La resolución aprobada por la Organización de los Estados Americanos sobre Nicaragua abrió una nueva etapa de presión internacional. Pero precisamente por la importancia de este momento, debemos ser cuidadosos con las expectativas que generamos.
No necesitamos 90 días para saber qué queremos. Necesitamos 90 días para comprobar qué está dispuesto a hacer el régimen y qué está dispuesta a hacer la comunidad internacional.
Los 90 días deben entenderse como una prueba. Una prueba para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero también para la comunidad internacional y para quienes desde la oposición seguimos trabajando por recuperar la democracia en Nicaragua.
La resolución establece un mecanismo de seguimiento que puede permitir nuevas acciones diplomáticas y jurídicas. Eso es importante. Pero una resolución, por sí sola, no cambia la realidad dentro de Nicaragua. Por eso, estos 90 días deben medirse por hechos, no por declaraciones.
¿Se liberan los presos políticos? ¿Se restituyen las nacionalidades? ¿Se permite el retorno seguro de los nicaragüenses desterrados? ¿Se detiene la persecución contra la Iglesia, los medios y la sociedad civil? ¿Se recuperan las libertades fundamentales? ¿Se crean condiciones para elecciones libres y transparentes?
Esas son las preguntas que debemos hacernos. No se trata de creerle al régimen. Se trata de verificarlo. También debemos reconocer que la OEA tiene limitaciones. Es una organización multilateral y política, y sus decisiones dependen de la voluntad de sus Estados miembros. Por eso, sería irresponsable presentar estos 90 días como una garantía de transición.
Pero también sería un error minimizar lo que representa este mecanismo. La resolución mantiene la situación de Nicaragua en la agenda hemisférica, establece un proceso de seguimiento y deja abierta la posibilidad de nuevas acciones. Su verdadero valor dependerá de que los Estados miembros estén dispuestos a sostener la presión si no existen avances.
Y ahí está una de las preguntas fundamentales: ¿qué ocurrirá si no hay resultados? Una estrategia de presión internacional solamente tiene sentido si existe disposición para avanzar hacia nuevas medidas cuando las anteriores no producen cambios. Si no hay cambios verificables, los 90 días no pueden terminar en una nueva espera. Deben marcar el paso hacia una presión internacional más firme.
La oposición también tiene una responsabilidad. No debemos anunciar fechas de salida ni prometer resultados que nadie puede garantizar. Nuestra obligación es decirle la verdad al pueblo nicaragüense. El cambio democrático no tiene una fecha que podamos anunciar. Tiene condiciones que debemos exigir.
Los próximos 90 días deben servir para presionar, documentar, coordinar y preparar la siguiente etapa. La oposición, la sociedad civil, las víctimas, las iglesias, los sectores empresariales y los nicaragüenses en el exilio deben tener voz en cualquier esfuerzo internacional que pretenda contribuir a una solución democrática. Pero los nicaragüenses y sus derechos deben seguir siendo el centro de este proceso.
La resolución de la OEA no es el final del camino. Es una herramienta. Y el valor de una herramienta depende de la voluntad y la capacidad de utilizarla.
Después de ocho años de crisis, represión, exilio y pérdida de libertades, no necesitamos que nos prometan una fecha. Necesitamos una estrategia. No necesitamos discursos que nos digan que el cambio está a la vuelta de la esquina. Necesitamos hechos. Y si al final de este proceso los hechos demuestran que no existe voluntad para avanzar hacia una solución democrática, la comunidad internacional debe estar preparada para actuar en consecuencia.
Porque los 90 días no deben servir para darle tiempo al régimen. Deben servir para demostrar, con hechos, si existe voluntad de cambiar. Los 90 días no son una promesa de cambio. Son una prueba para todos.
El autor es activista político nicaragüense, miembro de la Asamblea Nicaragüense por la Democracia y de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia.
