Los nicaragüenses opositores en el exilio están haciendo gestiones políticas ante el Gobierno de España para que no invite a la dictadura de Nicaragua a la próxima Cumbre Iberoamericana.
La «Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno», como es denominada oficialmente, se realizará los días 4 y 5 de noviembre próximo en Madrid, España. Como país sede y encargado de la Secretaría Pro Tempore de la Cumbre, le corresponde a España organizarla y girar las invitaciones oficiales a los países que participarán.
Todos los 22 países iberoamericanos —que son los 19 de América Latina más los europeos España, Portugal y Andorra— tienen derecho a participar en la Cumbre. Esta fue instituida en 1991 en la ciudad mexicana de Guadalajara, y en su declaración oficial estableció como sus principios básicos la democracia, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Pero aquella declaración fue más bien retórica, no un compromiso real de la Cumbre Iberoamericana de velar por el cumplimiento de los principios de la libertad, la democracia y los derechos humanos. La idea principal fue y ha sido siempre la de que todos los Estados iberoamericanos deben participar en la Cumbre, independientemente del tipo de gobierno que tengan y sin estar obligados a respetar tales principios.
Por coherencia política y moral, todos los gobernantes que participan en la Cumbre Iberoamericana deberían ser democráticos, respetar las libertades fundamentales y no violar los derechos humanos. Pero no lo fueron cuando fue creada la Cumbre, ni lo son ahora.
En realidad, la Cumbre Iberoamericana es más inclusiva que principista, de manera que elude exigir el respeto a la democracia, la libertad y los derechos humanos, porque si lo exigiera algunos gobernantes quedarían automáticamente excluidos.
La Cumbre Iberoamericana se centra en temas que supuestamente unen a todos los Estados y gobiernos, en vez de dividirlos con cuestiones de valores democráticos y derechos humanos. De manera que no es casual que el lema de la próxima Cumbre en Madrid sea el grandilocuente: “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”.
Por eso es que Cuba, donde impera desde 1959 una criminal tiranía comunista y totalitaria, un país en el que desde entonces no hay libertad, ni democracia, ni respeto a los derechos humanos, sin embargo, es miembro muy apreciado de dicha comunidad iberoamericana.
No fue por casualidad que en la IX Cumbre Iberoamericana que se realizó en noviembre de 1999 en La Habana, Cuba, los 21 gobernantes que participaron exigieron unánimemente a Estados Unidos que pusiera fin a la Ley Helm Burton (“Ley de la Libertad y Solidaridad Democrática Cubana”), que sancionaba —y sanciona— a la dictadura comunista por sus atrocidades contra el pueblo cubano y sus violaciones al derecho internacional. A cambio ni siquiera se atrevieron a pedirle a Fidel Castro, que fue el gran animador de aquella Cumbre, que respetara la libertad, la democracia y los derechos humanos de los cubanos. Más bien se solidarizaron con la dictadura comunista cubana invocando el derecho a la soberanía y la autodeterminación nacional.
Pero los tiempos han cambiado. La mayoría de los países iberoamericanos que son parte de la OEA han aprobado un plan para el regreso de la democracia a Nicaragua. El gobierno español no debería ignorarlo, sino apoyarlo.
España incluso ha sido víctima de los vejámenes de la dictadura de Nicaragua, que en enero de este año expulsó al embajador español en Managua, sin dar explicaciones, pero al parecer molesto porque España ha sido solidaria con los exiliados políticos nicaragüenses y ha apoyado las sanciones de la Unión Europea a la dictadura de Ortega y Murillo.
De manera que, por lógica política y coherencia moral, España debería atender la demanda de la oposición nicaragüense y abstenerse de invitar a la dictadura de Nicaragua a participar en la XXX Cumbre Iberoamericana.
