El Diario LA PRENSA informó este lunes 12 de octubre que un buque petrolero “con supuesta bandera de Nicaragua” fue atacado el día anterior con un dron frente a las costas de Omán, muy cerca del Estrecho de Ormuz en el Golfo Pérsico.
El buque no es nicaragüense, pero enarbolaba falsamente la bandera nacional de Nicaragua para encubrir sus actividades ilícitas de eludir las sanciones internacionales al transporte del petróleo de Irán.
El dirigente político democrático de Nicaragua en el exilio, Juan Sebastián Chamorro García, comentó que no es la primera vez que sale a luz que embarcaciones piratas son descubiertas navegando con bandera nicaragüense.
En el mes de julio pasado, un viejo barco petrolero denominado Al Jafzia encalló frente a las costas de India. Las autoridades de ese país revelaron que el mencionado buque navegaba bajo bandera de Nicaragua y era “parte de la denominada flota fantasma, una red internacional utilizada para transportar petróleo iraní y ruso burlando las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea”.
En esa ocasión Chamorro García declaró que el hallazgo del barco abandonado frente a las costas de India “permitió identificar por primera vez la presencia de Nicaragua dentro del sistema de embarcaciones utilizado para esquivar las sanciones internacionales”.
Según el líder político nicaragüense en el exilio, al uso indebido de la bandera de Nicaragua por barcos que se dedican a actividades ilícitas “es autorizado por el régimen de Daniel Ortega”. Pero no paga consecuencias por eso.
En realidad, los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo han construido en Nicaragua un Estado forajido que levanta diversas banderas falsas y comete delitos de distinta clase y magnitud, incluyendo crímenes de lesa humanidad. Lo cual ha sido documentado por los organismos de derechos humanos y denunciado en todos los escenarios internacionales importantes, incluyendo la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Pero solo se denuncian, sin que hasta ahora ningún Estado o grupo de Estados haya asumido la responsabilidad jurídica, política y moral de acusar a los dictadores de Nicaragua ante la justicia internacional.
Tal vez ahora que la Organización de Estados Americanos (OEA) se ha constituido en el alto nivel de una reunión extraordinaria de consulta de sus cancilleres para llamar a cuentas a la dictadura forajida de Nicaragua se decide comenzar a hacer justicia internacional al pueblo nicaragüense.
Sin duda que facilitar la bandera de Nicaragua para encubrir actividades marítimas delictivas es un crimen internacional. Pero de pequeña monta comparado con los grandes crímenes que la dictadura ha cometido y sigue cometiendo contra el derecho internacional.
Mientras tanto la población nicaragüense se encuentra indefensa, sometida a un régimen de terror, sin derechos ni organizaciones políticas, sociales e inclusive religiosas que puedan defenderlo.
El fin de semana pasado, el ex secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo en un foro mundial sobre la libertad realizado en la República Checa, que “Nicaragua no tiene un indictment (acusación) para Daniel Ortega, a pesar de todas sus violaciones a los derechos humanos; ni para Rosario Murillo ni para las autoridades del régimen. Eso es absolutamente imprescindible y basados en los informes a estas alturas deberíamos tenerlo y no siempre esperar por las acciones de Estados Unidos”.
Tarde lo dice Almagro. Pero no tanto como para que no se pueda comenzar a procurar la justicia internacional que de manera apremiante necesita Nicaragua.
