La resolución sobre Nicaragua que la 81 Reunión Extraordinaria de Consulta de la OEA aprobó el 2 de octubre por unanimidad demanda en el punto número 7 “Establecer las condiciones para la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas, entre otras cosas, mediante el restablecimiento de los derechos políticos, una administración electoral independiente y una observación electoral internacional creíble”.
Esto es algo tan básico en el sistema democrático de las Américas que ningún gobierno de la OEA se opuso a la resolución, ni la objetó de ninguna manera. Ni siquiera los de izquierda de Brasil, México y Uruguay, que siempre alegan que no se debe intervenir en los asuntos internos de Nicaragua.
Sin duda que la realización de elecciones en los términos que demanda la resolución de la OEA sería el punto de partida indispensable para resolver la crisis política de Nicaragua. Sin embargo, Ortega y Murillo no aceptan ningún cambio propuesto o sugerido por la comunidad democrática de las Américas. Ellos rechazan cualquier cosa que pudiera significar el principio del fin de la dictadura absolutista que han impuesto y la pretenden hereditaria, familiar, dinástica y para siempre.
Daniel Ortega dijo en su exabrupto del 19 de julio pasado que “en Nicaragua nunca más habrá elecciones” para que la oposición tenga la oportunidad de tomar el poder. Lo que encendió las alarmas de la comunidad democrática internacional y motivó la reunión extraordinaria de la OEA y el plan de emergencia para restablecer la democracia en Nicaragua.
A fin de tratar de convencer a Ortega y Murillo de que deben realizar elecciones auténticas en Nicaragua la OEA dispuso crear una comisión especial de buenos oficios, si fuese posible interministerial pero integrada de manera voluntaria. Se conoce que, para darle más peso a tal comisión, EE. UU. formará parte de ella, aunque no en el nivel del secretario de Estado.
Según la resolución de la OEA la comisión tratará de llegar a Managua para hablar directamente con Ortega y Murillo, explicarles el plan para la democratización de Nicaragua y tratar de convencerlos de que lo acepten. Pero conociendo a Ortega y Murillo se puede asegurar que eso será poco menos que misión imposible.
¿Qué hará entonces la OEA ante el previsible rechazo de los codictadores a la propuesta de realizar elecciones libres y auténticas? En ese caso, la 81 reunión extraordinaria de consulta —que permanecerá abierta— sería convocada a sesionar en diciembre para hacer un balance de la situación y decidir las siguientes acciones.
¿Qué clase de acciones? Presumiblemente diplomáticas y políticas, económicas y comerciales, ya que el uso colectivo de la fuerza fue excluido de la resolución del 2 de octubre. Lo que, sin embargo, no dejó atadas las manos de algún gobierno que ante la intransigencia de la dictadura de Ortega y Murillo decidiera ejecutar acciones de fuerza unilaterales.
Por de pronto, este martes 13 de otubre el Gobierno de EE. UU. anunció que ha llamado a consultas a su encargado de negocios en Managua, Elias Baumann. La razón, según EE. UU., es que el régimen de Managua al rechazar a la embajadora Natasha Franceschi ha demostrado «total falta de voluntad para entablar un diálogo diplomático productivo».
En realidad, Ortega y su mujer no son gente de diálogo, ni pertenecen a la clase de dictadores que ceden fácilmente, ni siquiera ante un rival tan poderoso como EE. UU. Como regla general ellos solo ceden cuando son obligados mediante la fuerza. Y al parecer por ese rumbo podría ir finalmente la búsqueda de una solución de la crisis política de Nicaragua.
