Nicaragua: de la ilegitimidad y la usurpación del poder a la restitución de la soberanía popular y legitimidad democrática

La crisis nicaragüense plantea un desafío que trasciende la ilegitimidad de un gobierno y compromete los fundamentos mismos del orden democrático y constitucional. La concentración del poder, la desarticulación de los contrapesos institucionales, la supresión de las libertades fundamentales, del pluralismo político y de unas auténticas elecciones junto al exterminio de la oposición a lo interno del país, han configurado un escenario de ruptura progresiva de los principios que sustentan un Estado democrático de derecho y de instrumentalización de las normas para garantizar la continuidad de un proyecto de dominación política y familiar.

Para comprender el alcance de esta crisis —desde una perspectiva jurídico-constitucional— es necesario partir del análisis de tres dimensiones interrelacionadas: la ilegitimidad de origen, la ilegitimidad en el ejercicio del poder y la ilegalidad de la extensión temporal del mandado, a través de unas reformas constitucionales ilegítimas e ilegales. Esta secuencia permite comprender no solo la naturaleza de la ruptura institucional democrática y constitucional del poder, sino también las consecuencias jurídicas y políticas de la continuidad del poder mediante su usurpación.

La ilegitimidad de origen, deriva de la ausencia de condiciones democráticas que garanticen la libre expresión de la soberanía popular, la competencia política, el pluralismo y la autenticidad del sufragio. La resolución AG/RES. 2978 (LI-O/21), aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 12 de noviembre de 2021, declaró que las elecciones del 7 de noviembre carecían de legitimidad democrática, constituyendo un antecedente institucional fundamental y relevante para este análisis.

A esta ilegitimidad de origen se suma la ilegitimidad en el ejercicio del poder. Como es sabido, el poder democrático no se agota en su acceso formal a las instituciones: exige su ejercicio conforme a los límites constitucionales, la separación de poderes, la independencia judicial, el respeto a los derechos humanos y la garantía de participación política. Cuando el poder no tiene límites la concentración de atribuciones, la subordinación de los poderes públicos, la eliminación de espacios de competencia política y la persecución de la disidencia se convierten en instrumentos de control político y social para garantizar su perpetuación, destruyendo los fundamentos del Estado constitucional de derecho.

La tercera dimensión corresponde a la ilegalidad de la extensión temporal del mandato al margen de la voluntad ciudadana. La duración de los períodos constitucionales constituye una garantía frente a la perpetuación del poder. Por ello, cualquier reforma que modifique su duración, altere las reglas de sucesión o pretenda extender mandatos vigentes debe someterse a un análisis riguroso de constitucionalidad, especialmente cuando se realiza sin garantías de legalidad, legitimidad democrática y participación ciudadana efectiva.

El análisis debe partir del artículo 123 de la Constitución reformada en febrero de 2025, que establece que los Copresidentes ejercen sus funciones durante seis años, contados desde la toma de posesión. Sin embargo, la Ley No. 1234, en su artículo decimocuarto, dispuso expresamente: “El período de las autoridades electas por el voto popular en las últimas Elecciones Generales, Municipales y Regionales deberá ampliarse para cumplir con el período de 6años que establece la Constitución Política de la República de Nicaragua”. Esta disposición introduce una cuestión constitucional de especial relevancia: la validez y los efectos de la extensión del mandato de las autoridades que ya se encontraban en ejercicio “ilegítimo” desde el 2021, circunstancia a la que habría que agregar el hecho que Daniel Ortega y Rosario Murillo a partir de estas reformas usurpan las funciones correspondientes a la «Copresidencia», un cargo creado ex post facto, y para el cual no han sido electos por el voto popular.

No obstante, la gravedad del problema trasciende la ausencia de legitimidad electoral, ya que, desde una perspectiva estrictamente constitucional, la Asamblea Nacional no tiene competencia para realizar estas transformaciones estructurales del sistema político; estos cambios únicamente pueden ser realizados por una Asamblea Constituyente convocada por el pueblo, es aquí donde adquieren especial relevancia las doctrinas de la inconstitucionalidad de origen y de la inexistencia jurídica.

En esta discusión también debemos incluir las iniciativas de reforma parcial aprobada en primera legislatura el 1 de septiembre de 2026 (publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 163, del 2 de septiembre), que en los artículos tercero, sexto y séptimo propone ampliar a siete años los períodos de los cargos de elección popular y para los de elección por la Asamblea Nacional; modificar la fecha de toma de posesión presidencial al 18 de enero, y extender a siete años los períodos de las autoridades actualmente en funciones. Y la reforma de octubre del 2026 a través de la cual se reforma el artículo 126 que prevé el cambio de la figura de los vicepresidentes por el de “designados presidenciales” nombrados directamente por los copresidentes.

La entrada en vigencia de estas últimas reformas está sujeta a su aprobación en segunda legislatura. Por tanto, no corresponde atribuirle efectos jurídicos alguno mientras no se dé el cumplimiento de ese requisito constitucional. Aunque desde ya podemos afirmar que estas reformas al igual que la reformas del 2025 son ilegales e ilegitimas, al ser aprobadas por una Asamblea Nacional que carece de competencia para transformar la estructura esencial del Estado mediante el procedimiento ordinario de reforma parcial constitucional. Son reformas non natas, inexistentes jurídicamente, porque provienen de un órgano que excedió las competencias que la Constitución le otorgaba.

En consecuencia, el 10 de enero de 2027, se cumple el periodo del mandato ilegitimo de Daniel Ortega y Rosario Murillo iniciado en enero de 2022, el cual tuvo como origen las elecciones ilegitimas realizadas en noviembre del 2021. La no realización de elecciones en noviembre de 2026 y el vencimiento del período original de cinco años, rompe el vínculo entre la ciudadanía y el poder dando lugar a la ausencia de una habilitación jurídica válida y legitima para continuar en ejerciendo las funciones públicas, de tal forma que a partir del 11 de enero del 2027 la permanencia de Ortega y Murillo y las demás autoridades «elegidas» en los últimos comicios generales, municipales y regionales y las autoridades nombradas por la Asamblea Nacional y la Copresidencia ocasiona una ruptura del orden constitucional, con usurpación del poder y la continuidad de facto de las instituciones.

La respuesta a esta ruptura constitucional y democrática, no puede limitarse a identificar y declarar Daniel Ortega y Rosario Murillo como usurpadores del poder, sino que debe construirse una salida que restituya el orden constitucional y devuelva a los nicaragüenses la decisión sobre quien ejerce el poder. Esto exige una transición con garantías, recuperación de las libertades públicas, restitución de los derechos políticos, restablecimiento del pluralismo y reconstrucción de la independencia de las instituciones.

La transición no puede convertirse en una nueva imposición ni en una sucesión pactada al margen de la soberanía popular. Debe sustentarse en reglas verificables, libertad de organización y expresión, participación de todas las fuerzas democráticas y garantías efectivas para el ejercicio de los derechos fundamentales. En este proceso, la comunidad internacional y, particularmente, la OEA tienen una responsabilidad relevante en el acompañamiento y búsqueda de una solución democrática y la recuperación de los derechos y libertades fundamentales de los nicaragüenses, que den lugar a la restitución de la legitimidad democrática mediante la libre expresión de la voluntad ciudadana en unas elecciones libres, competitivas, inclusivas y transparentes con una autoridad electoral independiente y observación internacional efectiva mediante las cuales el pueblo nicaragüense recupere el ejercicio efectivo de su soberanía.

Nicaragua no necesita otra estructura de poder que sustituya a la existente sin transformar sus fundamentos. Necesita restablecer el orden constitucional, restablecer el Estado de derecho, recuperar la independencia de las instituciones y restituir el principio esencial de toda democracia: la soberanía popular. La legitimidad democrática no se hereda, no se impone ni se fabrica mediante reformas constitucionales; se obtiene a través del voto libre, universal y secreto de los ciudadanos que tienen derecho a elegir a sus gobernantes y decidir el futuro de Nicaragua.

La autora es doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá (España) y jurista y académica nicaragüense forzada al exilio.

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