociales de Diriamba” que permanecían en los tranques. También los señala de ocultar armas y de quemar las oficinas de la Fiscalía. Según la acusación, durante la captura, le encontraron armas y dinero.

Orden de captura contra la “Comandante Masha”

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Nahomy Urbina Marcenaro, mejor conocida como la “Comandante Masha”, se mantuvo durante semanas en el tranque del colegio San José en Jinotepe protestando en contra del régimen orteguista. La joven, que tiene cáncer linfático, dijo que no sentía miedo a pesar de haber recibido amenazas de muerte.

El 5 de agosto, el Ministerio Público presentó una acusación en contra de Urbina y solicitó orden de captura en su contra. Se desconoce qué delitos le imputan. La “Comandante Masha” fue vista públicamente por última vez el 28 de julio en la marcha “Peregrinación por nuestros obispos, defensores de la verdad y la justicia”.

Once matagalpinos señalados de terrorismo

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Hugo Ríos Castillo trabaja en construcción, tiene 47 años y fue detenido el 23 de julio en el barrio La Esperanza, en Matagalpa. Ríos participó en las marchas y plantones en contra del gobierno. La Policía, presuntamente, le ocupó un arma hechiza y la Fiscalía lo acusó de portación y tenencia ilegal de armas. La audiencia inicial de este caso, programada para el 2 de agosto, no se realizó porque Ríos estaba en Managua en audiencia preliminar de otro proceso donde junto a 10 personas más, se les acusa de terrorismo, entorpecimiento de servicios públicos, robo agravado, secuestro extorsivo, tortura, entre otros delitos.

Junto a Ríos fueron acusados Roberto Cruz Altamirano y Nelly Roque Ordóñez, dirigentes del Movimiento 19 de Abril, y el estudiante Dilon Zeledón Ramos, quienes además tienen otras causas abiertas en su contra. En la lista de acusados también aparecen Sadie Tamara Rivas Siles, de 19 años; Eddie Soza Vásquez, de 25 años; Melisa Tórrez Cardoza, miembros del M19; María de los Ángeles López, de 32 años, quien, presuntamente, prestó su vivienda para un puesto médico improvisado; Arnulfo Lagos Sandoval, de 54 años, concejal por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en Matagalpa y participó en las marchas; Marvin Ruiz y Arlen Josué López. Estas últimas siete personas no han sido detenidas. La audiencia inicial fue programada para el próximo 23 de agosto.

EL EQUIPO DE TRABAJO:

Jefa de Información Digital

Dora Luz Romero

Periodistas

Isela Baltodano, Martha Vásquez

Roberto Mora, Luis E. Martínez, Mynor García

Melvin Rodríguez, Lucía Vargas, Saúl Martínez, José Garth