La extradición es un procedimiento legal, por medio del cual las autoridades de un Estado entregan a otro una persona a la que reclama para que la pueda enjuiciar penalmente o hacerla cumplir una sentencia ya dictada. La extradición es acordada y regulada mediante tratados o convenios entre dos o varios Estados, que obligan a las partes.
Algunos Estados solo permiten la extradición de personas extranjeras o de otros países, no de sus nacionales. Tal es el caso de Nicaragua, donde la extradición de nacionales nicaragüenses a otros países está prohibida constitucionalmente.
Es por eso que abogados independientes de Nicaragua se mostraron muy sorprendidos por la información de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo extraditó a Estados Unidos (EE. UU.) al nicaragüense Douglas José Centeno Vargas, quien es acusado de asesinato por las autoridades estadounidenses.
Aunque haya evidencias de que una persona nicaragüense es culpable de los delitos por los que se le acusa en otros países, o ya ha sido condenado, por ley constitucional los nacionales no deben ser entregados, sino juzgados en Nicaragua.
La prohibición constitucional de la extradición de personas nicaragüenses no es de ahora. Es un principio de derecho constitucional en Nicaragua que viene desde hace mucho tiempo. Ya la Constitución de 1974, que fue abolida por la Revolución Sandinista en 1979, establecía en su artículo 54 que “El Estado no podrá entregar a sus nacionales, pero si se solicitare la extradición, deberá juzgarlos por el delito común cometido”.
Ese precepto constitucional se mantuvo en la Constitución sandinista de 1986, lo mismo que en la Constitución reformada democráticamente en 1994, y sigue vigente hasta ahora. A pesar de todas las reformas y deformaciones constitucionales hechas por la dictadura de Ortega y Murillo, no ha cambiado el mandato de la actual Constitución Política de Nicaragua establecido taxativamente en su artículo 39: “En Nicaragua no existe extradición por delitos políticos o comunes conexos con ellos, según calificación nicaragüense. La extradición por delitos comunes está regulada por la ley y los tratados internacionales. Las y los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional”.
Tan rigurosa ha sido la dictadura de Nicaragua en la aplicación de ese precepto constitucional, que en julio del presente año rompió relaciones diplomáticas con Italia, porque el canciller de ese país criticó que para negar su extradición se hubiera otorgado la nacionalidad nicaragüense a un antiguo terrorista italiano condenado a seis cadenas perpetuas por el secuestro y asesinato del primer ministro de ese país europeo, Aldo Moro, y cinco personas más que eran sus escoltas.
Sin embargo, ahora, apenas cuatro meses después, el régimen de Ortega y Murillo reniega de esa obligación constitucional por atender obsequiosamente la solicitud estadounidense de extradición del ciudadano nicaragüense antes mencionado, que debía ser juzgado en Nicaragua y no entregado al otro país.
Abogados y doctores en Derecho nicaragüenses dicen que el régimen de Ortega y Murillo tiene una doble moral y aplica un doble rasero, se burla del derecho y tuerce según su capricho el orden constitucional. Por supuesto que las críticas son en privado, porque en Nicaragua no hay libertad de expresión y las personas que manifiestan opiniones críticas son duramente reprimidas.
Por su parte, analistas políticos opositores opinan que este caso de extradición inconstitucional de un nicaragüense es una señal del régimen a EE. UU. de que está dispuesto a servirle en determinados asuntos, como la lucha contra la criminalidad común y acciones contra la inmigración, a cambio de que respete la integridad del régimen político nicaragüense, o sea de la dictadura totalitaria.
Es muy probable que así sea. La verdad es que con tal de mantenerse en el poder los codictadores de Nicaragua son capaces de cualquier cosa. Hasta de lo peor, como ya lo han demostrado muchas veces, incluso de manera sangrienta.