40 interventores auditan y supervisan procedimientos de la Junta Directiva y tres divisiones del Instituto Tecnológico Nacional.

Parte de los trabajadores de estas áreas están fuera de sus oficinas, mientras otras laboran bajo supervisión constante.

Agosto y septiembre han sido meses alentadores para los productores del país, gracias a la mejora en el comportamiento del clima y la cantidad de lluvia que ha caído en ambos meses.

Enfrentamientos ocurridos en comunidades remotas de la microregión de Ayapal, en Jinotega, en la última semana habrían provocado entre 6 y 12 muertos del Ejército y de grupos armados que operan en ese sector, según confiaron fuentes extraoficiales a LA PRENSA.

El monto de las exportaciones de carne de bovino nicaragüense, en el marco del pilar comercial del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, seguirá siendo cero al menos por los próximos tres años.

Analistas políticos coinciden en que la encuesta de la firma mexicana Consulta Mitofsky, en la cual se sitúa al presidente inconstitucional Daniel Ortega con un nivel “alto” de aceptación entre la población nicaragüense, “muestra la realidad”, pero exhortan a “ver las pistas que delatan la verdad”.

Desde hace tres semanas dio inicio el censo chino y medición en varias comunidades ubicadas al sur del aeropuerto La Paloma de Moyogalpa en la isla de Ometepe, Rivas, lo que tiene preocupados a los pobladores que ya comenzaron a clamar que no están dispuestos a salir de sus tierras.

En el segundo día de juicio en el que son acusadas 12 personas de cometer la masacre del pasado 19 de julio contra seguidores del Frente Sandinista, los abogados defensores siguen cuestionando a algunos de los testigos presentados por la Fiscalía.

“Aquí es prohibido estar tomando fotos. ¡Váyanse! Aquí no se está haciendo nada”, dijo bruscamente uno de los interventores del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), quien intentó arrebatar la cámara, grabadora y teléfonos al equipo de LA PRENSA que buscaba información sobre el despido de 122 trabajadores de Infraestructura Escolar y Adquisiciones del Ministerio de Educación (Mined).

Como una nueva ilegalidad y violación a derechos constitucionales calificaron ayer las defensas de los 12 procesados por el caso de la masacre del 19 de julio, el hecho que el juez Edgar Altamirano les quitó el derecho a los nueve acusados de asesinato, de ser juzgados por un tribunal de jurado como manda la ley.